Actualmente, Haití no está gobernado por un partido político elegido mediante elecciones nacionales, sino por un Consejo Presidencial de Transición (CPT), creado para gestionar la crisis política y encaminar al país hacia nuevas elecciones.
Desde abril de 2024, un Consejo Presidencial de Transición (CPT), creado por actores internacionales para gestionar la crisis y encaminar nuevas elecciones, detenta un poder nominal y está empantanado en escándalos.
Haití no tiene un gobierno nacional electo desde hace años. El repetido fracaso en la celebración de elecciones, no solo presidenciales sino también legislativas, significa que Haití no ha tenido un solo funcionario gubernamental electo desde que expiró el mandato de los últimos senadores en enero de 2023.
El Consejo Presidencial de Transición no es un partido
El CPT es una estructura transitoria y no una formación política tradicional. Su función consiste en administrar el Estado durante el vacío institucional, coordinar la respuesta a la crisis de seguridad y preparar la celebración de elecciones presidenciales y legislativas.
La autoridad política se desvinculó cada vez más de las instituciones gubernamentales formales. El respaldo internacional a Ariel Henry como primer ministro interino -a pesar de no tener mandato electoral ni legitimidad constitucional- terminó por vaciar aún más las ya frágiles instituciones del Estado.
El panorama actual no surgió de la noche a la mañana. Sus raíces se remontan a la reconstrucción posterior al terremoto de 2010, cuando los donantes, el Estado y los actores locales convirtieron la política en una cuestión de infraestructura, prometiendo construir viviendas, carreteras, hospitales y escuelas.
El asesinato del presidente Moïse en julio de 2021 generó un vacío constitucional que aceleró la transformación del Estado haitiano. Sin un proceso de sucesión claro y con el mandato de la mayoría de los funcionarios electos vencido, la autoridad política se desvinculó cada vez más de las instituciones gubernamentales formales.
Durante décadas, Haití ha sido descrito como un país en una encrucijada. Pero una encrucijada sugiere elección, posibilidad, avance. Lo que define a Haití ahora es algo distinto: un callejón sin salida, una situación de bloqueo e inmovilidad que deja atrapadas a millones de personas en el lugar donde se encuentran.
Quién ejerce el poder mientras no hay elecciones
El CPT detenta un poder nominal, pero su capacidad para gobernar está limitada por la violencia de las pandillas, la debilidad de las instituciones y la falta de legitimidad electoral.
La inseguridad no proviene solo de las pandillas, sino también de la casi total desaparición del Estado.
Cuando un sistema político está completamente bloqueado, la política tradicional es sustituida por rivalidades entre individuos, partidos y grupos de interés. La gangsterización del Estado, seguida de la toma de control de gran parte del país por las pandillas, representa una nueva versión de este viejo patrón.
Pero mientras los bloqueos anteriores mantenían la disputa política dentro de las instituciones formales, el nuevo estancamiento ha empujado la política más allá del Estado.
Calendario electoral previsto
El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití presentó un nuevo calendario electoral, que fija la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas para el 30 de agosto de 2026 y la segunda vuelta para el 6 de diciembre.
| Proceso | Fecha prevista |
|---|---|
| Primera vuelta presidencial y legislativa | 30 de agosto de 2026 |
| Segunda vuelta | 6 de diciembre |
| Últimas elecciones celebradas | 2016 |
| Expiración del mandato de los últimos senadores | Enero de 2023 |
Esto representa un paso importante para resolver la prolongada transición política, ya que Haití lleva sin funcionarios legislativos electos desde enero de 2023.
Sin embargo, persisten dudas debido a la violencia de las pandillas, que podría retrasar las elecciones, y al mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), que está previsto que termine en febrero de 2026.
Además, el CPT aprobó una ley electoral largamente esperada el 1 de diciembre, estableciendo el marco legal y político necesario para facilitar las próximas elecciones.
El Consejo Electoral Provisional
El 18 de septiembre, el Gobierno de Haití anunció la creación de un Consejo Electoral Provisional (CEP) para supervisar las próximas elecciones del país, previstas para 2026.
