La división de las ramas del poder público se funda en la necesidad de evitar la concentración del poder estatal en una sola persona u órgano, proteger la libertad de los individuos y organizar el Estado mediante funciones diferenciadas. De acuerdo con la teoría clásica, el poder público se distribuye entre las ramas legislativa, ejecutiva y judicial.
Cada rama tiene funciones y competencias diferenciadas, pero todas trabajan bajo el principio de equilibrio y separación de poderes. Esta división no implica un aislamiento absoluto, pues también comprende mecanismos de colaboración, frenos, contrapesos, control mutuo y responsabilidad institucional.
Fundamento histórico y constitucional de la división del poder público
El principio de división de poderes constituyó un dogma para la mayoría de las Constituciones del siglo XIX y parte del XX, no sólo por el potencial legitimador que otorgaba dicho principio sino también porque constituía un referente normativo ineludible en la arquitectura de los Estados modernos.
Este principio en su acepción más conocida busca evitar la concentración del poder en una persona u órgano, muy característico de los Estados absolutistas en donde el soberano concentraba las funciones legislativa, ejecutiva y judicial.
Desde los primeros planteamientos con Aristóteles, pasando por Polibio, Cicerón, Bodino, Maquiavelo y Locke hasta la formulación realizada por su más popular difusor, Montesquieu, el principio de división de poderes ha sido considerado como un mecanismo constitucional para evitar no sólo la concentración de poder sino también como una fórmula para evitar el abuso del poder político sobre los individuos.
Posteriormente, con la experiencia de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y su Constitución Política de 1789 se enfatizó otro alcance: el de control y equilibrio de poderes, conocido como check and balance.
Uno de los factores que coadyuvaron a legitimar la división de poderes como un elemento fundamental en la nomenclatura de los Estados liberales lo constituyó el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 que establecía: “Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.
Así, a partir de esta prescripción el principio constitucional de la división de poderes pasó a convertirse en un dogma del constitucionalismo de tal fuerza que se ha afirmado que ningún poder constituyente verdaderamente democrático sería capaz de desconocerlo.
Qué significa la división de las ramas del poder público
La separación de poderes es un principio político y jurídico que divide el poder del Estado en tres ramas independientes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.
Esta división tiene un objetivo claro: evitar que una sola persona o grupo concentre demasiado poder y pueda abusar de él.
En síntesis, los ámbitos centrales del principio de división de poderes son evitar la concentración del poder; asegurar la existencia de tres poderes estatales; establecer la división de funciones; mantener el equilibrio de poderes; garantizar el control mutuo, y proteger al individuo frente al poder político.
Algunos autores han interpretado la división de poderes en su acepción original como la idea de que las distintas funciones estatales corresponden a conjuntos de órganos separados, independientes y equilibrados entre sí.
Otros, tomando en cuenta la aportación del check and balance del constitucionalismo estadounidense han señalado que el principio de separación de poderes se estructura alrededor de cuatro elementos: división tripartita del poder público; asignación de funciones distintas a cada una de estas tres ramas del Estado; creación de un sistema de frenos y contrapesos para que se limiten mutuamente, y colaboración armónica para que satisfagan adecuadamente sus funciones.
Otros le han sumado las siguientes funciones: establecer un balance de gobierno; exigir rendición de cuentas; promover la imparcialidad de la ley; promover el imperio de la ley; dictar leyes en beneficio común, y crear un gobierno eficiente.
La formulación de Montesquieu
Es un lugar común afirmar que el principio de la división de poderes tiene en Charles-Louise de Secondat, Baron de la Brede et de Montesquieu, su más reputado artífice con su obra Del Espíritu de las Leyes de 1748.
Los planteamientos del principio de división de poderes se encuentran en el libro undécimo, capítulo VI denominado “De la Constitución de Inglaterra”.
En cada Estado hay tres clases de poderes: “el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes, y el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil”.
