El caso relacionado con Juan Pablo Illanes permite examinar cómo las presiones informales de las autoridades sobre los medios de comunicación pueden afectar la libertad editorial, incluso cuando no existe una prohibición oficial de publicar determinada información. Estas llamadas, reclamos y gestiones reservadas equivalen a una intervención injustificada del poder ejecutivo en la libertad de prensa.
La libertad de expresión comprende la posibilidad de emitir opiniones, difundir información, desarrollar expresiones artísticas y fundar medios de comunicación, sin censura previa y sin restricciones directas o indirectas que impidan un debate público plural. En Chile, esta garantía ha sido reconocida formalmente, pero continúa enfrentando problemas estructurales vinculados con la concentración mediática, las presiones estatales, la criminalización de expresiones, los ataques a periodistas y la falta de pluralismo.
El caso Illanes Leiva y las presiones sobre la prensa
Incluso El Mercurio no estuvo libre de estas presiones, a pesar de su situación ventajosa en materia de seguridad financiera e independencia política respecto del gobierno. Tanto Aylwin como el presidente Frei telefonearon al editor general, Juan Pablo Illanes, en varias ocasiones, para quejarse.
Illanes contó a Human Rights Watch que Aylwin lo llamó una vez para reclamar por un artículo del escritor Enrique Lafourcade que él estimaba lesivo para el presidente argentino, Carlos Menem, en vísperas de su visita de estado a Chile. En otros casos, los llamados se originaban en la publicación de artículos o noticias que se estimaban perjudiciales o insultantes para el presidente o los miembros de su familia.
Las presiones entre bambalinas, de este tipo, equivalen a una intervención injustificada del poder ejecutivo en la libertad editorial, puesto que los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar que los medios de comunicación de propiedad del estado sirvan el interés público y no estén sometidos a la influencia política de ningún grupo.
En lugar de pretender cambiar las decisiones editoriales por medio de mensajes urgentes y llamadas telefónicas, las autoridades del gobierno disponen de otros recursos para transmitir su mensaje, lo cual asegura que el debate se lleve a cabo en público. Además, su derecho a réplica está protegido, tanto en la ley chilena como en la Convención Americana.
Libertad editorial y derecho de réplica
La Constitución Política estipula que "toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida."
Esta regla distingue entre una respuesta pública y transparente, por una parte, y una presión privada destinada a modificar una decisión editorial, por otra. La primera permite que el debate continúe ante la ciudadanía; la segunda puede producir autocensura y alterar la independencia del medio.
La existencia de un derecho de rectificación no autoriza a las autoridades a exigir la publicación de titulares, a retirar contenidos ni a imponer una determinada orientación informativa. La respuesta debe ejercerse mediante mecanismos públicos y conforme a las condiciones establecidas por la ley.
La libertad de expresión como garantía amplia
La Comisión de Derechos Fundamentales de la CC aprobó en días recientes el artículo de la libertad de expresión para ser discutido en el pleno. Difícil subestimar la importancia de esta norma, para la vida democrática y social.
Solo comentaré el primer inciso, que señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de opinión e información en cualquier forma y por cualquier medio, así como a disponer de información veraz, plural e imparcial y fundar medios de comunicación. Este derecho no estará sujeto a censura previa, sino únicamente a las responsabilidades ulteriores que determine la ley”.
Al respecto, la redacción mantiene la distinción (artificiosa) entre opinión e información contenida en la actual Constitución, cuando la libertad de expresión abarca más que ellas (arte, por ejemplo).
Sería mejor dejar el termino libertad de expresión a secas, que sin duda abarca a ambas.
La libertad de expresión no se limita a la actividad periodística ni a la transmisión de datos. También comprende la crítica política, la creación artística, la sátira, las manifestaciones públicas, la investigación, la comunicación comunitaria y las formas digitales de participación en el debate público.
Información veraz, plural e imparcial
Se establece un derecho de disponer de información veraz, plural e imparcial. ¿A quién se impondría esto (los derechos no son sino obligaciones correlativas impuestas a alguien)? ¿A todos? Pues si es así se contradice la esencia de la libertad de expresión, pues las opiniones que emitimos son, por definición, parciales (salvo que uno se crea un dios, claro).
La exigencia de veracidad puede relacionarse con el deber de diligencia en la actividad informativa, pero no puede transformarse en una obligación general de que todas las personas expresen opiniones imparciales. La pluralidad tampoco significa que cada mensaje individual deba contener todas las posiciones existentes.
La concentración de los medios vuelve especialmente relevante la diversidad de propietarios, líneas editoriales, fuentes, territorios, perspectivas y formas de comunicación. Sin embargo, la búsqueda de pluralismo no debe confundirse con la imposición de una opinión oficial ni con la eliminación de opiniones críticas o parciales.
Censura previa y restricciones indirectas
Sobre la censura previa, sería bueno agregar la directa e indirecta, pues hay casos de restricción de flujos de información que no siendo una directa (la clásica prohibición) sí impiden una efectiva e igual libertad.