El nuevo CEP ha sido presentado por el Gobierno de transición como un paso clave para garantizar elecciones libres y justas y restaurar la estabilidad democrática.
Según el decreto que designa a los miembros del CEP y establece su mandato, el organismo debe estar compuesto por nueve miembros representantes de distintos sectores.
El Gobierno había nombrado inicialmente solo a siete miembros, procedentes de grupos que representan a periodistas, agricultores, universidades, organizaciones religiosas y sindicatos.
Los dos puestos restantes, destinados a representantes de los sectores de derechos humanos y derechos de las mujeres, permanecieron vacantes porque esos grupos aún no habían designado a sus representantes.
El 13 de diciembre, los dos miembros restantes del Consejo Electoral Provisional (CEP) prestaron juramento. Yves Marie Edouard fue designado representante del sector de las organizaciones de mujeres, mientras que Rose Thérèse Magalie Georges representará al sector de los derechos humanos.
Por qué Haití no tiene un partido gobernante claro
La ausencia de un partido gobernante se explica por la interrupción del calendario constitucional, el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el vencimiento de los mandatos parlamentarios y el aplazamiento repetido de las elecciones.
Las protestas evolucionaron hacia un movimiento contra lo que organizaciones de la sociedad civil denominaron la «gangsterización» del Estado, caracterizada por la creciente complicidad entre funcionarios y bandas armadas.
A lo largo de 2019, los manifestantes adoptaron tácticas conocidas como peyi lòk («país cerrado») y desarrollaron huelgas, marchas y bloqueos que paralizaron la capital.
Para marzo de 2024, la transformación del poder político haitiano estaba completa. Las pandillas armadas impidieron el regreso del primer ministro Henry desde Kenia, donde buscaba organizar una misión policial internacional y demostraron así su capacidad para imponer las condiciones a lo que quedaba del Gobierno.
El primer ministro argumentó que el empeoramiento de los niveles de violencia de las pandillas hacía imposible garantizar unas elecciones libres y justas por el momento.
El papel de Ariel Henry en la crisis
Desde julio de 2021, cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su propia residencia, el país quedó bajo el mandato del primer ministro Ariel Henry.
Desde entonces, el país se encuentra sin presidente y sin celebrar elecciones libres, y a la vez sumido en la creciente violencia perpetrada por grupos criminales.
El político, respaldado por la comunidad internacional, se negó a renunciar, aun cuando debía hacerlo el 7 de febrero, tras un acuerdo con políticos de diversos partidos y la sociedad civil que él mismo suscribió en diciembre de 2022.
La firmeza con la que se aferró al cargo provocó una intensificación de las protestas.
Ante la falta de institucionalidad, las bandas llegaron a dominar grandes zonas de la nación caribeña, como la periferia de su capital, Puerto Príncipe, y el departamento de Artibonite, en el oeste, conocido como «la canasta de pan» de Haití por su importancia agrícola.
Las pandillas y el control territorial
Haití está sumido en el terror de las pandillas desde hace años.
La gangsterización del Estado, seguida de la toma de control de gran parte del país por las pandillas, representa una nueva versión de este viejo patrón.
La crisis de seguridad limita directamente la capacidad del Gobierno de transición para ejercer autoridad.
La cultura de impunidad en las fuerzas del orden deja a los civiles en Haití con poca protección frente al uso ilegítimo de la fuerza, mientras la policía y la población civil son víctimas de ataques letales por parte de grupos criminales fuertemente armados.
La mayoría de las carreteras principales que conectan la capital con otras partes del país siguen bajo el control de grupos armados, que se han expandido hacia otras zonas como el departamento de Artibonite.
Ante una fuerza policial débil y corrupta y una MSS infrafinanciada, estos grupos continúan atacando iglesias, escuelas, comercios y viviendas particulares.
Las viviendas suelen ser incendiadas, lo que contribuye al desplazamiento interno masivo.
