La documentación reunida sobre presos políticos en Chile muestra que no existe una sola categoría histórica, jurídica o política aplicable a todos los casos. En el material aparecen, entre otros, ex prisioneros políticos de la dictadura, personas condenadas por tribunales militares, presos mapuche, detenidos por hechos atribuidos a organizaciones radicales y personas encarceladas durante la revuelta social.
La Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile, las agrupaciones de familiares, las organizaciones mapuche y las coordinadoras de solidaridad han utilizado expresiones diferentes para describir estas experiencias. Por ello, las divisiones deben entenderse como categorías históricas y organizativas, no como una clasificación judicial única.
Principales divisiones históricas
| División | Periodo o contexto | Rasgos presentes en la documentación |
|---|---|---|
| Ex prisioneros políticos de la dictadura | Desde el golpe civil-militar y las décadas posteriores | Detención, tortura, desaparición forzada, búsqueda de verdad, justicia, reparación y revisión de condenas. |
| Condenados por Consejos de Guerra | Periodo de la dictadura | Sentencias cuya anulación puede solicitarse mediante un Recurso de Revisión ante la Corte Suprema. |
| Presos políticos mapuche | Principalmente desde la década de 1990 | Conflictos territoriales, reivindicación de tierras ancestrales, aplicación de legislación antiterrorista y demandas de libertad. |
| Presos vinculados a organizaciones radicales | Décadas de 2000 y 2010 | Procesamientos o condenas por incendios, asaltos, homicidios, porte de armas y otros delitos; sus organizaciones los presentan como presos políticos. |
| Presos de la revuelta social | Desde 2019 | Prisión preventiva, condenas y denuncias de criminalización de la protesta y de la lucha social. |
Ex prisioneros políticos de la dictadura
Una de las divisiones centrales corresponde a quienes fueron detenidos y encarcelados por razones políticas durante la dictadura. La documentación de la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile relaciona esta experiencia con la verdad, la justicia, la reparación y la memoria histórica.
Cada 11 de septiembre, conmemoramos el golpe civil-militar perpetrado en nuestro país por el ejército, la marina, la aviación y carabineros, con el dictador Augusto Pinochet a la cabeza. Como siempre esta fecha no tiene el mismo significado para todos los chilenos. Un sector de la sociedad más bien lo celebra, pues este hecho histórico significó asegurar sus privilegios “per sé”, sin que el horror sufrido por miles y miles de chilenos significara algo que perturbe su ambición, hasta el día de hoy.
La documentación también vincula la experiencia carcelaria con la tortura y con la desaparición forzada. El testimonio «Yo fui torturado. Verdad, justicia, y reparación» y los materiales de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos expresan esa dimensión de la represión estatal.
La búsqueda de familiares desaparecidos constituye otra vertiente inseparable de esta memoria. «Queremos la verdad: queremos encontrar a nuestros familiares desaparecidos» resume una demanda que aparece junto con las exigencias de justicia y reparación.
La división de los condenados por Consejos de Guerra
Los condenados por Consejos de Guerra forman una categoría específica dentro de los ex prisioneros políticos. Su situación se relaciona con sentencias dictadas por tribunales militares durante el periodo de la dictadura y con la posibilidad de solicitar posteriormente su anulación.
Para obtener la anulación de una sentencia dictada por un Consejo de Guerra, se debe interponer un Recurso de Revisión conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal antiguo. Esta acción es el mecanismo jurídico idóneo para cuestionar sentencias firmes que adolecen de vicios fundamentales.
La existencia de esta vía diferencia a los condenados por Consejos de Guerra de otras categorías de presos políticos, porque el debate no se limita a la reparación económica o a la memoria, sino que también incluye la revisión de la validez de las sentencias.
La organización de los ex prisioneros políticos
La Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile reúne a personas y organizaciones que mantienen demandas vinculadas con la reparación, las pensiones, la salud y el reconocimiento de las consecuencias de la prisión política.
Desde el comienzo de nuestra organización, el compañero nos acompañó con compromiso y entusiasmo, para luego ser parte de nuestra dirección nacional como miembro de la Comisión Revisora de Cuentas.
La organización también desarrolla encuentros nacionales. La noche del viernes 20 de febrero comenzaron a llegar los delegados de diversas regiones del país para participar del XVII Encuentro Nacional de la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile.