La censura previa se manifiesta cuando una autoridad prohíbe anticipadamente la publicación o difusión de un contenido. Las restricciones indirectas pueden operar mediante presiones políticas, sanciones desproporcionadas, obstáculos administrativos, espionaje, amenazas, control de la publicidad oficial, discriminación contra determinados medios o utilización abusiva del derecho penal.
Sin embargo, muchas otras normas no fueron revisadas y se siguieron produciendo distintas restricciones indirectas a la libertad de expresión, menos visibles, más sutiles y fuera del foco de atención.
En este marco, una llamada telefónica de una autoridad puede no contener una prohibición formal, pero sí generar una presión suficiente para que un editor modifique, retrase o elimine una publicación. La amenaza de consecuencias políticas, económicas o institucionales puede producir un efecto censor aunque no exista una orden escrita.
Medios estatales, autonomía e influencia política
Como se dijo en la introducción a este capítulo, un debate público y abierto depende no sólo de encontrarse libre de censura y de presiones y limitaciones legales ilegítimas, sino también de una política estatal de estimular el derecho a criticar y crear las condiciones en las cuales se puede ejercitar con vigor.
Los gobiernos que tienen acceso directo a medios de comunicación influyentes, en razón ya sea de propiedad o de control, tienen la responsabilidad de asegurar que la intervención de funcionarios públicos en la política o procedimiento editorial se reduzca al mínimo y que a estos medios se les permita funcionar en forma autónoma y sin presiones del gobierno.
En este acápite examinamos la política que han seguido los gobiernos de Aylwin y Frei frente a dos medios de comunicación social de propiedad del estado: La Nación y TVN. ¿Hasta qué punto se ha respetado, en la práctica, el pluralismo de estos medios?
Al asumir el cargo, parece que el presidente Aylwin estaba convencido de que se debía permitir que estos medios funcionaran en forma autónoma y compitieran en el mercado como si fueran empresas privadas independientes.
Esta nueva política recibió el fuerte apoyo de Enrique Correa, a quien Aylwin nombró en el cargo de ministro secretario general de gobierno. El nombramiento era clave, pues el cargo comprendía la delicada tarea de equilibrar el principio de la libertad de expresión con el objetivo de preservar un clima político favorable a la estabilización de las relaciones cívico-militares.
Lo ideal era que la intervención en la prensa se podría evitar del todo si los propios ejecutivos y directores ejercieran la autorregulación.
Autorregulación y límites de la intervención gubernamental
El mismo Aylwin defendió este proceder repetidas veces a los dueños de diarios y a periodistas, En un discurso ante la Asociación Nacional de la Prensa, el 24 de agosto de 1990, Aylwin instó a propietarios y directores a que "extremen su cuidado, a fin de que, al cumplir su tarea de informar, sean vehículos de unidad y no de disensión, deverdad y no de error."
Tres años más tarde, el 2 de julio de 1993, en un discurso ante el Colegio de Periodistas de Chile, Aylwin dijo, con referencia a las informaciones que pudieran perturbar la paz social: "Creo que la sociedad tiene derecho a pedirles a ustedes una autorregulación que por razones superiores ustedes deben establecer como norma."
La autorregulación puede contribuir a la responsabilidad profesional, pero no debe transformarse en una forma encubierta de control político. Cuando la preocupación por la estabilidad, la paz social o la imagen institucional conduce a evitar informaciones legítimas, la autorregulación puede terminar restringiendo el debate público.
Durante los dos primeros años del gobierno de Aylwin, La Nación y las demás publicaciones pro gobiernistas mostraron todos los indicios de independencia, con extensa cobertura del debate sobre derechos humanos y revelaciones de escándalos de corrupción durante el gobierno militar.
Era una continuación del estilo de cruzada que se había afincado en tiempos anteriores, aunque ahora llevaba aparejados dilemas más delicados: cómo criticar el anterior gobierno militar sin crear dificultades para un gobierno democrático que todavía era vulnerable a la insubordinación militar y estaba bajo vigilancia constante de parte de la oposición pro militar.
Como era inevitable, los directores de los medios dejaron que el imperativo de preservar el clima consensual afectara las decisiones editoriales, si bien en qué medida es difícil calcular.
Los contactos estrechos que se forjaron entre políticos, directores de medios y periodistas en oposición al régimen militar ayudaron a armonizar la política editorial con los objetivos del gobierno.
Una tendencia a la autorregulación tuvo su origen también en la inseguridad persistente de los periodistas, cuyos derechos no estaban aún protegidos por ley, ni siquiera en aspectos tan fundamentales como el anonimato de las fuentes.
Presiones sobre La Nación
No obstante, aparte de la autorregulación, hubo también presiones directas sobre los medios pro gobiernistas, de parte de funcionarios del gobierno y políticos, con miras a suprimir noticias u opiniones, o a publicar noticias favorables al interés del gobierno.