La violencia de los grupos armados siguió escalando, y más de 5.600 personas fueron asesinadas en 2024. Otras 2.200 resultaron heridas y 1.400 fueron secuestradas durante el año.
Los grupos armados continuaron sometiendo a mujeres, niñas y personas LGBT+ a violencia sexual.
Al menos 287 personas fueron asesinadas por el movimiento Bwa Kalé, un movimiento de justicieros que comenzó a matar a presuntos miembros de pandillas en 2023.
En octubre de 2024, la banda Gran Grif perpetró una masacre en Pont-Sondé, presuntamente como respuesta a que la comunidad colaboraba con un grupo de autodefensa.
Más de 70 personas fueron encontradas muertas, entre ellas 10 mujeres y 3 bebés, lo que supuestamente acabó con familias enteras.
Esta masacre es considerada la peor de los últimos años, con un número de víctimas superior al de la masacre de La Saline de 2018, en la que murieron al menos 71 personas.
La fuga masiva de la Penitenciaría Nacional
La intensificación de la crisis se reflejó también en el asalto a la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe.
Los grupos armados entraron en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe y facilitaron la fuga de la mayoría de los 3.800 presos que se encontraban allí.
Como consecuencia, el Gobierno provisional tuvo que declarar el estado de emergencia y un toque de queda de 72 horas en Puerto Príncipe, en un intento de mantener la seguridad.
Construida para unos 700 detenidos, esta cárcel albergaba unos 3.687 presos en febrero, de acuerdo con cifras de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.
Los principales sindicatos policiales habían pedido ayuda a los militares para reforzar la seguridad de la prisión y evitar la fuga de los detenidos, la mayor parte de los cuales eran considerados de alto perfil.
Finalmente, los grupos armados irrumpieron durante la noche del sábado.
Los policías destinados a cuidar la cárcel abandonaron sus instalaciones y todavía el domingo por la mañana no había indicios de presencia policial en el centro.
Pero, aunque las rejas estaban abiertas y al parecer la cárcel carecía de vigilancia, no todos los detenidos quisieron escapar.
Algunos optaron por quedarse dentro de la prisión, por considerar que allí estarían más seguros que en las calles.
Un trabajador penitenciario voluntario declaró que 99 prisioneros, incluidos exsoldados colombianos encarcelados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, habían optado por permanecer en sus celdas por temor a morir en el fuego cruzado.
La intervención internacional
La primera unidad de policías de Kenia respaldada por la ONU llegó a Haití para hacer frente al aumento de la violencia de las pandillas, que provocó una grave crisis humanitaria en el país.
La misión es resultado de la Resolución 2699 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en 2023, y tiene el mandato de proporcionar «apoyo operativo» a la Policía Nacional Haitiana para recuperar el control del país.
También se esperaba que se incorporaran fuerzas de Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benín, Chad y Jamaica.
Su misión consiste en estabilizar la crisis de seguridad de Haití, incluida la situación en la que las pandillas controlan el 80 por ciento de la capital, y recuperar el control de infraestructuras clave como aeropuertos, puertos, hospitales y carreteras.
La ayuda internacional fue solicitada por Ariel Henry, quien pidió a Naciones Unidas que enviara una fuerza internacional a Haití para ayudar a controlar las pandillas.
Sin embargo, la intervención ha generado cautela debido a los fracasos anteriores de intervenciones extranjeras en Haití para garantizar una paz duradera y a los escándalos relacionados con ellas.
Entre ellos se encuentra la anterior misión de la ONU, que terminó en 2017 y fue criticada por abusos sexuales y brotes de cólera.
Una empresa de seguridad privada propiedad del empresario estadounidense Erik Prince desplegará cientos de contratistas extranjeros de seguridad en Haití para combatir la violencia de las pandillas.
Prince, fundador de Blackwater -la empresa de seguridad implicada en una masacre ocurrida en Irak en 2007-, anunció un contrato de diez años con el Consejo Presidencial de Transición, el Gobierno de transición de Haití, para colaborar en tareas de seguridad y recaudación de impuestos.