En virtud del primero, el príncipe o jefe del Estado hace leyes transitorias o definitivas, o deroga las ya existentes.
Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía y recibe embajadas, establece la seguridad pública y precave las invasiones.
Por el tercero, castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares.
Se llama a este último poder judicial, y al otro poder ejecutivo o del Estado.
Como se observa, el principio de la división de poderes, en primer lugar, hace referencia a la existencia de tres ramas sustanciales -legislativa, ejecutiva y judicial- en el ejercicio del poder; es decir, crear derecho, administrar la comunidad política y resolver conflictos particulares atendiendo las reglas y principios jurídicos.
Cuando Montesquieu afirma que hay tres clases de poderes lo hace con la palabra pouvoirs mientras que cuando se refiere a cada uno en particular para distinguirlos se refiere con la palabra puissance; de tal suerte que cuando el autor de Del espíritu de las leyes se refiere a los poderes lo hace en el sentido de funciones.
La división de poderes y la protección de la libertad
La división de poderes responde también a otra finalidad: la protección de la libertad de los individuos.
Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente.
No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del legislativo y del poder ejecutivo.
Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador.
Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.
Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes; el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares.
En ese sentido, el principio de división de poderes implica una fragmentación de las instituciones, las funciones y las personas que sirven al Estado; pero también implica la autonomía funcional de cada una de ellas y sobre todo límites terminantes entre las tres ramas de poder estatal.
Separación, coordinación y frenos y contrapesos
El principio de división de poderes no exige que las ramas estatales carezcan de toda relación entre sí. La separación absoluta de los órganos y funciones no es la única forma de proteger la libertad.
La interpretación que sostiene una especialización tajante es rechazada por Eisenmann, para quien dicha especialización no significa en absoluto que una misma autoridad, individuo o cuerpo, no deba participar más que en una sola función, tener atribuciones más que de una sola clase, no deba ser miembro de dos órganos u órgano de dos funciones, y, consecuentemente, que los órganos de dos de las funciones o de las tres no deban tener ningún elemento común.
Según esta interpretación, simplemente no es adecuado que dos cualesquiera de las tres funciones estén íntegramente reunidas en las mismas manos.
Una postura similar es sostenida por Madison para quien Montesquieu no quería expresar una ausencia total de intervención parcial en los actos de otras ramas, o de control sobre ellas.
Su significado sólo puede ser éste: se han infringido los principios fundamentales de una Constitución libre cuando todo el poder de una rama es ejercida por las mismas manos que poseen todo el poder de otra rama.
De acuerdo con esta concepción, la separación de poderes se completa con la coordinación de las ramas estatales mediante mecanismos que permiten limitar, supervisar y equilibrar el ejercicio del poder.
Montesquieu plantea el equilibrio de las funciones de los poderes mediante un sistema de frenos y contrapesos; por ejemplo, al interior del Poder Legislativo, compuesto de dos cámaras, y entre el Legislativo y el Ejecutivo a través de las funciones de capacidad de veto y de control.
Las tres ramas del poder público
| Rama | Órgano principal | Función central |
|---|---|---|
| Legislativa | Congreso o Parlamento | Crear, modificar y derogar leyes; representar a la ciudadanía y controlar al Ejecutivo. |
| Ejecutiva | Presidente, Gobierno, gobernadores, alcaldes y gabinetes | Gobernar, ejecutar las leyes, administrar el Estado y dirigir las políticas públicas. |
| Judicial | Jueces y tribunales | Interpretar y aplicar las leyes, resolver conflictos y proteger los derechos. |
La rama legislativa
La rama legislativa está conformada, generalmente, por el Congreso o Parlamento.
Su propósito central es crear, modificar y derogar leyes.
También representa la voluntad del pueblo y controla y supervisa al poder ejecutivo.
Los legisladores son elegidos por la ciudadanía y trabajan para asegurar que las leyes reflejen las necesidades e intereses de la sociedad.
