«Estríctamente Personal»: el periodismo político de Raymundo Riva Palacio

«Estríctamente Personal» es el informativo que Raymundo Riva Palacio dirige y conduce todas las mañanas en Foro TV, con una cobertura centrada en política, democracia, elecciones y partidos políticos. Su enfoque combina análisis del poder, investigación periodística y seguimiento de los conflictos institucionales que atraviesan a México.

Raymundo Riva Palacio es reportero, columnista y escritor. La intensidad de sus experiencias y su acceso inmediato a la mejor información, hacen de él un conferencista que rebasa las expectativas de cualquier auditorio.

Quién es Raymundo Riva Palacio

Cuatro veces Premio Nacional de Periodismo. Fue subdirector de Investigación y Asuntos Especiales del Periódico Reforma; Coordinador de Asuntos Especiales de El Financiero y Editor del diario 24 Horas.

Fue Editorialista y Director Editorial en EL UNIVERSAL, Director del Periódico MILENIO, Director Editorial de Detrás de la Noticia y del diario EL INDEPENDIENTE.

Es director de EJE CENTRAL, Columnista de El Financiero, colaborador de Radio Fórmula y de Proyecto 40. Dirige y conduce todas las mañanas el informativo ESTRICTAMENTE PERSONAL en Foro TV.

Temas de «Estríctamente Personal»

Los temas principales del espacio son Política, Democracia, Elecciones, Partidos Políticos.

• Política: análisis de las decisiones del Gobierno, las disputas entre grupos de poder y la relación entre las instituciones.
• Democracia: revisión de la fortaleza institucional, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho.
• Elecciones: seguimiento de candidaturas, encuestas, alianzas, operadores políticos y conflictos internos.
• Partidos políticos: evaluación de Morena, sus corrientes, sus mecanismos de selección y sus disputas por el poder.

Corrupción, patrimonio y rendición de cuentas

La corrupción, dejó sembrado Andrés Manuel López Obrador en el imaginario colectivo, era el origen de los males de México y acabaría con ella. No habría más funcionarios enriquecidos al amparo del poder, ni privilegios. Tampoco gobiernos que utilizaran los recursos públicos para beneficiar a los amigos, o una clase política que predicara austeridad mientras vivía como millonaria.

La corrupción sería cosa del pasado. Su sola llegada a la Presidencia inyectaría mágicamente pureza y lo que aún quedara de la escoria, sería barrida de arriba hacia abajo. Pura palabrería. Puros engaños.

El pasado nunca se fue; llegó revigorizado al presente. En sólo dos semanas, para no escarbar los últimos ocho años, los casos de Octavio Romero Oropeza, Carlos Ulloa y Mara Lezama volvieron a escupir la honestidad valiente de López Obrador, al quedar envueltos por una nube de sospecha de corrupción y conflictos de interés, que aumentó la presidenta Claudia Sheinbaum al litigarlos mediáticamente, en lugar de instruir a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a revisar los señalamientos públicos en su contra.

La omisión de su responsabilidad también es un delito. Los casos de los directores del Infonavit y de Birmex y de la Gobernadora de Quintana Roo no son idénticos, pero forman en su conjunto algo que es políticamente más importante: la cascada de preguntas sobre su patrimonio, contratos, privilegios y relaciones oscuras que ponen a prueba la promesa moral con la que Morena llegó al poder.

Ese es el verdadero problema, porque la corrupción no comienza necesariamente cuando se les dicta sentencia, sino cuando un funcionario no puede explicar convincentemente por qué su patrimonio, sus negocios, sus contratos o su nivel de vida son compatibles con sus ingresos y con las reglas que está obligado a respetar.

