El conflicto entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y Sky en 1998 debe entenderse dentro de una etapa de transformación del fútbol chileno, marcada por la creciente importancia de los derechos de transmisión, la reorganización económica de los clubes y las disputas por el control de los ingresos generados por las competencias profesionales.
La ANFP controla ingresos sustanciales, principalmente de los derechos de televisión. Estos fondos son vitales para los clubes, cubriendo salarios y operaciones. La relación entre la organización del fútbol profesional y las empresas televisivas se convirtió así en uno de los principales focos de tensión dentro de la industria.
El papel de los derechos televisivos en el fútbol chileno
La televisión pasó a ocupar una posición central en la economía del fútbol profesional chileno. La transmisión de los partidos no solo permitió ampliar la audiencia, sino que también generó recursos indispensables para sostener las operaciones de los clubes, pagar remuneraciones y financiar la organización de los torneos.
En 2020, el Canal del Fútbol (TNT Sports) aportó unos 83 millones de dólares a la ANFP. En 2024, la ANFP distribuyó más de 80 mil millones de pesos chilenos a los clubes profesionales por estos derechos.
Turner señala que, pese a encontrarse en una delicada situación económica por culpa de la falta de contenido y el no pago de los cableoperadores, siguió depositando, sin falta, los $ 6.200 millones de la cuota mensual que se reparten los clubes de Primera División y Primera B.
| Elemento | Dato |
|---|---|
| Aporte del Canal del Fútbol a la ANFP en 2020 | unos 83 millones de dólares |
| Distribución de derechos televisivos en 2024 | más de 80 mil millones de pesos chilenos |
| Cuota mensual distribuida a clubes de Primera División y Primera B | $ 6.200 millones |
La disputa por la organización y transmisión de los torneos
La relación contractual entre la ANFP y las empresas encargadas de transmitir el fútbol profesional establecía obligaciones específicas sobre la organización de los campeonatos, la cantidad de partidos, la programación y la continuidad del producto televisivo.
Turner basa su postura en el contrato de licencia que ambas partes firmaron el 20 de diciembre de 2018. Según la señal, la ANFP se garantizó en el documento que todos los partidos del torneo se tienen que disputar, y que, si uno o más no se jugasen al término del campeonato, entonces el CDF está facultado y le corresponde perseguir una indemnización.
Además, también se comprometió a cumplir el mínimo de programación: 30 semanas de fútbol por, al menos, 10 meses, establecido en el Anexo II del acuerdo. Esto, con el fin de mantener el interés en el producto durante todo el año.
Las obligaciones contractuales invocadas por la empresa televisiva
Los abogados de la gigante norteamericana, encabezados por Felipe Bulnes, ex ministro de Educación y de Justicia, basan su posición en dos cláusulas que consideran trascendentales, además del Anexo II.
“Cláusula 4.5: Si por alguna razón, incluida, entre otras, una huelga de los jugadores de fútbol de los clubes que participan en el torneo correspondiente, no se juega uno o más partidos de un torneo relevante comprendido dentro de los Derechos de Transmisión, entonces la ANFP deberá entregar al CDF, dentro de los treinta (30) días siguientes a partir de la cancelación o suspensión de tal(es) partido(s), el nuevo cronograma de juego de los partidos relevantes (es decir, el mismo partido que se canceló o suspendió) y cualquier ajuste consecuente del calendario u organigrama del torneo que pueda ser requerido. Si, al final del torneo relevante, no se jugaron uno o más partidos, y tal circunstancia ocasionó pérdidas al CDF, entonces el CDF tendrán derecho a solicitar la indemnización por dichas Pérdidas según lo dispuesto en la Cláusula 12”.
“Cláusula 5.2.1: La ANFP garantiza al CDF el ejercicio pacífico y pleno de los Derechos de Transmisión. Para estos fines, la ANFP se compromete a organizar el Torneo de Fútbol Profesional de Chile y/o las Copas de Fútbol de Chile cada año durante el Período de la Licencia sujeto a los requisitos mínimos establecidos en el Anexo II. Para evitar dudas, la ANFP garantiza al CDF que se jugarán todos los partidos de cada torneo incluidos en los Derechos de Transmisión, sujeto a las disposiciones de los Estatutos y las bases de cada torneo”.