Algunos ministros seguían tratando a La Nación y TVN como si estuvieran al servicio del gobierno, y era evidente que el ejército no creía que fueran de veras independientes y suponía que toda crítica era instigada desde La Moneda.
Ministros y subsecretarios presionaron a la prensa pro gobiernista durante todo el mandato de Aylwin y han continuado presionando durante el gobierno actual.
En los primeros años del gobierno de Aylwin, el personal superior de La Nación recibió decenas de llamadas telefónicas de ministros, subsecretarios y funcionarios municipales.
Muchas llamadas iracundas se hacían para reclamar por noticias que pintaban al gobierno o a sus representantes con colores negativos, para evitar la publicación de noticias que se estimaban amenazadoras, o simplemente para buscar publicidad para acontecimientos oficiales.
La queja más común era que el diario no daba una cobertura favorable a actividades en que participaban ministros.
"Se creían con el derecho de pedirnos que el diario del gobierno publique lo que ellos querían y no publicar lo que no querían," dijo a Human Rights Watch el ex subdirector de La Nación, Fernando Luengo.
Entre los que llamaban con más frecuencia se contaban el entonces ministro del interior. Enrique Krauss, y el ministro de defensa, Patricio Rojas.
Según Luengo, hubo una reconvención airada del ministro de agricultura porque el diario había publicado una entrevista con un grupo de indios mapuches que tenían quejas contra el ministerio.
Más adelante, cuando salieron en el diario fotografías de la protesta indígena, el ministro llamó y furioso exigió el despido de los periodistas responsables.
"Nosotros le dijimos que no íbamos a despedir a nadie, que nada de lo que habíamos publicado era falso. Y por supuesto, el ministro llamó a Correa para reclamarle. Correa le dijo, bueno, pero tienen su director. Muchas veces Correa era un paraguas que nos protegía contra esta lluvia de peticiones."
Presiones militares y conflicto con los medios
Un tema delicado en el ministerio de defensa fue la negativa del general Pinochet de subordinarse a la autoridad del ministro Patricio Rojas y su insistencia en tratar directamente con Aylwin.
Varias veces, en ceremonias públicas solemnes, recibió a Rojas un coro de silbidos y abucheos de parientes y partidarios del ejército.
Cuando se informó de estos incidentes en La Nación y La Epoca, el ministro reaccionó enojándose y acusó a los diarios de socavar la credibilidad del gobierno.
Estos episodios y otros parecidos convencieronal director de La Epoca, Ascanio Carvallo, que la política de prensa de Aylwin era de doble discurso, y que la realidad era con frecuencia diferente de la versión que se presentaba al público.
Presiones del ejército agravaron esta interferencia gubernamental indebida en los medios de comunicación social.
En varias oportunidades, los ministros del gobierno reprocharon públicamente a los medios que habrían transgredido los límites de la prudencia, y dos veces intervinieron directamente ante los directores de los medios para impedir lapublicación de notas conflictivas.
Las violaciones de derechos humanos (en especial la suerte de los "desaparecidos" y el descubrimiento de los restos de víctimas de ejecución extrajudicial enterrados en lugares clandestinos) y los escándalos de corrupción en que figuraban militares eran temas particularmente delicados.
La prensa informó con energía sobre ambos asuntos.
Bloqueada la vía de intervención directa por la política gubernamental de no inmiscuirse, el ejército reaccionó a las noticias desfavorables iniciando una serie de querellas contra periodistas, por separado, y declaraciones públicas que denunciaban la colusión de la prensa en una campaña de difamación.
El gobierno, pese a su adhesión a la libertad de prensa, generalmente se mantenía alejado de estos enfrentamientos.
El episodio de La Nación y los «pinocheques»
No obstante, hubo algunas excepciones de carácter dramático que dejaban a la vista los límites de la capacidad del gobierno para repeler ataques del ejército a la prensa.
Un titular de La Nación, de 1993, precipitó la crisis más seria en las relaciones cívico-militares desde la restauración de la democracia.
El 28 de mayo de 1993, aparecieron soldados en uniforme de combate, algunos cargando bazucas y equipo pesado, en la calle, frente al cuartel general de las fuerzas armadas, donde se realizaba una reunión de emergencia presidida por el general Pinochet.
Esta amenazante demostración de poder se realizó en un momento en que Aylwin estaba en Escandinavia y Enrique Krauss, ministro del interior, actuaba de presidente interino.
El pretexto inmediato fue un titular de La Nación que anunciaba una decisión judicial de reabrir el caso de los llamados pinocheques, investigación judicial del recibo, por parte del hijo de Pinochet, Augusto Pinochet Hiriart, de cheques del ejército por un total de US$3 millones, para la compra de una fábrica de piezas de armamento que estaba en quiebra.
Convencido, evidentemente, de que La Nación actuaba según instrucciones de La Moneda, el ejército llamó a Krauss para exigir que al día siguiente el diario publicara un desmentido.
Krauss accedió a informar al diario.