Los casos de Romero Oropeza y Ulloa

El caso de Romero Oropeza es el más reciente, luego de que una investigación periodística que buscó debajo de las piedras en su declaración patrimonial que había pedido mantener reservada como si fuera un asunto de seguridad nacional, encontró que su fortuna supera los 47 millones de pesos, más siete millones en cuentas bancarias, inmuebles y bienes compartidos con sus familiares, incluida una propiedad que compró el 14 de marzo de 2018, pagando al contado tres millones 376 mil pesos.

Previamente, Ulloa quedó exhibido en los medios por la compra al contado de dos departamentos valuados en poco más de 22 millones de pesos, que dijo había pagado con ahorros y recursos de una herencia.

Aunque nació en Chiapas, Ulloa creció en los grupos políticos en Iztapalapa, la placenta del núcleo duro de Morena, y se acercó a Sheinbaum en 2015, después de 15 años de asesor en diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad de México.

Hasta entonces, en el gobierno capitalino de Sheinbaum, comenzó a tener cargos de mejor salario, de cuyos ahorros y la venta del terreno en Chiapas que le dejó su padre, alegó, pagó al contado sus dos departamentos entre 2020 y 2023.

No se sabe, porque no lo ha explicado ninguno de los dos, si el pago al contado fue acorde con la ley, porque desde 2013 la ley antilavado establece que si un inmueble cuesta más de 941 mil 412 pesos, la diferencia no puede pagarse en efectivo, sino por medios fiscalizados.

Tampoco ha dicho aquí estoy la Unidad de Inteligencia Financiera, tan expedita cuando se trata de opositores, para informar si Romero Oropeza y Ulloa incurrieron en un delito, por el cual tendrían que defenderse, como señala la ley que pasó Morena, desde la cárcel.

Pero esto no va a suceder. Actuar contra el director del Infonavit es ir contra López Obrador, por ser el hombre de mayor confianza, que fue su asesor, ideólogo, jefe del principal grupo de incondicionales desde sus primeros avatares en Tabasco y, sobre todo, la persona que por décadas se encargó de manejar las finanzas y los dineros para sus tres hijos mayores.

Hacerlo contra Ulloa, sería ir en contra de una de las personas más cercanas a la presidenta y afectar a quien presume que su relación con Sheinbaum es de una intimidad tan grande, que sólo la tienen los miembros más cercanos de su familia.

Pero no se les debe prejuzgar, sino que las autoridades los investiguen. De esta forma Romero Oropeza y Ulloa podrían demostrar que su evolución patrimonial ha sido acorde con sus ingresos a lo largo de los años, y que no hay nada sospechoso o ilegal en su operaciones inmobiliarias y financieras.

El director del Infonavit -y antes de Pemex- tiene derecho a poseer una fortuna, como Ulloa de heredar millones de pesos. La pregunta no es si pueden ser ricos, sino una más elemental: ¿pueden demostrar que sus ingresos, ahorros, herencias y operaciones inmobiliarias explican de manera transparente sus 47 millones de pesos en su bolsa y los 22 millones para departamentos?

Si lo demuestran ante la autoridad, el asunto deberá terminar ahí.

El caso de Mara Lezama

El problema que enfrenta la Gobernadora de Quintana Roo es más complejo y más claro de que probablemente violó la ley, por lo que tendría que ser sujeta de una investigación y no solamente como indicó la Presidenta, que “aclare” sus gastos.

El tema de Lezama no es tan superficiales ni fácil. Fue atrapada como una viajera frecuente en aviones que no eran suyos, viajando a destinos turísticos muy caros en al menos 97 ocasiones.

Tendría que explicar de dónde salió el dinero con el que afirmó pagó esos viajes, pero lo más relevante es que la mayor parte de los vuelos que realizó los hizo en un avión de Seguritech, la empresa a la que durante su gobierno le ha entregado contratos entre dos mil 870 y cinco mil millones de pesos.

Esto constituye un claro conflicto de interés, que aparece como delito en el Código Penal Federal, y una falta administrativa grave que se sanciona con suspensión, destitución, inhabilitación temporal para un empleo público o penas económicas.