El trabajo comenzó temprano por la mañana del sábado, 21 de febrero. El Encuentro se realizó en la ciudad de Angol, donde Juan Torres, contacto local de nuestra organización, nos consiguió alojamiento y facilidades necesarias para esta importante reunión.
Esta es la primera reunión nacional presencial despues de la pandemia, la última presencial se realizó en 2020. En tanto, las subsiguientes se llevaron a cabo virtualmente.
Reparación, salud y pensiones
Las demandas de los ex prisioneros políticos no se limitan a la libertad o a la anulación de condenas. También incluyen medidas de reparación vinculadas con la salud, las pensiones y el reconocimiento de los daños producidos por la prisión y la tortura.
La doctora del PRAIS Occidente, Ana Toro Cepeda, ha iniciado una campaña de firmas protestando por la inclusión del Programa PRAIS dentro de la lista de programas a «descontinuar», por parte del actual gobierno.
La petición se entregará a la Ministra de Salud, May Chomali. Instamos a todas y todos que después de leer dicha carta procedan a firmarla.
«Es por esto que como médicas, médicos, profesionales de la salud y todo/a aquel comprometido con la memoria y la reparación, instamos a las autoridades que proponen la descontinuación de PRAIS y a la figura principal de nuestro Ministerio de Salud, Dra May Chomali a reconsiderar cualquier medida que afecte la operatividad del PRAIS.
La gestión de los recursos públicos no puede estar disociada de la evidencia clínica ni de los compromisos éticos fundamentales. Un programa de Derechos Humanos que se mide con una lógica de ahorro financiero ha perdido, en esencia, su función reparatoria.»
Otra controversia se relaciona con las pensiones de reparación. El 11 de noviembre 2025, el Tribunal Constitucional (TC) sentenció sobre un requerimiento presentado por el abogado Marcelo Vasseur Aguirre, y en dicha sentencia declaró inconstitucional el art. 36 incisos 2, 3 y 4 de la Ley 21.419 (LEY PGU).
Esto significa que el Estado no puede negarle la PGU a los Pensionados Valech. Esta sentencia del TC permite, entonces, que se pueda presentar una acción ante los Tribunales para que quienes fueron negados el beneficio por ley reciban:
- El pago de su PGU (sin la necesidad de esperar los plazos de la nueva reforma previsional).
- Pago Retroactivo (Desde junio 2022).
- Intereses y Reajustes.
Presos políticos mapuche
Otra división ampliamente representada en la documentación corresponde a los presos políticos mapuche. Esta categoría se relaciona con la defensa del territorio, la restitución de tierras ancestrales, la autonomía y la oposición a la represión estatal.
Entre los materiales aparecen llamados como «Libertad a los presos políticos mapuche. ¡No más represión!», «¡Libertad a los presos políticos mapuche!», «Libertad a los presos políticos Mapuche. ¡Marrichiweu!» y «Libertad a todxs lxs prisionerxs políticxs mapuche».
La documentación también registra una «Historia de lucha de weichafe del Pueblo Nación Mapuche» y el material «Nación Mapuche de Pie». Estas expresiones sitúan la prisión política dentro de una historia más amplia de lucha territorial y reivindicación del Pueblo Nación Mapuche.
La división mapuche no es completamente homogénea. Incluye dirigentes sociales, autoridades tradicionales, personas procesadas por delitos vinculados con conflictos territoriales y militantes atribuidos a organizaciones radicales.
La aplicación de la legislación antiterrorista constituye una de las principales preocupaciones. El material «No+ley antiterrorista» expresa el rechazo a una normativa considerada por las organizaciones como un instrumento de criminalización de la protesta y de las reivindicaciones territoriales.
Presos vinculados a organizaciones radicales
En la documentación aparecen personas que las organizaciones presentan como presos políticos, aunque enfrentan condenas o acusaciones por delitos comunes graves. Entre los hechos mencionados se encuentran incendios, robos con violencia, homicidios, homicidios frustrados, disparos injustificados, porte ilegal de armas y desórdenes públicos.
La Coordinadora Arauco Malleco difundió un listado de 10 “presos políticos” y convocó a una manifestación afuera de la cárcel de Temuco. Entre los asistentes estuvo el líder del grupo radical, Héctor Llaitul.