Más tarde, el subdirector Alberto Luengo recibió una llamada telefónica del general Concha, jefe del comité asesor del general Pinochet, directamente desde la sala de reuniones conde los generales, con Pinochet, estaban en plena discusión.
Concha exigió que el diario publicara un titular con el anuncio del desmentido.
Me dijo que tal como me había advertido el gobierno, me estaba llamando para pedirme que se publicara mañana un desmentido del ejército, que nos iban a mandar un documento y que lo publiquemos en extenso.
"Y ahora hablemos del titular", dijo.
"¿Qué titular?"
"Sí, el titular principal del diario."
"Pero el titular del diario no lo pone usted. Eso lo hacemos nosotros."
'No, el titular lo vamos a poner nosotros de acuerdo con lo conversado con el gobierno."
Y el titular que proponía era, no lo recuerdo exactamente, pero era algo así: "Ejército cumplió con la ley en el caso cheques."
El general Concha se despidió diciendo que hablaría con el gobierno y que me llamaría en una media hora.
Tanto Krauss como el ministro secretario general de gobierno, Enrique Correa, llamaron al diario para insistir en que se publicara el titular, pero Luengo, que recibió las llamadas, dijo que la solicitud era inaceptable.
"Acéptalo o no, pero ponlo", advirtió Correa.
Luengo replicó que si se le obligaba a publicar el titular renunciaría de inmediato y que contaba con el respaldo de la mayoría de sus editores y periodistas más antiguos.
En una reunión de gabinete posterior, de emergencia, Correa informó a sus colegas de las renuncias inminentes.
"¡Que renuncien!" fue la primera reacción, hasta que Correa anunció que si Luengo se iba, se iba él también.
Por último, el diario dio con una solución de compromiso que salvó al gobierno de una división grave y evitó el desmembramiento de La Nación.
La declaración castrense se publicó en un recuadro en la primera plana y el problema del titular se obvió prescindiendo de todo titular.
En su lugar, una foto de página entera, sin leyenda, mostraba la presencia amenazante de soldados camuflados en las calles de Santiago.
La crisis pasó y el ejército centró su atención en desacuerdos más sustantivos con el gobierno.
Pluralismo limitado en Televisión Nacional
En el caso de Televisión Nacional (TVN), perteneciente al estado, la independencia oficial respecto del control del gobierno y las medidas dirigidas a asegurar la diversidad política de la plana ejecutiva han asegurado un grado de autonomía desconocido hasta hoyen la historia del canal, dramático incluso, si se le compara con su subordinación al poder ejecutivo durante el régimen militar.
No obstante, lo paradójico es que el respeto por las cuotas políticas en la gestión del canal no ha traído aparejado un mejoramiento notable en la diversidad de la programación, con miras a asegurar posibilidades de expresión a la gama más ancha posible de opiniones o de intereses culturales.
Al contrario, ha habido una tendencia, en particular con el gobierno actual, hacia cortar o suprimir materiales que podrían ser provocativos o controvertidos, por deferencia hacia sensibilidades morales políticas o conservadoras.
El pluralismo, en lugar de traer consigo una mayor diversidad, la expresión de opiniones contrapuestas, juntas y en sana competencia, ha redundado en una tendencia a optar por la seguridad.
Problemas estructurales de la libertad de expresión en Chile
Chile se ha destacado como uno de los países de América Latina con mejor imagen respecto del respeto a la libertad de expresión.
En el ámbito de Naciones Unidas ha copatrocinado todas las resoluciones relativas a la protección de la labor periodística, forma parte del Grupo de Amigos sobre la Seguridad de los Periodistas, creado en 2016 por un grupos de Estados Miembros de las Naciones Unidas, y recientemente se ha integrado en la Coalición por la Libertad de los Medios que forman 47 países comprometidos desarrollar un rol activo, a nivel nacional e internacional, en la defensa del ejercicio de la prensa.
Chile también ha obtenido excelentes calificaciones en distintos rankings internacionales sobre libertad de expresión.
Hasta 2019 la organización Freedom House situó a Chile entre uno de los escasos países sin peligros para la libertad de prensa, con mejor puntaje que Argentina, España o Italia.
En 2020 el Índice Chapultepec, herramienta de medición de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), situaba a Chile en el primer puesto, destacando que en el país “No se registran cierre de medios, ni persecuciones de periodistas, ni control de contenidos. El Estado no limita el acceso de los ciudadanos a la información pública ni los derechos vinculados a la libertad de expresión y prensa”.
En la clasificación mundial que realiza Reporteros Sin Fronteras Chile, ha obtenido buenos resultados, pero a partir 2019 ha retrocedido al grupo de países con problemas significativos, con un descenso de 21 puestos respecto de 2017, un descenso que recuerda al producido durante el primer mandato del Presidente Piñera donde Chile alcanzó el puesto 80 del ranking a causa de las agresiones a la prensa durante 2011.