Tampoco en su caso ha sucedido nada.

Morena ante los casos de opacidad

Este es el problema de fondo en Morena, la respuesta política frente a sus casos de opacidad y corrupción. Ahí está la diferencia.

Un partido puede descubrir corrupción dentro de sus filas y demostrar fortaleza institucional investigándola, sancionándola y haciendo públicos los resultados. O puede proteger a los suyos.

La primera opción construye partido. La segunda, complicidades, porque una cosa es combatir la corrupción y otra muy distinta es administrar los escándalos.

Marina del Pilar Ávila y la crisis en Baja California

Marina del Pilar Ávila está atrapada en una telaraña de la cual no puede salir. La gobernadora de Baja California, que lleva más de un año sin visa para entrar a Estados Unidos, sujeta a una investigación criminal de la que, sin detalles, conoce el gobierno, está teniendo problemas crecientes en Palacio Nacional, donde están cansados de ella.

La presidenta, por lo que ha trascendido, está harta de que esté pagando los costos por defenderla, derivados de los errores políticos que no ha dejado de cometer la gobernadora desde que se difundieron grabaciones en las que se ofrece como informante del gobierno de Estados Unidos.

La exasperación de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene asideros muy fuertes. Ávila no tiene forma de defenderse.

Las grabaciones de reuniones con agentes o intermediarios del gobierno de Estados Unidos y conversaciones telefónicas, publicadas el 21 de junio y el 13 de julio por el columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, expusieron sus traiciones a la presidenta, al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre la protegió; a la ‘4T’ y, sobre todo, a la patria.

Ávila se ha defendido en la arena pública, pero, como la caracterizan en Palacio Nacional, con poca inteligencia y sentido común.

El ejemplo de ello lo dio el domingo pasado en una entrevista con Ilia Calderón en el programa “Esta semana” de N+ Univisión, donde quedan expuestas sus mentiras, contradicciones y determinación de convertirse en informante, a cambio, como sucede con este tipo de procesos, de evitar acusaciones penales en Estados Unidos, o paliativos a eventuales imputaciones del Departamento de Justicia.

Las contradicciones de la entrevista

Ávila, que está asesorada por Iván Silva, el consultor presidencial que maneja la estrategia de las 17 campañas para gobernador en 2027 -investigado de manera independiente a este caso por su relación con el crimen organizado en Tamaulipas-, buscó enfocar la entrevista en un contexto para que todo quedara reducido a un problema político dentro de la ‘4T’, alegando que el exgobernador Jaime Bonilla le tendió una trampa.

La estrategia ha tenido éxito en México, pero Calderón no dejó que se le escapara en la entrevista y la hizo caer en contradicciones.

Aunque la gobernadora fue ambigua, mezclando cosas para producir confusión, traza una línea de tiempo, a partir de la insistencia de su entrevistadora, que dejó al descubierto sus mentiras.

Ávila recuerda, sin precisar fechas, que en el verano del año pasado se reunió con Bonilla para resolver sus problemas, en donde le sugirió ponerla en contacto con unas personas que podrían ayudarla a resolver el problema de la cancelación de su visa en mayo del año pasado, que es cuando empieza su pesadilla.

La gobernadora no tuvo reparos en hablar con la persona recomendada por Bonilla para ver lo del tema de su visa.

Calderón la cuestiona sobre cómo confió en Bonilla, con quien había tenido una confrontación agria por varios años, y si no sabía con quién se estaba reuniendo. Esa pregunta fracturó la lógica de su narrativa.

Ávila identificó a esa persona como un “asesor” del “HSI”, las siglas de Homeland Security Investigations, que es el brazo del Departamento de Seguridad Nacional que se encarga de las operaciones globales contra terroristas y que realizó la captura de Ismael El Mayo Zambada.

También dijo que representaba, en esa calidad, al FBI. Ninguna de esas agencias tiene que ver con el tema de las visas, que es responsabilidad última del Departamento de Estado.