El Gobierno admitió en junio que utilizaba contratistas extranjeros, pero no aclaró las condiciones del contrato ni los pagos.
Expertos locales e internacionales han advertido que externalizar la seguridad a empresas privadas extranjeras podría socavar gravemente la soberanía de Haití y debilitar la rendición de cuentas por los delitos cometidos por esas compañías cuando operan sin supervisión.
Los críticos también señalan que este enfoque desvía la atención y los recursos del fortalecimiento de las fuerzas policiales haitianas, que están infrafinanciadas y carecen de personal suficiente, así como de la misión policial internacional dirigida por Kenia que ya está desplegada en el país.
Inicia despliegue de fuerza internacional contra pandillas en Haití
El peso de Estados Unidos y otros actores internacionales
Los actores internacionales, en particular Estados Unidos, desempeñan un papel decisivo a la hora de determinar quién ostenta el poder político.
Como señaló el antropólogo haitiano-estadounidense Michel-Rolph Trouillot, Haití representa «el experimento más prolongado de dominio neocolonial».
Estados Unidos ha moldeado históricamente el panorama político haitiano mediante intervenciones militares, políticas económicas y apoyo a figuras afines.
El flujo de armas hacia Haití revela esa permeabilidad selectiva. A pesar de no tener fabricación nacional de armas, las pandillas han adquirido armas sofisticadas, principalmente de Estados Unidos.
La reciente designación por parte de Estados Unidos de ciertas pandillas haitianas como organizaciones terroristas complica aún más esta dinámica.
Aunque la medida es popular en Haití, donde la población está exhausta de vivir bajo la violencia, podría funcionar más como un mecanismo de control migratorio que como una respuesta a las causas profundas de la crisis.
Mientras tanto, la posibilidad de que los haitianos emigren enfrenta cada vez mayores restricciones.
La República Dominicana mantiene su frontera cerrada desde septiembre de 2023 y ha lanzado un programa de deportación masiva contra haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana.
A pesar de las recomendaciones de la ONU de no devolver personas a un país tan inseguro, Estados Unidos también ha intensificado las deportaciones, incluyendo las de migrantes que habían recibido permisos especiales de residencia.
Esta gestión asimétrica de la movilidad -con armas que entran mientras las personas no pueden salir o son devueltas- intensifica la experiencia de inmovilidad que hoy viven muchos haitianos.
El sistema político haitiano
Haití instituyó el sufragio universal en 1950, pero la mayoría de sus elecciones se han visto empañadas por la manipulación de las papeletas.
La Constitución fue aprobada mediante referéndum en 1987, pero no se aplicó realmente hasta 1995, durante la presidencia de Jean-Bertrand Aristide.
El sistema constitucional haitiano, influido por las constituciones estadounidense y francesa, establece un presidente que es simultáneamente jefe de Estado y principal titular del poder del país.
El presidente es elegido directamente para un mandato de cinco años y puede presentarse a la reelección para un segundo mandato no consecutivo.
El jefe de Gobierno es el primer ministro, nombrado por el presidente entre los miembros parlamentarios del partido político mayoritario.
El Parlamento bicameral está compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados.
En condiciones normales, por tanto, Haití sí tendría un partido o una coalición con capacidad para formar Gobierno a partir del control de la Presidencia y del apoyo parlamentario. La situación actual es diferente porque no existen autoridades nacionales elegidas en ejercicio que puedan ejercer plenamente ese mandato.
Partidos políticos históricos y principales corrientes
Política y socialmente, Haití parece encontrarse siempre en un estado de transición.
Aunque la democracia es deseada por muchos, durante mucho tiempo el clima político estuvo marcado por una consecuencia de la sangrienta guerra de independencia de Haití: una élite mayoritariamente mulata que se retiró a zonas urbanas densamente pobladas, tomó las riendas del Gobierno y dejó las áreas rurales divididas entre una población campesina negra dispersa en el interior.