Advertencias internacionales y casos emblemáticos
Los informes publicados anualmente por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vienen alertando de forma reiterada de distintos problemas en el caso de Chile, tales como los obstáculos al derecho de protesta, agresiones a reporteros por parte de Carabineros, el uso del derecho penal para sancionar expresiones u opiniones, obstáculos de acceso a la información pública, concentración de la propiedad de medios, el marco legal discriminatorio hacia los medios comunitarios, falta de diversidad y pluralismo en el debate público.
El Relator para la Libertad de Expresión visitó Chile en 2016 donde se reunión con distintos agentes gubernamentales y de la sociedad civil.
La visita y el Informe del Relator no fue foco de interés para los medios de comunicación y los poderes del Estado no atendieron ninguna de las recomendaciones.
Desde el retorno a la democracia no han cesado de llegar casos a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que se denunciaba la vulneración de la libertad de expresión y la falta de protección por parte de los órganos de justicia.
Las sentencias sobre casos emblemáticos como la censura a la película La Última Tentación de Cristo (Corte IDH, 2001), la condena y prohibición del libro “Ética y Servicios de Inteligencia” de Humberto Palamara Iribarne en 1993 (Corte IDH, 2005) y de “El Libro Negro de la Justicia Chilena” de Alejandra Matus en 1999 (CIDH, 2005), así como la denegación en 1998 al Sr. Claude Reyes y otros de acceso a información sobre proyecto de empresas forestales (Corte IDH, 2006), se convirtieron en importantes hitos internacionales y obligaron a Chile a adaptar algunos aspectos de la normativa a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
Se suprimió la censura previa y se realizaron importantes avances como la ley sobre acceso a la información pública, que pasó a ser un nuevo foco de atención.
Sin embargo, muchas otras normas no fueron revisadas y se siguieron produciendo distintas restricciones indirectas a la libertad de expresión, menos visibles, más sutiles y fuera del foco de atención.
Y nuevamente, ante la falta de protección en las instancias internas, los casos han seguido llegando a los organismos internacionales generando nuevas condenas y responsabilidades internacionales: los obstáculos a la labor informativa de Radio Estrella de Mar en la Isla de Melinka entre 2000 y 2002 (CIDH, 2015); la retirada por parte de Carabineros de Chile de lienzos de la obra artística “Puentes de la Memoria” desarrollada en 2013 por Londres 38 (Comité DDHH, 2017); las sanciones disciplinarias al Juez Urrutia por el contenido de trabajo académico en 2004 (Corte IDH 2020); o la condena penal por injurias y calumnias en 2004 al defensor ambiental Carlos Baraona por vincular a un Senador con la tala ilegal del alerce (CIDH 2019), caso que llevará nuevamente a Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulneración a la libertad de expresión durante 2021.
Espionaje, «telefonazos» y prácticas de presión
A estos casos hay que sumar otros que se encuentran en tramitación, como la denuncia de impunidad tras el trauma ocular sufrido por un fotorreportero de la Agencia EFE que registraba protestas en 2008, la denuncia por discriminación en el acceso a la publicidad oficial de la Revista Punto Final en 2010, la condena penal a periodistas de El Ciudadano en 2015, así como los más recientes relativos a espionaje de reporteros independientes por parte Carabineros o las reiteradas agresiones a la televisión comunitaria Señal 3 La Victoria durante la cobertura tras el estallido social de 2019 (ODC, FDP, ICEI, 2021).
Como se puede ver, la presentación de denuncias ante organismos internacionales ha sido constante y se refiere a distintos agentes del Estado y llama la atención que un número significativo de los casos de Chile que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refieren a vulneraciones a la libertad de expresión.
A esto hay que sumar hechos que se están conociendo ahora, como los casos de hostigamiento y espionaje a periodistas que realizaban investigaciones sobre las Fuerzas Armadas, los cuales se habrían producido al menos entre 2012 y 2017.
Junto con el seguimiento a líderes sociales, el Servicio de Inteligencia de Carabineros también ha realizado espionaje a reporteros y periodistas, tal como se reveló en 2018 a raíz de la llamada “Operación Huracán” y en la difusión en 2019 de documentos secretos en el denominado “PacoLeaks”.
En el contexto de revelación de estos hechos, varios periodistas han comenzado a hacer públicas las presiones, “telefonazos” o distintas prácticas que han enfrentado en distintos momentos de su trayectoria, destinadas a ocultar información que afectaba a políticos o empresarios.
Estos hechos alertan sobre la posible existencia de prácticas sistemáticas y sostenidas en el tiempo.
Estallido social, ataques a la prensa y acceso a la información
Tras el estallido social de 2019, se produce una agudización de algunos de los problemas ya existentes.
En el contexto de graves vulneraciones de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) y la Fundación Datos Protegidos (FDP), junto con investigadoras del ICEI de la Universidad de Chile, realizamos un primer informe sobre vulneraciones a la libertad de expresión durante la crisis social, que se publicó en enero de 2020.
El informe, de escasa repercusión mediática, destacaba 138 agresiones a la prensa por parte de fuerzas de orden, incluidos traumas oculares, ocultamiento de información pública, existencia de presiones por parte del Gobierno a los principales medios de comunicación así como restricciones para difundir contenidos por parte de medios independientes en redes sociales durante las 5 semanas posteriores al 18 de octubre.