Para cuando se dio esa reunión, Ávila ya había contratado a un abogado de Miami, Michael Nadler, que no trata asuntos migratorios, sino criminales y de lavado de dinero.

Calderón, que no se conformó con la respuesta de Ávila -que le había funcionado en las entrevistas en México, dejando su contestación en la ambigüedad-, le sacó a la gobernadora que había buscado su asesoría “por todo esto”, reconociendo implícitamente que el tema de la visa no era su única preocupación.

En otra parte posterior de la entrevista, cuando insiste Calderón en el tema de Nadler, la gobernadora dice que lo había buscado por los planteamientos que le había hecho el “asesor” sobre el ofrecimiento de que fuera informante de Estados Unidos y para afinar en Panamá los detalles con las autoridades de su país.

La mentira en la que la atrapa Calderón es que esa propuesta se realizó “a finales de noviembre, principios de diciembre”, cuando la contratación de Nadler la había hecho al menos seis meses antes.

Es decir, mucho tiempo antes de esa reunión, Ávila ya estaba preocupada por posibles imputaciones penales.

Las grabaciones y la relación con Estados Unidos

Ese es el contexto que puede ayudar a medir sus palabras en las grabaciones reveladas por De Mauleón, donde Ávila ofrece informar sobre las discusiones en las mesas de seguridad al Departamento de Justicia y al “asesor” que le acercó Bonilla, que, efectivamente, como ya se ha publicado, ha sido informante del FBI desde hace buen tiempo, de acuerdo con un funcionario estadounidense.

Calderón la presiona sobre este tema y la gobernadora evade, señalando que en las reuniones institucionales con autoridades estadounidenses se habla de temas de seguridad de interés bilateral.

Pero la entrevistadora no le preguntaba sobre esas reuniones, sino lo que promete en las grabaciones: entregarles todo lo que hubiera escuchado en las reuniones de las mesas de seguridad para resolver su situación legal en Estados Unidos.

Ávila actuó fuera del marco institucional, violando la Ley de Seguridad Nacional e incurriendo en el delito de traición a la patria, al no informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la reunión que había tenido con el “asesor” estadounidense, ni haber reportado lo que hablaron.

De todo lo que reveló De Mauleón, la presidenta se enteró por De Mauleón. Introducir el factor Bonilla es un mero distractor para alargar su vida política.

Sheinbaum tiene razón: la gobernadora es un lastre que tiene que quitarse.

La disputa por las candidaturas dentro de Morena

El segundo paquete de precandidaturas a gobernador, llamadas eufemísticamente coordinadores para la defensa de la transformación, le ha costado sangre a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyos estrategas electorales tuvieron que hacer marrullerías y satisfacer los mínimos exigidos en Palacio Nacional.

Encabezados por Iván Silva, el responsable de sacar adelante a los delfines de la presidenta, alteraron resultados de encuestas para cumplir los deseos presidenciales y cruzaron lealtades con sus enemigos, en especial con el senador Adán Augusto López Hernández, dejando almas resentidas y provocando fracturas en Morena.

La presidenta no tuvo suficiente músculo para imponer todos sus deseos, y aunque hay dos designaciones que parecen su hechura presidencial, una tiene apoyos compartidos entre el Zócalo y Palenque: Quintana Roo, que era uno de los campos de batalla entre Sheinbaum y las fuerzas que representan al expresidente Andrés Manuel López Obrador, en cuya trinchera también está López Hernández, y Guerrero.

Quintana Roo

Eugenio Segura será el abanderado de Morena en Quintana Roo, al derrotar en la contienda a Rafael Marín Mollinedo, a quien López Obrador le había garantizado que él se quedaría con la candidatura, y operó para que su hijo Andrés llevara recursos del Estado de México a su campaña.

Segura era la opción posible para la presidenta, aunque originalmente apostó por la alcaldesa de Benito Juárez -que incluye Cancún-, Ana Patricia Peralta, descarrillada tras conocerse la cancelación de su visa estadounidense.