“Anexo II, Compromisos mínimos de programación: El formato del torneo de fútbol de la Primera División será definido por la ANFP en consulta con el CDF y teniendo en cuenta la necesidad de mantener el interés durante todo el año en un producto de suscripción. Para ese fin, el torneo incluirá un mínimo de 16 equipos y 30 semanas de partido durante al menos 10 meses, o un formato diferente acordado mutuamente por las partes. La ANFP también definirá los intervalos de tiempo específicos para los partidos en consulta con el CDF y teniendo en cuenta la programación y las necesidades operativas del canal, con un máximo de 2 partidos jugados simultáneamente a menos que sea necesario por razones competitivas”.
La crisis de los partidos no disputados
De esta forma, Turner sostiene que la discusión no es si la ANFP se vio afectada o no por estallido social y la pandemia. Para la cadena, el fondo del asunto es que la sede de Quilín se obligó, por contrato, a indemnizarlos, si por alguna razón no se jugaban todos los partidos de un torneo y esto le ocasionaba perjuicios económicos al CDF.
Asimismo, afirma que tampoco cumplió con el mínimo de programación en 2020, pues hubo casi seis meses sin fútbol, por lo que no se pudo llegar a los 10 meses de partidos, independientemente de la crisis sanitaria.
La disputa muestra que los desacuerdos entre la ANFP y sus socios televisivos no se limitan al valor de los contratos. También involucran la continuidad de las competencias, el cumplimiento de los calendarios, la cantidad de encuentros emitidos y la responsabilidad económica derivada de las suspensiones.
La demanda de Turner contra la ANFP
La ANFP se incendia por todos lados. Uno de los focos es la expulsión de Deportes Melipilla por dobles contratos. Otro es la multimillonaria demanda que Turner International Latin America (TILA), propietaria de TNT Sports, interpuso en su contra en la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), ante el árbitro Enrique Barros Bourie.
El conglomerado estadounidense reclama una indemnización de $ 44.750 millones, por los partidos que no se jugaron en 2019 y por los meses donde no hubo fútbol en 2020, hechos que le provocaron importantes perjuicios económicos al principal socio comercial de la entidad que preside Pablo Milad, que hoy sufre por los conflictos de escritorio en la industria.
Turner señala que, pese a encontrarse en una delicada situación económica por culpa de la falta de contenido y el no pago de los cableoperadores, siguió depositando, sin falta, los $ 6.200 millones de la cuota mensual que se reparten los clubes de Primera División y Primera B.
La posición de la ANFP
Hoy, la ANFP argumenta causa fortuita, es decir, sostiene que no es responsable de las pérdidas de su socio comercial por razones de fuerza mayor, como fueron el estallido social y la pandemia.
Además, Gabriel Zaliasnik, abogado que representa a la asociación, acusa al CDF de una serie de incumplimientos de contrato, por lo que exige una indemización de 28.100 millones de pesos.
Las principales faltas que reclama tienen que ver con las siguientes obligaciones:
- Cumplir con las condiciones mínimas de transmisión - Primera B;
- cumplir con las condiciones mínimas de transmisión-TV abierta;
- cumplir con la promoción y publicidad de los clubes;
- cumplir con el pago oportuno del precio del contrato en tiempo y forma;
- cumplir con las condiciones mínimas de transmisión contenidas en el Anexo I;
- cooperar con la ANFP en el desarrollo de los calendarios, organigramas y programación;
- no relacionarse directamente con clubes de fútbol ni con el sindicato de trabajadores, manteniendo comunicaciones directas y exclusivas con la ANFP;
- cumplir con todas las leyes aplicables a su negocio;
- no conceder a ningún tercero derechos más favorables u otros derechos o facultades distintas de aquellas otorgadas al CDF en virtud del contrato;
- indemnizar, mantener indemne y eximir de responsabilidad a la ANFP, de cada una de las pérdidas incurridas en virtud de cualquier incumplimiento del contrato, entre otras.