En Chile, este Poder del Estado lo ejerce el Congreso Nacional, integrado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional regula las atribuciones y funcionamiento del Parlamento, la discusión de los proyectos de ley, los vetos del Presidente de la República, y la tramitación de las acusaciones constitucionales contra diversas autoridades.
Funciones legislativas y control político
La rama legislativa participa en la formación de las leyes, representa a la ciudadanía y fiscaliza el ejercicio del poder ejecutivo.
El Congreso puede investigar y sancionar al Presidente mediante mecanismos de control político.
Cuando se aprueba una nueva ley de educación o salud, es el legislativo trabajando por el bien común.
La existencia de órganos legislativos plurales permite que distintas posiciones políticas intervengan en la discusión de las normas y que las decisiones públicas estén sometidas a deliberación.
La rama ejecutiva
El poder ejecutivo está encabezado por el Presidente, Primer Ministro o Gobierno, según el sistema político.
Sus funciones incluyen ejecutar y hacer cumplir las leyes, administrar el Estado, dirigir la política exterior y la seguridad.
Este poder debe responder ante el legislativo y actuar dentro del marco de las leyes establecidas.
En Colombia, la rama ejecutiva está liderada por el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes, así como por sus respectivos gabinetes.
Se encarga de gobernar y ejecutar las políticas públicas, administra recursos y lidera la gestión territorial y nacional.
El Poder Ejecutivo en Chile
El Presidente de la República de Chile encabeza este Poder.
Es un Ejecutivo “monista” en cuanto el Presidente desarrolla las funciones de Jefe de Estado y también las de Jefe de Gobierno.
Según la Constitución Política, la autoridad del Presidente de la República “se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.
Cada 21 de mayo, ante el Congreso Nacional, el Presidente en ejercicio debe dar cuenta al país de la situación administrativa y política de la nación.
El Presidente de la República cuenta con un cúmulo de atribuciones tanto en materia de gobierno y administración, como en la labor legislativa, judicial y económica.
Atribuciones presidenciales
- Concurrir a la formación de las leyes.
- Proponerlas a través de los llamados Mensajes, sancionarlas y promulgarlas.
- Ejercer la potestad reglamentaria, es decir, la facultad de dictar normas para implementar las leyes.
- Convocar a plebiscitos.
- Nombrar y remover a los Ministros de Estado.
- Otorgar indultos.
- Cuidar de la recaudación de las rentas.
- Llevar adelante las relaciones internacionales del país, en concordancia con la política exterior del Gobierno.
- Nombrar a embajadores, ministros diplomáticos y a representantes ante organismos internacionales.
- Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia con arreglo a las leyes.
El indulto es un modo de extinción de la responsabilidad penal de acuerdo al artículo 93 del Código Penal.
Se le define como una “gracia por la cual se remite total o parcialmente un delito”.
Pueden ser generales, cuando alcanzan a personas indeterminadamente, o particulares, cuando se refieren a una o más personas determinadas.
Responsabilidad del Presidente de la República
El Presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente por la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados en ejercicio.
La acusación constitucional es un mecanismo jurídico-político contemplado en la Constitución para hacer efectiva la responsabilidad de altas autoridades.
En el caso del Presidente esta acusación debe fundarse en que la administración haya comprometido gravemente el honor y la seguridad de la nación, o infringido la Constitución o las leyes.
Esta acusación deberá ser resuelta por el Senado, que actúa como jurado.
La rama judicial
El poder judicial se encarga de interpretar las leyes y garantizar que se cumplan.
Está formado por los jueces y tribunales.
Sus tareas son resolver conflictos entre ciudadanos o entre ciudadanos y el Estado, garantizar los derechos y libertades individuales, y controlar que los otros poderes respeten la Constitución.
Este poder debe ser totalmente independiente para tomar decisiones justas y objetivas.