La clase rural llegó a considerar que el Gobierno tenía poca relevancia para su vida, una actitud que ha persistido hasta el presente.
Como resultado, la mayoría de la población cree que la organización política formal de Haití existe principalmente sobre el papel.
Los haitianos rurales sienten hoy la irrelevancia de un Gobierno que no ha podido proporcionarles seguridad, atención sanitaria, agua potable ni un sistema de transporte funcional.
Una parte importante de la población boicotea las elecciones oficiales, consideradas corruptas.
Los partidos políticos fueron prohibidos durante los primeros años de la presidencia de François Duvalier, pero a comienzos de la década de 1960 se creó el primero de varios partidos oficiales duvalieristas.
Después del final del régimen de Jean-Claude Duvalier en 1986, se formó un gran número de partidos políticos.
Una de las principales fuerzas políticas de la década de 1990 fue la Organización Política Lavalas (OPL), fundada en 1991 y dirigida por el presidente Jean-Bertrand Aristide.
El creciente sentimiento contrario a Aristide provocó una división en la OPL en 1996.
Sus partidos sucesores -la populista y izquierdista Familia Lavalas (FL), creada por Aristide, y la antiaristidiana Organización del Pueblo en Lucha- se convirtieron en dos de las principales fuerzas políticas del país.
Otros grupos importantes fueron el Frente de la Esperanza y su sucesor, un partido llamado INITE (Unidad), dirigido por el antiguo aliado de Aristide, René Préval, desde 2005 y 2009, respectivamente, y el partido de centroizquierda Alianza Democrática.
A finales del siglo XX y comienzos del XXI, la legislatura, aunque no siempre la Presidencia, tendió a estar dominada por políticos y partidos vinculados de alguna manera con Aristide.
El antecedente de Jean-Bertrand Aristide
El ascenso de Jean-Bertrand Aristide ilustra la importancia histórica de los movimientos políticos y sociales en Haití.
Aristide nació en el seno de una familia de campesinos pobres del departamento del Sur, en la península del suroeste.
Tras quedar huérfano a los tres años, fue acogido por los padres salesianos, que le proporcionaron educación primaria.
Aristide adquirió notoriedad en La Saline trabajando con los habitantes en obras sociales, denunciando en sus homilías la miseria y la explotación de la mayoría de los haitianos pobres y difundiendo la Teología de la Liberación en criollo haitiano.
Sus sermones contribuyeron a extender el descontento popular que en febrero de 1986 culminó con la revuelta que derrocó a Jean-Claude Duvalier.
El 18 de octubre de 1990, Aristide aceptó presentarse a las elecciones presidenciales como candidato de Lavalas, un movimiento prodemocrático que agrupaba asociaciones cívicas, eclesiásticos de la Teología de la Liberación, sindicatos, partidos y organizaciones de izquierda no comunista.
En las elecciones presidenciales del 16 de diciembre de 1990, las primeras plenamente democráticas en los 187 años de historia de Haití como Estado independiente, Aristide obtuvo el 67,5 por ciento de los votos.
El 7 de febrero de 1991, Aristide asumió la jefatura del Estado con un mandato de cinco años.
Como presidente de la República, Aristide aparcó provisionalmente los contenidos más radicales de su mensaje político y solicitó la cooperación de Estados Unidos y Francia.
Revestido de poderes especiales por la Asamblea Nacional y respaldado por el FNCD y algunas formaciones menores, Aristide formó un Gobierno cuyo primer ministro fue René Préval.
El 30 de septiembre de 1991, apenas ocho meses después de llegar a la Presidencia, Aristide fue derrocado en un sangriento golpe de Estado dirigido por el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Raoul Cédras.
La trayectoria de Lavalas muestra que los partidos haitianos han tenido un papel central en determinados periodos, pero también que la continuidad institucional ha sido repetidamente interrumpida por golpes de Estado, crisis electorales, conflictos internos e intervenciones externas.
El Gobierno local y la debilidad institucional
La administración del Gobierno local se organiza en tres divisiones principales.
Las más grandes son los departamentos, que se dividen en distritos y, posteriormente, en comunas.