El intento de acuerdo durante la presidencia de Sebastián Moreno
En diciembre de 2019, cuando Sebastián Moreno encabezaba la ANFP, este estuvo a punto de llegar a un acuerdo de indemnización con el CDF.
El trato implicaba un descuento en la cuota mensual de los clubes, durante uno o dos años, a partir de 2022. Así, ambas partes superarían el primer conflicto de la relación.
Sin embargo, los clubes no estuvieron dispuestos y rechazaron la propuesta encaminada por Moreno.
Formaron la comisión CDF para negociar con la empresa de televisión. Esto provocó la molestia de Jorge Carey, presidente ejecutivo de Turner en Chile, quien le envió una dura carta a Moreno, el extimonel de Quilín.
Una vez que la comisión CDF tomó forma, se reunió varias veces con Turner para negociar. Así como la estación reclamaba incumplimiento de contrato por parte de la ANFP, el grupo de directivos hacía lo propio contra el canal.
Como nunca llegaron a un acuerdo, el conglomerado decidió llevar al ente rector del fútbol chileno a un arbitraje en la Cámara de Comercio de Santiago. Así se llegó a la situación actual.
La estructura económica y política de la ANFP
La disputa por los derechos de transmisión se relaciona con un problema más amplio: la forma en que se distribuye y administra el dinero generado por el fútbol profesional.
El modelo de distribución no premia el mérito deportivo equitativamente. La falta de transparencia de la ANFP en la publicación de sus estados financieros desde 2020 o 2021 es «sospechosa» y se vincula al deseo de preservar sus «cotos de poder».
Esta opacidad genera interrogantes sobre la gestión de fondos y conlleva una pérdida de credibilidad y confianza.
La actual estructura entrelazada, donde la ANFP controla la FFCh, genera un conflicto de interés sistémico, permitiendo que los intereses económicos de los clubes dicten la política del fútbol nacional.
La oposición de la ANFP a la separación no es una «injerencia» general, sino la pérdida de control directo sobre el ecosistema futbolístico más amplio, incluidos los ingresos de la selección nacional y los fondos de desarrollo, que actualmente son gestionados por una entidad supeditada a los clubes profesionales.
La reforma del modelo de sociedades deportivas
Luego de tres periodos consecutivos sin ir a un Mundial, el fútbol chileno podría enfrentar un cambio estructural.
La propuesta impulsada por el senador Matías Walker (Demócratas) introduce cambios profundos al modelo instaurado en el año 2005, que permitió el ingreso masivo de inversionistas privados a la propiedad de los clubes.
‘Chile es una anomalía a nivel mundial. Es la única federación que es 100% controlada por privados, sin rendición de cuentas, en total opacidad’, explica a este Diario Raimundo Lira, vocero de No Más ANFP.
La Ley N° 20.019, promulgada en 2005, transformó los clubes deportivos chilenos en Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP).
Sin embargo, el proyecto no se limita a la separación de la ANFP y la Federación. En segundo lugar, también apunta a erradicar la multipropiedad y los conflictos de interés que hoy permean la actividad.
En esa línea, la iniciativa establece prohibiciones estrictas para que una misma persona o sus relacionados tengan participación en la propiedad demás de un club profesional.
Desde No Más ANFP señalan que, de ser aprobado el proyecto por la Cámara de Diputados en tercer trámite, ‘tanto la Universidad de Chile como Huachipato tendrán que explicitar claramente quiénes son sus dueños.
La separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol
Un aspecto crucial de la reforma, respaldado por el senador Walker y el ministro del Deporte Jaime Pizarro, es la separación de la FFCh de la ANFP.
Actualmente, la FFCh está «absorta» en la ANFP, que responde al Consejo de Presidentes (clubes, SADP) priorizando sus propios intereses.
Esta separación permitiría a la FFCh enfocarse en el desarrollo integral del fútbol (amateur, femenino, juvenil) y acceder a recursos públicos, mientras la ANFP gestionaría exclusivamente las ligas profesionales.