Durante 2020 ODC continuó monitoreando los problemas identificados y difundiendo los hallazgos en boletines mensuales que eran enviados a medios de comunicación, periodistas, académicos, organizaciones de DDHH y organismos internacionales.
Entre octubre de 2019 y marzo de 2021 se registran 294 ataques físicos a la prensa por parte de las fuerzas de orden público, principalmente Carabineros, incluyendo tres casos de trauma ocular, lesiones por armas disuasivas, así como numerosas detenciones.
Durante 2020 se registraron 75 detenciones, la cifra más elevada desde la dictadura.
A pesar que la pandemia supuso una reducción del número y masividad de las protestas, la violencia contra la prensa se hizo crónica, afectando especialmente a reporteros y medios independientes.
| Situación documentada | Dato registrado |
|---|---|
| Agresiones a la prensa durante las cinco semanas posteriores al 18 de octubre | 138 |
| Ataques físicos a la prensa entre octubre de 2019 y marzo de 2021 | 294 |
| Detenciones de periodistas durante 2020 | 75 |
| Reporteros detenidos que son multados o enfrentan un proceso judicial | 20% |
El segundo informe que analiza la situación de la libertad de expresión en Chile durante 2020 (ODC, FDP, ICEI, 2021) destina uno de sus capítulos a los ataques a la prensa, evidenciando la impunidad de estos y como además un 20% de los reporteros detenidos son multados o enfrentan un proceso judicial, mostrando como los agentes de justicia no están protegiendo la libertad de prensa.
Un segundo capítulo del informe identifica retrocesos en materia de transparencia y obstáculos de acceso a la información pública, con ejemplos llamativos como imposibilidad de acceder a informes sobre los incendios a las estaciones de Metro en 2019, la agenda de reuniones del Presidente y Ministros con directivos de medios de comunicación, así como la falta de transparencia sobre las cifras de la pandemia, los criterios e informes en los que se basan las decisiones o los contratos por la compra de vacunas.
Expresiones artísticas y libertad de protesta
El informe también muestra restricciones a la libertad artística y el hostigamiento a Las Tesis, Galería CIMA, Delight Lab, la querella por Ley de Seguridad del Estado a “La Maga” por usar la bandera de Chile en una performance así como la excesiva utilización del derecho penal para sancionar discursos.
La publicación, disponible para todo público y que esta vez se centró en la Censura artística y pluralismo mediático, evidenció serias transgresiones a la libertad de expresión y derecho a la comunicación e información.
Este tercer informe clasificó cuatro categorías de irregularidades relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales identificadas en el transcurso de la revuelta social y la pandemia del COVID-19.
En la mayoría de estos casos, se ven involucrados agentes del Estado.
A raíz de la revuelta social, numerosos casos de censura y violaciones al derecho de la libertad de expresión han sido expuestos en las redes sociales y los medios de comunicación.
Según la información recabada por el informe citado, las expresiones artísticas con motivo de protesta, han sufrido de igual forma el atropello por parte de organismos del Estado.
Los casos más emblemáticos al respecto, fueron expuestos en el documento.
El día 13 de marzo de 2020, la Intendencia de la Región Metropolitana presentó una querella por “ultraje público a un emblema patrio” contra Marcela Inostroza, alias “La Maga”, quien realizó una performance artística que consistía en barrer y limpiar la puerta y la calle junto al Centro Arte Alameda utilizando la bandera chilena como trapero.
La artista fue acusada bajo la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, ley que fue aprobada en dictadura y reformada en 2010.
Uno de los casos más simbólicos y difundidos por las redes fue el hostigamiento contra el colectivo LASTESIS, quienes recibieron una denuncia por parte de Carabineros de Chile por “atentado contra la autoridad” y “amenazas hacia la institución” por un video grabado a las afueras de una Comisaría en Valparaíso.
Al respecto, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió un comunicado expresando su preocupación ante la criminalización de expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión.
El 4 de enero de 2021, se decretó el sobreseimiento definitivo de cuatro integrantes del colectivo LASTESIS.
Asimismo, el 20 de mayo, el estudio lumínico Delight Lab realizó un comunicado de prensa donde anunciaba acciones judiciales por acoso, censura, amenazas y vulneración de derechos.
Entre otras cosas, denunciaban el hackeo a su cuenta de Instagram, amenazas a través de redes sociales, difusión de datos privados de trabajadores del estudio y declaraciones que incitan al odio y al amedrentamiento por parte del diputado RN, Diego Schalper.
Cabe mencionar que diversos actos artísticos realizados por Delight Lab han sido saboteados por Carabineros de Chile con el amparo de las autoridades.
El día 24 de septiembre el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, apoyó la conducta de Carabineros ante el cuestionamiento por la eventual violación al derecho a la libertad de expresión, luego de que el organismo estatal censurara la intervención artística realizada por Delight Lab en colaboración con Galería CIMA.