En Chile, este Poder del Estado tiene como misión esencial administrar justicia.
Los integrantes del Poder Judicial deben establecer la correcta y justa aplicación del derecho vigente para cada caso que conocen y fallan, enmarcado dentro del ordenamiento jurídico vigente y según su competencia.
Competencia judicial y límites frente a otros poderes
En el Capítulo VI de la Constitución chilena, el artículo 76 dispone que al Poder Judicial le corresponde la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.
Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.
El Poder Judicial tiene también la facultad de hacer ejecutar lo juzgado, conocida como facultad de imperio.
Esto implica que la judicatura puede impartir órdenes directas a la fuerza pública, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones de Chile, para efectos de cumplir una resolución judicial en caso de incumplimiento.
Cuando una ley injusta es anulada por un tribunal, es el poder judicial protegiendo tus derechos.
Organización judicial en Chile
Dentro de la estructura del Poder Judicial, la Corte Suprema es el más alto tribunal existente en el país.
Es un órgano colegiado integrado por 21 ministros.
Su jurisdicción abarca todo el territorio nacional.
Le corresponde la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, salvo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los Tribunales Electorales Regionales y los tribunales militares en tiempos de guerra.
Jerárquicamente, por debajo de la Corte Suprema se encuentran las 17 Cortes de Apelaciones, que se distribuyen a lo largo del territorio nacional.
Dependiendo de la Corte de Apelaciones respectiva se ubican los juzgados y tribunales.
Hay juzgados civiles, juzgados de letras del trabajo, juzgados de familia y juzgados de cobranza laboral y previsional.
En materia penal, existen los Tribunales Orales en lo Penal y los Juzgados de Garantía.
En Colombia, la rama judicial está conformada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, y otras instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la jurisdicción especial indígena, y la jurisdicción especial de paz, entre otras.
Principios constitucionales del Poder Judicial
Las bases constitucionales del Poder Judicial están dadas por los principios de imparcialidad, independencia, legalidad, inamovilidad, inexcusabilidad y responsabilidad.
Imparcialidad
Los jueces son terceros ajenos al conflicto promovido por las partes, es decir, no tienen intereses concretos en los casos que deben conocer.
Independencia
La independencia en su faz externa significa que el Poder Judicial es independiente de los otros poderes del Estado para el cumplimiento de sus funciones.
La independencia en su faz interna quiere decir que ningún juez puede dar órdenes a otro, pues cada juez es independiente para decidir los casos dentro de su competencia.
Excepcionalmente los tribunales superiores tienen atribuciones disciplinarias ante graves faltas o abusos.
Legalidad
Los tribunales deben estar establecidos por ley, al igual que las causas que tramitan y fallan.
Del mismo modo, los tribunales deben decidir conforme al derecho vigente, integrado por la Constitución, los tratados internacionales, las leyes ordinarias y otras normas.
Inamovilidad
Los jueces permanecen en sus cargos aunque no de manera absoluta, permitiendo que los tribunales actúen libres de presiones y puedan actuar con imparcialidad.
Inexcusabilidad
Los jueces deben resolver siempre los asuntos de su competencia, sometidos a su consideración a pesar de que no exista una ley que resuelva el conflicto concreto.
Responsabilidad
Los jueces responden por los actos que se ejecutan dentro de sus funciones como jueces.
Cómo se articulan las ramas del poder público
La interacción entre estas ramas no es rígida.
Existen mecanismos de control y colaboración mutua para garantizar un Estado funcional.
- El Congreso puede investigar y sancionar al Presidente mediante el control político.
- El Presidente sanciona leyes, pero la Corte Constitucional puede declararlas inválidas.
- El Poder Judicial requiere del Ejecutivo para aplicar sus fallos.
Estos mecanismos expresan que la separación de poderes no consiste en una incomunicación entre las ramas estatales, sino en una distribución del poder acompañada de controles recíprocos.