El acto ocurrió luego de la controversia generada por los dichos de la ministra Jeanette Vega, quien dijo que “hay personas que han sido encarceladas fundamentalmente por defender su derecho a la restitución de tierras”. Vega terminó retractándose.
El material perfiló a seis de las personas incluidas en ese listado, pero sus situaciones procesales no eran idénticas: algunas tenían condenas confirmadas, otras se encontraban en prisión preventiva y otras esperaban el juicio.
Daniel Domingo Canío Tralcal
El 17 de enero de 2020 fue sentenciado en primera instancia a 16 años de cárcel como autor de un atentado incendiario perpetrado en 2018 en el fundo Oyama, de Lautaro, en La Araucanía, donde fueron quemados 4 camiones forestales y un furgón.
Fue detenido en la balacera posterior con Carabineros, en la que recibió un tiro en la pierna derecha. El tribunal lo condenó como autor de incendio, robo con intimidación, y porte ilegal de armas de fuego y municiones.
La Corte Suprema confirmó la condena en abril de ese año. “Para nosotros esta es una condena política, y la respuesta se viene”, dijo el líder de la organización radical, Héctor Llaitul, luego de que se conociera el veredicto en 2020.
Luis Eduardo Vásquez Tramolao
El 10 de junio de 2021 fue detenido por su presunta responsabilidad en 2 atentados incendiarios realizados el 4 de junio de ese año, junto a un grupo de encapuchados: la quema cerca de las 6pm de 2 camiones en el kilómetro 11 de la ruta R-44 que une Los Sauces y Lumaco, y la quema cerca de las 6:30 pm de la casa patronal y un galpón del fundo Las Vegas de Centenario.
La fiscalía lo acusó, apoyada en un peritaje balístico que aseguró que una escopeta calibre 12 incautada en su casa habría sido usada en el ataque a los camiones, entre otras pruebas.
Pidió 2 penas de 4 años cada una por disparos injustificados, una de 12 años por incendio de inmueble y 10 años por incendio reiterado. Está recluido en el penal de Angol.
La CAM también lo revindicó como uno de sus miembros. “Damos todo el respaldo a nuestros presos políticos”, dijo este miércoles Juan Pichún, vocero del grupo radical, a la agencia EFE.
Heriberto Moroni Ancalaf Prado
El 6 de octubre de 2021 fue detenido por su presunta responsabilidad en el homicidio del sargento Francisco Benavides de Carabineros, ocurrido ese año.
De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía, a las 3:52 pm del 24 de mayo de 2021, tras participar de una protesta, Heriberto Ancalaf y su hermano Matías se ubicaron a un costado de la ruta R-35 de Collipulli.
Según la fiscalía, dispararon a un carro Mowag que había llegado al lugar a restaurar el flujo por la vía rural. Uno de los proyectiles impactó en la zona toráxica derecha al sargento Benavides, que iba de vigía, causándole un shock hemorrágico.
En la acusación, que consignó 120 testimonios y 235 pruebas documentales, se solicitó al tribunal que lo condenara a 20 años de cárcel por el homicidio del sargento.
A estos se sumaron 16 años de cárcel por 4 delitos de disparos injustificados; 10 años por homicidio frustrado de otro carabinero; 8 años por 2 delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, más 300 días por desórdenes públicos, superando así los 54 años.
La defensa de los hermanos sostuvo tras la formalización de cargos en octubre que “no hay antecedentes para acreditar todos los hechos (…). A pesar de encontrarse angustiados con la situación, están tranquilos respecto de su inocencia”. El caso irá a juicio.
Matías Abidani Ancalaf Prado
En su caso la fiscalía pidió presidio perpetuo calificado por el homicidio consumado de un carabinero en acto de servicio, lo que, en caso de condena, implicaría que no podría optar a beneficios antes de 40 años.
Además, solicitó 10 años de cárcel en su contra por homicidio frustrado de otro carabinero en un atentado previo; 16 años por 4 delitos de disparos injustificados; 4 años por tenencia ilegal de arma de fuego, y 300 días por desórdenes públicos.
A esto se sumó la solicitud de 4 años de cárcel por el abuso sexual de una vecina del lugar en los días posteriores al homicidio.