La propuesta legislativa es una revisión integral para cerrar vacíos legales que han permitido prácticas opacas y comportamientos egoístas.
La resistencia de la ANFP se explica por la amenaza directa que estas definiciones representan para los arreglos y concentraciones de poder existentes.
La controversia por la «injerencia» de la FIFA y la Conmebol
La iniciativa ha provocado una enérgica respuesta de la FIFA y la Conmebol, quienes, en una carta a la ANFP, expresaron su «preocupación» por una posible «injerencia indebida» del Estado chileno en la organización y gobernanza de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).
El senador Walker ha afirmado que Milad «informó mal a la FIFA«, sugiriendo una representación deliberada de la situación.
La invocación del «fantasma de la FIFA» ha sido una estrategia recurrente en el fútbol chileno, como en 2012, sin que se materializaran las supuestas amenazas.
Los estatutos de la FIFA y la Conmebol enfatizan la independencia de sus federaciones miembro de la «injerencia indebida«.
Estos precedentes muestran que la FIFA actúa cuando un gobierno interviene directamente para remover o nombrar funcionarios, o dictar la estructura de liderazgo de una federación.
El senador Walker ha afirmado que «ninguna indicación de este proyecto constituye injerencia en los términos de sus estatutos; por el contrario, termina con los conflictos de interés, en los términos que el máximo organismo ha propiciado».
La ley se concentra en mejorar la transparencia y el buen gobierno, objetivos que se alinean con las metas declaradas de la FIFA.
El caso español, donde una separación similar entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga se implementó en 2023 sin objeciones de la FIFA, refuerza este argumento.
Existe una posible contradicción en la postura de la FIFA, que aboga por la buena gobernanza pero resiste esfuerzos legislativos nacionales que desafían las estructuras de poder existentes.
La dualidad de cargos de Pablo Milad
La dualidad de cargos de Pablo Milad, quien preside tanto la ANFP como la FFCh, es un punto central de la propuesta de ley, que busca evitar tales superposiciones.
La ANFP, bajo Pablo Milad, ha utilizado activamente las advertencias de la FIFA y la Conmebol como herramienta estratégica.
Milad «informó a la FIFA» sobre el proyecto y luego «justificó» la carta subsiguiente, insistiendo en que la legislación podría ser vista como «injerencia».
La argumentación de Milad, que sostiene que la ley interviene en «decisiones propias de una federación, que es una corporación privada sin fines de lucro» y limita a «personas idóneas» para presidir la FFCh, contrasta con la verdadera naturaleza del proyecto.
El senador Walker y otros promotores de la ley argumentan que la propuesta respeta los estatutos de la FIFA y sigue modelos internacionales exitosos.
La ley busca poner fin a los conflictos de interés, no dictar quién gobierna, sino cómo se ejerce la gobernanza para asegurar la probidad.
La afirmación de Milad de que la FFCh es una «corporación privada sin fines de lucro» implica que debería ser inmune a la supervisión legislativa.
La falta de voz de los clubes de Segunda División
Los clubes de la Segunda División del fútbol chileno han lanzado un desafío abierto contra la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, liderados por Pablo Milad.
A través de un comunicado firmado por los 14 equipos de la categoría, anuncian medidas severas en respuesta a lo que describen como una falta de apoyo económico sustancial y un trato desigual por parte de la entidad.
“En reiteradas ocasiones hemos solicitado apoyo de carácter financiero de parte de la ANFP. En la división da trabajo al menos a unas 100 personas. Además a más de 350 deportistas, representando casi un tercio de los profesionales en nuestro país”, parte el comunicado.
Esta disparidad ha llevado a varios clubes a descender, no por méritos deportivos, sino por complicaciones administrativas derivadas de la insostenibilidad financiera.
Además, los equipos de Segunda División destacan que no tienen derecho a voz ni voto en el Consejo de Presidentes de la ANFP ni en la aprobación de las bases de competencia, lo que consideran una forma de discriminación que contradice los principios de diversidad y no discriminación promovidos por la asociación.