La eficacia de la administración de un distrito varía considerablemente según su ubicación: cuanto más cerca está de la capital del departamento y cuanto más urbano es, más probabilidades hay de que funcione eficazmente como entidad administrativa.
Si el centro administrativo del distrito se encuentra en la misma localidad que la capital del departamento, el prefecto suele ejercer una influencia y un poder considerables.
Si el distrito está situado en una zona rural de difícil acceso, los ancianos de las aldeas y los asentamientos suelen tener más poder que cualquier funcionario gubernamental designado.
Una comuna y sus funcionarios, especialmente el comandante -una autoridad local similar a un alcalde-, suelen ser el único personal gubernamental con el que la mayoría de los haitianos tiene contacto.
Justicia, policía y seguridad
El poder judicial consta de cuatro niveles: el Tribunal de Casación, que es el máximo tribunal; los tribunales de apelación; los tribunales civiles; y los tribunales de magistrados.
Los jueces del Tribunal de Casación son nombrados por el presidente para mandatos de diez años.
El sistema jurídico haitiano se basa nominalmente en el Código Napoleónico, modificado por la legislación promulgada durante la presidencia de François Duvalier.
El sistema presenta graves deficiencias y el Gobierno influye en todos los niveles del sistema judicial, aunque la Constitución establece que el poder judicial debe ser independiente.
Los presos pueden permanecer detenidos durante meses o años sin juicio, incluso pese a órdenes judiciales de puesta en libertad, y muchos acusados han comprado su libertad mediante sobornos.
La policía es acusada habitualmente de abusar de sospechosos y detenidos.
También se sabe que la policía utiliza una fuerza extrema para reprimir las protestas.
Las condiciones penitenciarias son especialmente deficientes.
El ejército fue la única institución nacional duradera de Haití desde la independencia en 1804 hasta mediados de la década de 1990, cuando fue disuelto.
Los dirigentes militares utilizaron con frecuencia el poder y el prestigio de esa institución para influir en los acontecimientos políticos o tomar el control del Gobierno por la fuerza.
Las distintas unidades militares, paramilitares y policiales haitianas también fueron conocidas por la corrupción y los abusos contra los derechos humanos.
Los dos regímenes de Duvalier aterrorizaron y eliminaron a sus opositores mediante un grupo armado conocido como los Tonton Macoutes.
Las unidades de la policía y del ejército haitianos también actuaron con impunidad.
La política actual está condicionada por la combinación de una policía débil, grupos armados mejor equipados y una administración estatal con recursos insuficientes.
Qué puede cambiar después de las elecciones
La celebración de elecciones presidenciales y legislativas permitiría recuperar autoridades con legitimidad electoral y restablecer un sistema de partidos con representación parlamentaria.
El nuevo Consejo Electoral Provisional ha sido presentado por el Gobierno de transición como un paso clave para asegurar elecciones libres y justas y restaurar la estabilidad democrática.
No obstante, el calendario electoral depende de que mejoren las condiciones de seguridad y de que las instituciones puedan organizar la votación en todo el territorio.
Las pandillas controlan o atacan periódicamente las principales rutas de entrada y salida de la capital.
Una anarquía similar afecta a grandes áreas del oeste y el centro de Haití, donde los «bandidos» ambulantes, como llaman los habitantes locales a los miembros de las pandillas, invaden e incendian pueblos y ciudades.
Las bandas han causado caos, han perturbado los servicios públicos y han dificultado el trabajo de las agencias humanitarias, empeorando la pobreza y los problemas de salud en una nación que ya era la más pobre del hemisferio occidental.
En este contexto, los haitianos comunes participan en la política no votando ni protestando, sino mediante el trabajo constante de resistir, rodear y avanzar: atravesar bloqueos, encontrar rutas seguras y cubrir sus necesidades básicas.
Cada viaje al mercado, cada ida al trabajo y cada intento de acceder a servicios se convierte en un acto político de resistencia frente a la inmovilidad impuesta.