José Rodrigo Cáceres Salamanca
El 23 de diciembre de 2019 el Tribunal de Juicio Oral de Temuco lo condenó a 24 años de cárcel por un asalto a una caja de compensación de la ciudad de Galvarino, en La Araucanía, ocurrido el 24 de abril de 2018, donde tomaron rehenes.
La condena fue a 14 años de presidio como autor del delito consumado de robo con violencia; 7 años por porte ilegal de arma de fuego prohibida y tenencia ilegal de municiones y partes de armas; y 3 años por lesiones menos graves de carabinero.
El Lof Radalko de Curacautín lo describió tras su veredicto como “un compañero consecuente con la lucha por defender el territorio”.
En agosto del año pasado Gendarmería levantó un parte por una golpiza que Cáceres habría dado a Facundo Jones Huala, el ciudadano argentino sindicado por el gobierno de Mauricio Macri como líder de la RAM, organización que describieron como hija de la CAM.
Luis Kallfulican Tranamil Nahuel
Fue detenido el 10 de marzo de 2021 como presunto autor del homicidio del cabo Eugenio Naín, baleado el 30 de octubre de 2020, en La Araucanía, junto a otras 6 personas, y ascendido póstumamente al grado de suboficial mayor.
El fiscal Carlos Bustos, de la fiscalía de Alta Complejidad de la región, lo formalizó por 4 delitos: el homicidio consumado del cabo, el homicidio frustrado de un oficial de Carabineros que estaba en el lugar, el homicidio frustrado del conductor de un camión y porte ilegal de un arma.
La fiscalía luego pidió 43 años de cárcel para él. La audiencia de preparación de su juicio oral está programada para julio.
La fiscalía lo situó en el lugar del hecho a través de cámaras de vigilancia que estaban en el lugar y que aparentemente lo muestran en un vehículo, pero no como quien disparó al carabinero.
Su defensa ha asegurado que “no participó en la muerte del sargento Nain”, que sólo hay una presunción de que conducía un vehículo visto en el lugar y que no se encontró el arma, por lo que la configuración de la prueba es indeterminada.
Es hermano del machi Fidel Tranamil, quien en 2017 fue sindicado por Carabineros como líder del grupo radical Weichan Auka Mapu (WAM) y quien en 2018 fue sobreseído de asociación ilícita terrorista en la denominada “Operación Huracán”, que resultó ser un montaje policial.
Presos políticos chilenos en el extranjero
Otra división se refiere a los presos políticos chilenos detenidos fuera del país. La documentación incluye un material titulado «Presos políticos chilenos detenidos en Brasil», así como una «Declaración pública. Presos extranjeros en la Penitenciaria de Itaí-Sã».
Estos casos muestran que la solidaridad política y jurídica no se limitó al territorio chileno. También aparecen referencias a personas encarceladas en Perú y a campañas internacionales relacionadas con la libertad de presos políticos.
El material «Solidaridad con los presos políticos del Perú» incluye un informe sobre presos políticos, mientras que otro documento registra: «Perú [. ] ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Cuatro días de huelga de hambre¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡».
Presos de la revuelta social
Desde 2019 se consolidó otra categoría: las personas encarceladas por hechos ocurridos durante la revuelta social. Las organizaciones utilizan expresiones como «presxs políticxs de la revuelta», «presxs a las calles» y «no más presos por luchar».
La documentación incluye los llamados «Libertad a todxs lxs presxs politicxs de la revuelta», «Libertad a lxs presxs políticxs de la revuelta», «Ni un día + en la cárcel. Fin a la prisión política» y «¡Libertad a lxs presxs de la revuelta social!».
También aparecen convocatorias a actividades públicas: «Jornada de Agitación por la Libertad de lxs Presxs Políticxs del Abya», «Solidaridad y agitación por la liberación de los presxs políticxs!» y «Para lxs presxs liberar, rebeldía popular. no más presos por luchar!».
La expresión «revuelta social» permite distinguir estos casos de la prisión política de la dictadura y de los procesos relacionados con la reivindicación territorial mapuche, aunque las organizaciones los vinculan mediante la denuncia común de la criminalización de la protesta.
Así Fue La Mayor Fuga de la Historia de Todo Chile.
La solidaridad como elemento común
Las campañas de solidaridad constituyen un elemento transversal a las diferentes divisiones. En los documentos aparecen llamados a la libertad de personas concretas, actos frente a cárceles, marchas, mítines, huelgas de hambre y jornadas de agitación.