El mismo día de las declaraciones del alcalde, Carabineros acudió a las dependencias de Galería CIMA para conseguir una lista con datos de todos los trabajadores de la productora.
Con respecto a la tipificación de los artistas censurados que formaron parte de las manifestaciones, el director de la fundación Datos Protegidos, Danny Rayman, expuso: “La razón (de las acciones de censura) se justifica, o no, porque nos encontramos con personas que no solamente son artistas, se pueden catalogar como “artivistas” ya que el contenido de estas manifestaciones artísticas está relacionado con el activismo que hay detrás. La protección que debieran tener ellos no es solo como personas, sino también como artistas, activistas y, por lo tanto, de una u otra forma, como defensores de derechos humanos. El estado debiera tener una proactividad para que las situaciones que han vivido, no puedan pasar en democracia.”
En la misma línea, Rayman aclaró que las vulneraciones a los derechos de los artistas también afectan por extensión a cada uno de nosotros: “Cuando hablamos de cuáles son las garantías afectadas con estas situaciones, no solamente nos referimos a la libertad de expresión desde el punto de vista de los artistas, sino también todos nosotros quienes no podemos acceder a ese tipo de contenido, ya que se nos restringe la posibilidad de poder ver esos discursos disidentes con respecto a las situaciones que ocurren en el país y que nos aportan a pensar críticamente.”
Además de las acciones de hostigamiento policial y judicial contra los colectivos artísticos que han participado activamente de la protesta social, los registros del “Informe 2020. Libertad de Expresión en Chile” demuestran la sistemática acción estatal contra los grafitis y obras artísticas desplegadas en fachadas de edificios públicos y privados, eliminadas con pintura sin la autorización de los responsables de estos centros.
Asimismo, muchas esculturas desplegadas en lugares públicos y privados, han sido robadas y, en muchos casos, aún no devueltas a sus autores.
Concentración de medios y falta de pluralismo
La cobertura de la crisis por parte de los grandes medios de comunicación, la falta de pluralismo y la pérdida de confianza de la televisión son temas que desde 2019 han cobrado mayor protagonismo, con ejemplos como la falta de cobertura informativa en el caso Enjoy
En Chile no es novedad el problema que concierne a la concentración de los medios de comunicación en los grupos económicos más poderosos del país, sin embargo, tal como evidencian los datos recabados por el “Informe 2020. Libertad de Expresión en Chile”, los principales medios de comunicación han faltado al “principio de pluralidad” con respecto a la aparición de figuras políticas en la televisión abierta y al alcance de los temas tratados.
El 24 de marzo de 2020, Contraloría señaló que la participación de alcaldes en medios de comunicación debería limitarse a la entrega de información necesaria para el cumplimiento de las funciones municipales.
Al respecto, la empresa de estudios de opinión, Conecta Media, presentó los resultados de un estudio que evidenció una permanente y mayoritaria aparición de alcaldes de Chile Vamos, sobre todo en el género “matinales”, siendo los alcaldes Joaquín Lavín, Rodolfo Carter y Evelyn Matthei los ediles que más minutos son exhibidos en televisión abierta.
En la misma línea, el Consejo Nacional de Televisión publicó un informe que reveló cifras que hablan de una falta de pluralismo no solo político, ya que el estudio observó una minoritaria presencia de mujeres en los programas de género “matinales”, pues el porcentaje corresponde a solo un 26,6% de los minutos de programación versus un 73,4% de participación masculina.
Por otra parte, con respecto al alcance de las noticias, se revela un marcado predominio de temas relativos a la Región Metropolitana (63,8%) por sobre los temas de alcance nacional (33%) y de regiones (2,7%).
| Indicador de pluralismo televisivo | Porcentaje |
|---|---|
| Participación de mujeres en programas “matinales” | 26,6% |
| Participación masculina en programas “matinales” | 73,4% |
| Temas relativos a la Región Metropolitana | 63,8% |
| Temas de alcance nacional | 33% |
| Temas de regiones | 2,7% |
En este sentido, la académica de la Universidad de Santiago, Elizabeth Berger, contrastó el problema de la falta de pluralidad de medios con la crítica situación de concentración de medios en nuestro país: “Lo más conveniente es propender al pluralismo y diversidad de medios, y en Chile chocamos con el problema de la altísima concentración de medios, que a su vez afecta a toda la región. Esto de que el mundo digital venía a salvarnos no fue tan así, la concentración aumentó en los operadores en el mundo de las telecomunicaciones. Lo preocupante de la concentración de medios en términos de pluralismo es la tendencia a la homogeneidad informativa y la precarización de los trabajadores del sector.”
