Los partidos políticos son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas con dos objetivos fundamentales: 1) canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población para que sean consideradas en la toma de decisión gubernamental; y, 2) posibilitar la participación de la población en el proceso político por medio de la elección de los representantes populares que ejercen el poder político.
En otras palabras, los partidos son aquellas instituciones que representan, en la interfaz entre la sociedad y el Poder Legislativo, diferentes opiniones sociales sobre lo que debería ser bueno para todos. Son correas de transmisión entre la sociedad y el Poder Legislativo o -en palabras de Christoph Menke- «puntos de intersección entre lo particular y lo universal», puesto que «representan simples partes del conjunto social, que sin embargo intentan crear e imponer modelos para el conjunto social».
Qué es un partido político
Históricamente la idea de partido fue inherente a la concepción de poder compartido (antagónico a la idea de poder monopólico de la monarquía) y responsable ante las diversas partes de la sociedad que con el tiempo se consolidó como medio de expresión de la voluntad ciudadana y la acción del gobierno.
Los partidos son considerados como los principales actores que compiten por el poder y por tal razón existen en aquellos países donde ésta contienda se procesa en el campo estrictamente electoral.
El politólogo Giovanni Sartori concibe que los partidos se conceptualizan a través de tres ideas básicas: i) es diferente a una facción, en tanto no concibe un antagonismo al poder político; ii) es parte de un todo, en tanto representa un aspecto y a un grupo específico de la sociedad; y iii) es un conducto de expresión, ya que como canal de expresión biunívoca, los partidos terminan por expresar ante el gobierno las inquietudes de la población y ante la población las decisiones del gobierno.
Objetivos principales de los partidos políticos
- Canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población.
- Hacer posible que esas demandas sean consideradas en la toma de decisiones gubernamentales.
- Facilitar la participación de la población en el proceso político.
- Presentar candidaturas para que la ciudadanía elija a sus representantes.
- Contribuir a la integración de los órganos de representación política.
- Promover la participación del pueblo en la vida democrática.
- Permitir el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con programas, principios e ideas.
Es tarea de los partidos representar propuestas generalizables. Los proyectos legislativos que aspiren a ser justos con todos los afectados solo pueden desarrollarse si los partidos son permeables a distintos intereses.
Solo a partir de esta especial característica que constituye la función legislativa se comprende la particular obligación que tienen los partidos de no considerarse simplemente representantes de intereses, sino más bien paladines de diferentes opiniones sobre el bien común.
Partidos políticos, democracia y representación
Para luchar contra la indignación y el pesimismo en tiempos de supremacía política del Poder Ejecutivo y de una esfera pública desgastada, el concepto de partido político es más actual que nunca para nuestra democracia.
Deberíamos redescubrirlo como aquella institución a través de la cual se torna posible representar las diferentes ideas acerca del bien común en el contexto mismo de los procesos legislativos.
Porque ¿quién, si no los partidos, debería formular alternativas político-ideológicas fundamentales, que conviertan la democracia en un espacio de posibilidades reales, en lugar de dejarla debilitarse en el marco de la retórica de las circunstancias?
Es hora de actuar en contra del resentimiento hacia los partidos que está resurgiendo en la actualidad. Al mismo tiempo, es necesario que los partidos se renueven para volver a cumplir su función clave en la democracia.
La idea y la tarea de la institución «partido político» solo se puede comprender si se tiene en cuenta la significación democrática del correcto funcionamiento de la representación para las tres funciones.
En contra del derrotismo que habla del «fin de la política representativa» (Simon Tormey), la representación justa es más importante que nunca, sobre todo porque el horizonte de decisiones de la política se ha vuelto a expandir espacial y temporalmente gracias a la globalización.
Lo que necesitamos es una nueva reflexión y práctica de los mecanismos legitimados de representación para otorgar un nuevo dinamismo a los partidos. En lugar de distanciarnos de la representación, deberíamos preguntarnos cómo se puede mejorar la función representativa de los partidos.
La relación entre sociedad, partidos y Poder Legislativo
La función democrática específica del partido solo se puede comprender si se tiene clara su función legislativa, que está preestablecida en la Constitución.
Ser un «partido» significa participar en la formación de la voluntad social y reivindicar el poder de influir directamente en los resultados de los procesos legislativos parlamentarios a través de sus mandatarios.
Esta característica exclusiva de los partidos no se contrapone al mandato libre establecido por la Constitución. Una buena representación tiene mucho que ver con el control ejercido a través de las elecciones, pero a partir de un momento dado, también con la confianza en la capacidad para tomar decisiones de sus representantes.