La sanción del Departamento de Estado se dio cuando descubrieron que Peralta no estaba jugando con la presidenta, sino que era informante de Marín Mollinedo y del general Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, y con investigaciones en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y delitos como el contrabando de combustible.

La lealtad de Segura, sin embargo, no está al 100% con Sheinbaum, pues en la recta final tocó base en Palenque para asegurarle al expresidente que cuidaría sus intereses en Quintana Roo.

Guerrero

En Guerrero, la apuesta presidencial siempre fue Beatriz Mojica, aunque existía la percepción de que Sheinbaum estaba respaldando a Esthela Damián, muy cercana a ella y su consejera jurídica en la Presidencia, cargo al que renunció en abril después de tener fuertes desacuerdos con ella.

En el estado, el dolor de cabeza fue el senador Félix Salgado Macedonio, a quien López Obrador también le había ofrecido la gubernatura tras el sexenio de su hija Evelyn Salgado, pero las presiones de Sheinbaum a Morena para prohibir el nepotismo se lo impidieron.

Salgado Macedonio ejerce control sobre las cosas que pasan en Guerrero, pero Mojica también tiene un largo trabajo de campo en el estado.

El senador ha sido neutralizado por ahora, con la amenaza de que, si se cruza en el camino, lo expulsarán de Morena.

El problema inmediato que tiene Mojica es con Abelina López, la polémica alcaldesa de Acapulco, que ha cuestionado airadamente la designación de su adversaria, aunque en el fondo, consideran en Morena, está pidiendo con sus quejas que su relevo interino, Leticia Lozano, con quien tiene una muy estrecha relación, se quede con la alcaldía del puerto.

Baja California

Los principales escollos para Palacio Nacional no se dieron ahí, sino en Baja California y Zacatecas, cuyas precandidaturas fueron para Julieta Ramírez y Verónica Díaz, gracias a los artilugios de Silva, que como no le daban los números de las encuestas para que resultaran seleccionadas por el método tradicional en Morena, las ignoró.

La encuesta en Baja California la ganó Ismael Burgueño, presidente municipal de Tijuana, respaldado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila, y en Zacatecas triunfó el diputado Ulises Mejía.

Burgueño nunca estuvo en el ánimo de la presidenta, y Sheinbaum le había dicho a la dirigencia de Morena que no podía ganar.

Burgueño está siendo investigado junto con el empresario Fernando Salgado, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, reveló a finales del año pasado el semanario Zeta.

Estados Unidos, que está armando los vínculos gubernamentales y empresariales con Los Rojos -una extensión del Cártel de Sinaloa- en Baja California, los tiene en la mira.

Salgado también es muy cercano a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a quien le está revisando Washington sus nexos con el crimen organizado.

Baja California era un embrollo político porque se cruzaban intereses. Burgueño estaba respaldado por Alfonso Brito, que es uno de los operadores de medios de la Presidencia, mientras que Ramírez era impulsada por Silva, que también es asesor de la gobernadora Ávila.

Mientras los colaboradores de Sheinbaum tomaban trincheras opuestas, quien se levantó con la victoria fue un enemigo de la presidenta, el senador López Hernández, para quien la próxima candidata trabajó como promotora y ariete contra Sheinbaum durante la contienda por la candidatura presidencial.

Zacatecas

En Zacatecas, la alianza de la presidenta con el diputado Ricardo Monreal se pudo salvar gracias a las trampas que hizo Silva con las encuestas.

La senadora Díaz no había dado los resultados esperados y en todas las mediciones había punteado Mejía, que la aventajaba casi dos a uno.

Pero para mantener el acuerdo con Monreal, coordinador de la bancada de Morena, que a cambio de sacrificar a su hermano Saúl, también senador, quería la candidatura, acordó que él designaría a la sucesora de su otro hermano, David, el actual gobernador.