La separación de poderes evita abusos, protege los derechos de los ciudadanos y asegura el equilibrio en la toma de decisiones.
Además, fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, permite el control mutuo entre poderes mediante frenos y contrapesos, y fortalece el Estado de Derecho y la estabilidad democrática.
División de poderes. Breve introducción a la idea de frenos y contrapesos.
División de poderes y Estado contemporáneo
El principio de la división de poderes desde el siglo XVIII generó controversia debido a que sus intérpretes no coincidían en su significación.
El debate oscilaba desde la disputa por establecer si el principio se refería a una división de órganos o de funciones, la especialización funcional o separación funcional, hasta el sentido estricto, absoluto, limitado o parcial de la fórmula de división de poderes.
Este debate se puede sintetizar en la contraposición de una interpretación política y una interpretación jurídica.
No obstante, a pesar de toda esa discusión doctrinal sobre el principio de división de poderes se puede afirmar que éste todavía genera simpatía por parte de la mayoría de los estudiosos del constitucionalismo contemporáneo.
En su sentido teórico sin duda es incuestionable, pero en su sentido material requiere de una adaptación flexible debido a los cambios ocurridos en la sociedad y las transformaciones que ha experimentado el Estado contemporáneo, lo que hace inviable una aplicación tajante de dicho principio.
Nuevas estructuras y funciones estatales
Entre los cambios ocurridos se pueden mencionar:
- Aparición de estructuras multifuncionales.
- Se ha diluido la distinción entre ejecución administrativa y dirección política.
- El legislativo ha perdido el monopolio de la producción normativa.
- Han aparecido nuevos órganos constitucionales o poderes distintos de los tradicionales.
- La función de control se ha dispersado debido a que ya no se sustancia sólo en los tribunales o en el momento electoral sino que se ejerce de manera difusa a través de múltiples instancias.
- Han surgido nuevos órganos auxiliares técnicos de los poderes clásicos.
- Han cobrado mayor peso las funciones de coordinación entre los distintos poderes y niveles institucionales.
- Se ha producido la aparición y hegemonía de los partidos en los regímenes políticos.
- La mundialización del mercado ha generado centros de poder económico dentro de la sociedad y al margen del Estado que inciden en la toma de decisiones estatales.
Ante esos acontecimientos, los Estados han instituido una variedad de arreglos institucionales para evitar la concentración del poder político y garantizar la libertad de los individuos.
La complejidad del Estado contemporáneo ha favorecido la aparición de órganos constitucionales autónomos, autoridades administrativas independientes, agencias especializadas y otros centros institucionales de decisión y control.
Estos órganos no eliminan necesariamente la división clásica, pero muestran que el poder público actual no se organiza únicamente mediante tres ramas completamente cerradas.
Separación de poderes y democracia
La separación de poderes no solo es una estructura organizativa del Estado, sino una herramienta vital para la democracia.
Gracias a ella, ningún poder puede actuar sin límites.
Como ciudadanos, conocer este principio nos permite entender mejor cómo funciona nuestro país y exigir que se respeten nuestras libertades.
Una democracia sin separación de poderes es como una partida de ajedrez donde una sola persona mueve todas las piezas.
En los regímenes autoritarios, el poder suele estar concentrado en una sola persona o partido.
Si uno de los poderes se vuelve más fuerte, el equilibrio se rompe; por eso existen mecanismos legales para sancionar o corregir ese desbalance.
La división de las ramas del poder público se funda, por tanto, en la distribución de las funciones estatales, la independencia funcional, la coordinación institucional, el control recíproco, la rendición de cuentas y la protección efectiva de los derechos y libertades.
Regla para recordar las tres ramas
El acrónimo LEJOS ayuda a recordar las iniciales de los tres poderes del Estado y lo que hacen:
- L → Legislativo → Leyes: las crea.
- E → Ejecutivo → Ejecuta: las aplica.
- J → Judicial → Juzga: las interpreta.