Entre los materiales figuran «Por la libertad y la vida de Marcela Rodríguez», «Libertad para Eduardo Asenjo ahora y todos los presos políticos», «Libertad a Mauricio Hernández Norambuena. Ramiro a la calle. Fin a aislamiento» y «Álzate Chile contra la injusticia. ¡Libertad a Ramiro! Fin a su aislamiento».
También se registran convocatorias generales como «Convocatoria a marchar y vencer abriendo las cárceles de Chile», «Marcha por la libertad de todxs lxs prisionerxs polítikxs chilenxs y m» y «Por la libertad de los presos políticos. Todos los viernes. Mitin x la».
La solidaridad incluye además a familiares y personas detenidas desaparecidas. «Cena del Señor en solidaridad con los familiares detenidos desaparecidos» expresa una dimensión comunitaria y memorial de estas acciones.
Familiares, memoria y reparación
Las agrupaciones de familiares de detenidos-desaparecidos forman otra división organizativa relacionada con la prisión política, aunque no se trate de una categoría de personas encarceladas. Su trabajo está centrado en localizar a los desaparecidos, esclarecer los hechos y exigir responsabilidades.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos-AFDD aparece en declaraciones fechadas en 1993. Otros materiales plantean preguntas como «Verdad y justicia. ¿Serán posible en nuestro Chile de hoy?» y «Cómo creer? Cómo ayudar?».
La memoria también se expresa en publicaciones y testimonios. «La crónica que Diana Arón no pudo escribir» y «Yo fui torturado. Verdad, justicia, y reparación» vinculan las historias individuales con la exigencia colectiva de verdad y justicia.
La prisión política como concepto en disputa
La denominación «preso político» no se utiliza de la misma manera por el Estado, los tribunales, las organizaciones de derechos humanos, las agrupaciones mapuche y las coordinadoras de solidaridad.
En algunos casos, las personas han sido condenadas por delitos graves y las organizaciones sostienen que esos procesos tienen una motivación política, que existen irregularidades probatorias o que se ha aplicado una legislación represiva. En otros, se trata de personas sometidas a prisión preventiva, por lo que todavía no existe una sentencia definitiva.
La documentación incluye expresiones como «No a la impunidad. Libertad ahora a los prisioner@s polític@s», «¡Libertad para todos los prisioneros políticos! sin impunidad» y «La libertad de los presos políticos ya no puede dilatarse más».
También aparecen posiciones que rechazan las categorías tradicionales de inocencia y culpabilidad: «Ni inocentes, ni culpables solo tus enemigxs!!! Fuego a todas las cárceles» y «¡Poder judicial, parlamento y ejecutivo un solo brazo represivo para b».
La dimensión internacional de la denuncia
Las campañas chilenas se conectan con experiencias latinoamericanas de persecución política, encarcelamiento y represión. Los materiales mencionan a presos de Perú, Brasil y otros países, además de declaraciones de solidaridad continental.
La «Declaración pública. Coordinadora Continental Bolivariana - Capítulo C» y otros documentos reflejan una lectura internacionalista de la prisión política, en la que las fronteras estatales no impiden la coordinación de campañas y denuncias.
Esta dimensión internacional también se relaciona con la exigencia de verdad, justicia y reparación y con el rechazo a la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos.
De la dictadura a la protesta contemporánea
La documentación permite observar una continuidad de demandas, pero no una identidad completa entre todos los periodos. Los ex prisioneros políticos de la dictadura reclaman reconocimiento, reparación y justicia por hechos ocurridos bajo un régimen militar.
Los presos mapuche aparecen vinculados con conflictos territoriales y con la reivindicación de derechos colectivos. Los presos asociados a organizaciones radicales enfrentan acusaciones o condenas por hechos violentos, mientras sus organizaciones denuncian una persecución política.
Los presos de la revuelta social corresponden a un ciclo posterior de movilización, en el que las organizaciones denuncian el uso de la prisión y del sistema penal contra quienes participaron en protestas.
Por eso, las divisiones históricas más claras son: ex prisioneros políticos de la dictadura, condenados por Consejos de Guerra, presos políticos mapuche, presos vinculados a organizaciones radicales, presos de la revuelta social, presos chilenos detenidos en el extranjero y familiares organizados en torno a detenidos-desaparecidos.
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