Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y a poder formar sus propias opiniones sin miedo a la intimidación, la vigilancia o las represalias. Este derecho está estrechamente relacionado con el acceso a la información y con la posibilidad de expresar ideas sobre asuntos políticos, sociales y delicados.
El mundo digital permite que un número mucho mayor de personas tengamos acceso a la información que necesitamos, incluida aquélla que pone en entredicho a gobiernos y empresas. La información es poder, e Internet ofrece la posibilidad de empoderar de manera significativa a los 7.000 millones de personas que hay en el mundo.
El acceso desigual a la información
Pero, a menudo, la libertad de expresión depende aún de la riqueza, de los privilegios y del lugar que ocupamos en la sociedad. Rara vez son las personas ricas y poderosas las que se ven limitadas a la hora de expresar sus opiniones.
De manera similar, quien tiene un ordenador portátil con banda ancha dispone de un acceso a la información mucho mayor que quien se ve obligado a recorrer varios kilómetros hasta un cibercafé.
| Condición | Acceso a la información |
|---|---|
| Ordenador portátil con banda ancha | Acceso mucho mayor a la información |
| Recorrer varios kilómetros hasta un cibercafé | Acceso más limitado a la información |
Esta desigualdad condiciona la capacidad de las personas para conocer diferentes puntos de vista, cuestionar decisiones de gobiernos y empresas y participar en los debates públicos. La libertad de pensamiento no puede ejercerse plenamente cuando el acceso a la información depende de los recursos económicos o del lugar que una persona ocupa en la sociedad.
La vigilancia digital y la privacidad
Los gobiernos utilizan también peligrosas y sofisticadas tecnologías para leer el correo electrónico privado de activistas y periodistas, y encender por control remoto la cámara o el micrófono de sus ordenadores para grabar en secreto sus actividades.
Estas prácticas afectan directamente a la libertad de pensamiento y de expresión. Cuando una persona sabe que sus comunicaciones pueden ser leídas o que sus actividades pueden ser grabadas en secreto, puede dejar de buscar determinada información, de comunicarse con otras personas o de expresar opiniones críticas.
La vigilancia puede convertir el espacio digital en un lugar de temor. El problema no se limita a la invasión de la privacidad: también puede impedir que activistas y periodistas desarrollen su trabajo y que las personas participen libremente en conversaciones sobre temas políticos o delicados.
Intimidación y vigilancia de estudiantes en el extranjero
En un informe de Amnistía Internacional titulado China: "On my campus, I am afraid", se expone cómo las autoridades chinas ejercen intimidación, acoso y vigilancia sobre los estudiantes chinos y hongkoneses que estudian en el extranjero.
Estos estudiantes, especialmente en Europa y América del Norte, viven con miedo a ser objeto de represalias por expresar opiniones sobre temas políticos o delicados.
La posibilidad de sufrir represalias puede afectar tanto a las opiniones que una persona expresa públicamente como a las ideas que se atreve a considerar, debatir o compartir en privado. Así, la intimidación y el acoso no solo limitan la libertad de expresión, sino que también interfieren en la libertad de pensamiento.
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La autocensura y sus consecuencias
Esta represión transnacional no solo viola sus derechos humanos, sino que también crea un clima de autocensura, afectando profundamente su bienestar mental y emocional.
La autocensura aparece cuando las personas deciden callar, evitar ciertos temas o restringir sus comunicaciones por miedo a ser vigiladas, acosadas o castigadas. En estas circunstancias, el silencio no representa necesariamente la ausencia de opiniones, sino la consecuencia de un entorno en el que expresar pensamientos puede parecer peligroso.
La represión transnacional puede extender sus efectos más allá del territorio en el que actúan las autoridades. Los estudiantes que viven en el extranjero pueden seguir sintiéndose observados o amenazados, especialmente cuando creen que sus opiniones políticas pueden provocar represalias contra ellos.
Una libertad vinculada al poder y a la seguridad
La libertad de pensamiento requiere que las personas puedan acceder a la información que necesitan y formar sus propias opiniones sin que la riqueza, los privilegios, la vigilancia o la intimidación determinen qué pueden conocer y qué se atreven a expresar.
Internet ofrece la posibilidad de empoderar de manera significativa a los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, pero ese potencial solo puede beneficiar realmente a todas las personas cuando el acceso a la información no está condicionado por la desigualdad y cuando las comunicaciones privadas no se convierten en objeto de vigilancia.
Proteger la libertad de pensamiento implica, por tanto, prestar atención tanto a las barreras materiales de acceso a la información como a las presiones que llevan a las personas a callar. También exige reconocer que la intimidación, el acoso, la vigilancia y el miedo a las represalias pueden afectar profundamente al bienestar mental y emocional.