La presidenta respaldó a los Monreal sacrificando a Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro y leal a la presidenta Sheinbaum, quien apoyaba a Mejía, que de inmediato protestó la decisión.

Michoacán

El senador López Hernández también logró una importante victoria táctica en Michoacán, donde la precandidatura quedó en manos de Carlos Torres Piña, que está respaldado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que tiene una sólida alianza con el senador, relegando al senador Raúl Morón, que pensaba que tenía el respaldo de la presidenta en la segunda ocasión consecutiva que buscaba la candidatura.

En Michoacán y Baja California, la sombra de López Hernández viene aparejada por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y su brazo armado en el sureste del país, La Barredora, investigados en México y Estados Unidos.

El proceso de selección de candidaturas está reflejando las tensiones de la disputa por el poder que se vive dentro de Morena, donde la presidenta sigue mostrando debilidades y vulnerabilidades, sin poder sacudirse, al iniciar el segundo tercio de su gobierno, los lazos que la amarran con su pasado inmediato.

Las próximas designaciones la próxima semana, arrojarán más luz a este choque fratricida.

Violencia juvenil y «juvenicidio» en México

Claudia Tacoronte, una joven estudiante española de 21 años que tenía un mes de haber llegado a México para un intercambio académico de seis meses con la Universidad Autónoma de Morelos, fue asesinada el sábado en Cuautla, aparentemente por un joven que, suponen las autoridades, trató de robarla y que, al defenderse, la apuñaló.

Claudia, que no sabemos si sabía que los feminicidios son un cáncer que padece Morelos hace varios años, llegó a pensar que podía morir lejos de su patria, como tampoco sabemos si su asesino, sabía que quién era.

Aunque estas reflexiones carecen de importancia judicial, no así el fenómeno de la violencia juvenil en México, donde el homicidio pasó a ser la principal causa de muerte de los jóvenes en 2010.

Nos acercamos a los 30 años de una sociedad profundamente deteriorada en su cohesión social, su estado de Derecho y su capacidad institucional.

Son tres generaciones cuya trayectoria de vida se interrumpió violentamente antes de que hubiera comenzado plenamente. ¿Qué tipo de sociedad produce este fenómeno juvenil donde morir violentamente se ha convertido en una probabilidad estadísticamente significativa?

El homicidio como causa de muerte juvenil

Los homicidios constituyen, de acuerdo con el INEGI, en la principail causa de muerte de jóvenes entre los 15 y 34 años, y siete de cada 10, como agravante, se cometieron con arma de fuego.

Se puede argumentar, como lo han sugerido expertos, que si un país tiene muchos homicidios juveniles durante un año, es un problema de seguridad, pero si los tiene durante una década, concentrados en determinados grupos de edades, grupos sociales y regiones, lo que se tiene enfrente es un problema social y político mucho más profundo.

Esto es reforzado por el hecho que los estados donde más impacto ha causado la violencia en los jóvenes es en Guanajuato, estado de México, Chihuahua, Baja California y Sinaloa, entidades que han estado siempre presentes en la espiral de fuego en la que ha estado el país a lo largo del siglo.

Estos estados muestran las pinceladas de lo que han sido las guerras contra los cárteles y sus luchas intestinas, como podría argumentarse en el caso de Baja California, donde el fenómeno comenzó con los narcojuniuors en la época de la gloria criminal del Cártel de Tijuana, encabezado por los hermanos Arellano Félix, que ensangrentó el país en los 90, o Guanajuato, donde se siguen peleando los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación por el huachicol.

Chihuahua, que tiene una de las rutas más lucrativas para el crimen organizado, ha estado hace décadas en lo alto de las preocupaciones institucionales sin importar la evolución criminal, como también Sinaloa, donde cualquier explicación de las raíces y desarrollo de sus actividades delincuenciales, es redundante.