Como medida drástica, los clubes han decidido tomar acciones legales contra la ANFP.
Para esto, han contratado al abogado Davor Harasic, con el objetivo de obtener los mismos derechos y obligaciones que el resto de los clubes asociados.
Esta decisión refleja una crisis profunda en la gestión del fútbol chileno, poniendo en evidencia las tensiones existentes entre la ANFP y los clubes que representan a una parte significativa de los futbolistas profesionales y trabajadores técnicos del país.
Los conflictos administrativos y disciplinarios
La ANFP se incendia por todos lados. Uno de los focos es la expulsión de Deportes Melipilla por dobles contratos.
El comunicado también menciona un incidente reciente que involucra los ingresos de un partido clave entre Melipilla y Concepción, que la ANFP adjudicó a su favor basándose en una interpretación controversial de los estatutos.
“Como antecedente, debemos informar que este años las pérdidas de la división superarán los $5 mil millones de pesos. Que hace unos días se hiciera público que la ANFP decidió quedarse con la recaudacción del partido más importante de nuestra categoría
Los conflictos administrativos profundizan la percepción de desigualdad entre las distintas categorías del fútbol profesional y refuerzan las críticas contra la concentración de las decisiones económicas y deportivas en la ANFP.
La seguridad en los estadios y la relación con los hinchas
Para el partido de hoy entre Colo Colo y Cobresal, se desplegarán 200 efectivos policiales en el estadio, y en total serán 300 en toda la región.
Todo este operativo para un cotejo que tiene apenas 600 entradas vendidas, es decir, cerca un tercio de los presentes en el estadio serán carabineros, eso sin considerar la guardia privada.
Ese es el nivel de represión que el gobierno y la ANFP quiere imponer a los hinchas de todos los equipos, cuestión que termina perjudicando a todos los asistentes y a los deportistas, como se vio en el partido de la Universidad de Chile frente a Curicó Unido, donde el gas lacrimógeno ingresó a la cancha, haciendo que las familias que asistían con niños tuvieran que retirarse, y obligó al árbitro a preguntar en reiteradas ocasiones como se sentían los jugadores, evaluando en cada momento la posibilidad de suspender el partido, en tanto se vio expuesta la salud de los futbolistas.
Hernán Caputto declaro a El Mercurio: “escuche al árbitro preguntar cómo se sentían los jugadores (…) se sintió mucho en la cancha el olor a lacrimógena”.
A todo lo anterior se le suma la presencia en los estadios de la llamada “Tropa de elite” estrenada durante la copa chile e implementada en este inicio de campeonato, es la policía privada que creó la ANFP, que cuenta con certificación del 0S10 de carabineros.
La política del gobierno y las dirigencias del futbol chileno solo causaran mas rabia y mas respuestas por parte de los hinchas.
Lo anterior, sumando a su constante negativa a acceder a las demandas planteadas por la movilización, sigue siendo un aliciente para agudizar un conflicto que pareciera no encontrar un pronto termino.
Una crisis de gobernanza con múltiples frentes
La propuesta legislativa, lejos de ser una «injerencia indebida», es un paso necesario para modernizar la gobernanza del fútbol chileno, alinearla con las mejores prácticas internacionales y erradicar conflictos de interés arraigados.
Las advertencias de la FIFA y la Conmebol están siendo estratégicamente amplificadas por la ANFP para proteger un status quo que beneficia a unos pocos.
Los ejemplos de sanciones legítimas de la FIFA demuestran que la propuesta legislativa chilena no se encuadra en la categoría de «injerencia indebida».
El futuro del fútbol chileno, su integridad y su capacidad para desarrollar talento, dependen de la adopción de la transparencia, la rendición de cuentas y una clara separación de poderes entre la liga profesional y la federación nacional.
La iniciativa del senador Walker no es un ataque a la autonomía del fútbol, sino una defensa de su integridad y un camino hacia un futuro más equitativo y próspero para el deporte en Chile.
Son tiempos complejos complejos para la ANFP y el fútbol chileno, en general, tanto por los líos extradeportivos como por la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19.