Al respecto, la académica del ICEI, Chiara Sáez, complementó sobre el problema de la concentración de medios añadiendo factores a la discusión con miras al proceso constituyente: “El problema no radica solo en la concentración de la propiedad, sino que también hay una concentración ideológica y de inversión publicitaria, me parece que hay que entender que esta triple concentración es la que nos tiene en esta situación. Si estamos hablando de un sistema privado de medios, donde en teoría, el mejor programa debiera tener la mejor inversión publicitaria, eso no pasa debido a la concentración ideológica, los empresarios están dispuestos a poner dinero solo en determinados tipos de programas, y estos no necesariamente son los que hacen periodismo de investigación. Entonces, ¿qué tipo de Estado necesitamos definir para que aborde esta problemática de una manera democrática? Esa pregunta debe quedar abierta para el debate constituyente.”
El punto de inflexión de 2021
Durante los primeros meses de 2021 hemos visto “la punta del iceberg” de profundos problemas de libertad de expresión y derecho a la información en Chile.
El atentado contra el equipo de TVN en Cañete, las revelaciones de espionaje a periodistas por parte del Ejército, las presiones del Gobierno y las Fuerzas Armadas al canal La Red por los cambios en su línea editorial, han llevado a que los problemas de libertad de expresión en Chile hayan trascendido de las bambalinas en que han sido puestos durante estos 30 años, hasta ponerse al centro del debate público.
A esto se suma el amplio catálogo de casos identificados en los informes sobre Libertad de Expresión en Chile realizados en 2019 y 2020, en los que destacamos más de un centenar de ataques a la prensa, obstáculos de acceso a la información pública, censura artística, problemas de pluralismo mediático, casos de discursos de odio y acoso en internet.
Datos que evidencian que este no es el país ejemplar en la materia que algunos han insistido en difundir internacionalmente y que, en Chile, al igual que en otros países de la región, persisten graves problemas de libertad de expresión.
En la medida que los problemas de libertad de expresión han afectado grave y simultáneamente a varios periodistas y canales de televisión, se ha comenzado a hablar de este asunto.
Sin embargo, el levantamiento de datos que hemos realizado desde el Instituto de la Comunicación e Imagen en conjunto con el Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación Datos Protegidos a partir del estallido social del 18 de octubre de 2019, nos permite afirmar que varias de las vulneraciones a la libertad de expresión detectadas de manera intensificada desde esta fecha ya se venían produciendo con anterioridad y lo que hemos visto en este periodo ha sido su agudización, a pesar de que el Estado de Chile ya había recibido al respecto recomendaciones por parte de organismos internacionales (RELE, 2017).
Varios de los hechos identificados en los dos informes sobre libertad de expresión en 2019 y 2020 en cuya redacción hemos colaborado, se relacionan con las alertas planteadas en el informe de la última visita oficial a Chile de la CIDH, respecto de la permanencia en Chile de normativas y prácticas “muchas de las cuales pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado” (RELE, 2017).
En este sentido, el espionaje a periodistas o las presiones a La Red no son casos aislados, sino la punta del iceberg, pues existen problemas estructurales en distintas áreas y tras el estallido social hay una crisis de la libertad de expresión.
Tres grandes hitos al respecto han sido el atentado con armas de fuego contra un equipo periodístico del canal público TVN que se encontraba preparando un reportaje con entrevistas a dirigentes mapuche (los miembros del equipo sufrieron heridas de bala y el camarógrafo quedó herido de gravedad y perdió un ojo); las actividades de inteligencia respecto de 6 periodistas de investigación por parte del Ejército, que aún no ha sido aclarado, y los cambios en la dirección ejecutiva de La Red, un canal pequeño, pero que desde el año pasado venía levantando una línea de programas de entrevistas y opinión.
Particularmente, el telefonazo al propietario del canal (el magnate de las comunicaciones, Ángel González) en Miami por parte de la responsable de comunicaciones del Gobierno quejándose de la línea editorial del canal y las declaraciones públicas de tres ramas del ejército con el apoyo del ministro del ramo, criticando el sketch satírico “Un militar de verdad” en un programa de humor, hicieron saltar varias alarmas.
La relevancia democrática del caso Illanes Leiva
El caso Illanes Leiva muestra que la libertad de expresión no se protege únicamente prohibiendo la censura previa formal. También es necesario impedir que las autoridades utilicen su poder político para influir en las decisiones editoriales, presionar a periodistas o condicionar la publicación de noticias y opiniones.
La autonomía de un medio se debilita cuando una autoridad intenta definir qué debe publicarse, qué debe omitirse o qué titular debe ocupar la portada. También se debilita cuando los periodistas enfrentan espionaje, querellas intimidatorias, amenazas, ataques físicos, restricciones de acceso a la información o campañas destinadas a desacreditar su trabajo.
La libertad de expresión abarca más que la información oficial, las opiniones mayoritarias o los contenidos considerados prudentes. Incluye también la crítica incómoda, la sátira, las expresiones artísticas, las investigaciones sobre corrupción, las denuncias de abusos y los discursos disidentes.
Por ello, la protección efectiva de esta libertad exige tanto garantías jurídicas como condiciones materiales de pluralismo, independencia editorial, seguridad para periodistas, transparencia pública y autonomía frente a los poderes políticos, económicos y militares.