Esto es lo que llamó en 2012 José Manuel Valenzuela Arce, investigador del Colegio de la Frontera Norte el “juvenicidio”, un concepto que acuñó al analizar las características estructurales y sistémicas de los asesinatos de los jóvenes, como crímenes que no eran aislados, sino como parte de una eliminación constante de ese grupo poblacional, que llevaba a la normalización de la violencia.

“Andaban en algo” ha sido una frase con la que hemos deshumanizado a los jóvenes asesinados, culpando a las víctimas, convirtiendo una anomalía en parte del funcionamiento ordinario de la sociedad.

Pobreza, marginación y reclutamiento

Más preocupante que haya homicidios, de si sumamente grave, es lo que significa que mueran jóvenes de manera violenta y que el fenómeno se vuelva estructural y relativamente normalizado, sin reparar en que había razones que les habían pavimentado el camino a la muerte: pobreza extrema, marginación, familias fragmentadas y falta de oportunidades, a lo que se ha agregado desde hace más de 15 años, el reclutamiento forzado por el crimen organizado.

Esto es lo que llamó el expresidente Andrés Manuel López Obrador como “atender” las causas de la violencia para justificar el abandono del Estado del territorio, entregándoselo a los cárteles de las drogas, que contratastaba con los expresidentes Felipe Calderón, que también habló de “atender” las causas que empujaban a los jóvenes al crimen organizado, y Enrique Peña Nieto, que abandonío causas y combate, por lo que en la segunda parte de su sexenio, la violencia se disparó.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha retomado el discurso de su antecesor, pero ha utilizado una estrategia que está más cerca de Calderón y en las antípodas de la de López Obrador.

Las estrategias de seguridad y la mortalidad juvenil

La violencia entre los jóvenes tiene una correlación con las estrategias de seguridad que se han implentado en el siglo.

Durante el gobierno de Vicente Fox los números de homicidios no habían levantado las alertas rojas por una razón: no se combatió a los cárteles, que en ese entonces se dividían el país en dos -el Cártel del Pacífico y el Cártel del Golfo-, y la Federación, que encabezada el Cártel de Sinaloa, aún no se desintegraba.

Calderón actuó para recuperar territorios controlados por el narco -80 municipios aproximadamente-, mediante una estrategia que disparó las estadísticas de muertes.

Su punto de inflexión fue mayo de 2011, pero Peña Nieto abandonío la estrategia, pensando que la violencia bajaría. Gran error.

Le entregó a López Obrador un país bañado de sangre, que por seguir la misma estrategia, aumentó la violencia y las muertes.

En 2013, el “juvenicidio” era inequívoco: los homicidios en ese grupo demográfico representaban el 28.7% de las muertes, contra el 16.6% de los accidentes de tráfico.

Para 2018, los homicidios entre los jóvenes se incrementó a 31.3%.

Al entregar el poder López Obrador a Sheinbaum, se habían reducido los homicidios en el grupo de hombres de 15 a 24 años, pasando al segundo lugar después de accidentes de tránsito, pero no así en el grupo de 25-34 años, los homicidios fueron la primera causa de muerte entre hombres.

No se han logrado desplazar las causas de violencia del centro de la mortalidad juvenil, particularmente en los hombres, pero hemos perdido la capacidad de asombro, porque han aparecido mecanismos de adaptación: primero: la sociedad se horroriza; después: se acostumbra; finalmente: deja de preguntar.

La muerte de los jóvenes la hemos deshumanizado cuando se mexicanos ordinarios se trata, a quienes les damos el tratamiento de estadística.

No es así cuando son prominentes o pertenecen a las clases socioeconómicamente privilegiadas, o cuando sucede con extranjeros, como Claudia Tacoronte, donde le damos un valor que le quitamos a miles de jóvenes mexicanos asesinados en las calles mexicanas, sin entender colectivamente que sus muertes son un indicador de futuro perdido.

Publicación

Algunas publicaciones Manual para un nuevo periodismo.

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