Los partidos son aquellas instituciones que representan, en la interfaz entre la sociedad y el Poder Legislativo, diferentes opiniones sociales sobre lo que debería ser bueno para todos.
Esta es la esencia del partido. En ese sentido, se los debe entender como lugares funcionales donde transcurren las discusiones sobre las distintas interpretaciones del bien común para impulsar el proceso legislativo.
Las cuatro funciones de los partidos políticos
Por lo tanto, los partidos tienen cuatro funciones en nuestra democracia.
| Función | Descripción |
|---|---|
| Orientativa | Consiste en representar opiniones específicas sobre cuestiones universales; estas opiniones se plasman en ideas concretas de acción y propuestas. |
| Discursiva | Expresa estas posiciones en discursos sociales e institucionales. |
| En la toma de decisiones | Se ocupa de la participación en el proceso democrático-legislativo por medio de la adopción de acuerdos. |
| Representativa | Permite articular las tres funciones anteriores y expresar políticamente la diversidad de la sociedad. |
La primera es la función orientativa, que consiste en representar opiniones específicas sobre cuestiones universales; estas opiniones se plasman en ideas concretas de acción y propuestas.
La segunda es la función discursiva, que expresa estas posiciones en discursos sociales e institucionales.
La tercera es la función en la toma de decisiones, que se ocupa de la participación en el proceso democrático-legislativo por medio de la adopción de acuerdos.
Estas tres funciones están estrechamente relacionadas con la cuarta función, que es la función representativa.
Bien común, intereses sociales y deliberación
En resumen, se trata de la convicción de que mediante el diálogo o, mejor dicho, en la discusión de distintas opiniones sobre temas importantes para todos (bien común, justicia), lograremos alcanzar mejores resultados a través de una decisión que proceda de la mayoría.
A muchos les parecerá natural esta convicción democrática, pero no lo es. Se trata de renunciar a la idea de la democracia como mera lucha por los intereses propios en la que al final gana la mayoría, y de abandonar la idea de lo universal como algo que está determinado a priori.
Cada noción del bien común, cada respuesta universalizable, debe incluir los distintos intereses de los afectados.
La articulación de intereses -el lobbismo en beneficio propio- es una condición previa para la democracia, que exige la igualdad de acceso de todos a la discusión.
Pero la democracia va más allá de esto. La articulación de intereses no es aún una propuesta de suma de una serie de intereses justos y universalizables.
Recién después de discutir sobre las distintas ideas de lo universal nace la esperanza discursiva de incluir a los otros como «iguales» en la argumentación, en lugar de declarar inmediatamente la guerra cuando haya un conflicto de intereses.
Naturalmente, cualquier interpretación del bien común está casi forzosamente «teñida de intereses».
Las interpretaciones morales, políticas y legales de lo «correcto para todos» se inscriben, a menudo de forma inadvertida, en los valores del correspondiente ambiente socioeconómico.
Por eso la democracia como lugar de discusión sobre el bien común debe incluir un proceso continuo de autoesclarecimiento acerca de la diferencia entre el sublime interés personal y la generalización de los intereses (que tenga en cuenta los intereses propios).
La democracia no es una mera lucha de intereses opuestos ni el medio para imponer lo «universal» que existe a priori.
Deliberación política y creación de acuerdos
Para empezar la argumentación, es necesario definir qué se entenderá por deliberación. Para esto es útil retomar los comentarios que hace Rawls respecto a la cooperación social.
Si bien es cierto que la cooperación beneficia a todos los involucrados, los términos bajo los cuales se genera, determinan la distribución del beneficio.
Lo que se entenderá como deliberación es el proceso mediante el cual se deciden estos términos de cooperación y no cualquier debate.
Esto implica la reconciliación de intereses particulares y no su simple confrontación.
Es importante hacer notar esto para evitar malentendidos sobre qué es lo que se propone. Lo que se busca no es una prolongación de los debates existentes, sino un arreglo institucional que fomente negociaciones capaces de generar acuerdos legislativos que estén dirigidos hacia el interés de la colectividad.
La democracia mexicana ha dado resultados poco satisfactorios en varios campos. Uno de ellos ha sido la incapacidad de llevar a cabo reformas estructurales debido a la falta de acuerdos entre los partidos políticos.
No es solamente un problema cuantitativo, también hay un aspecto cualitativo en la incapacidad de traducir las leyes promulgadas en beneficios tangibles para la mayoría de la población.
En concreto, se mostrará que hacer el proceso electoral más proporcional, así como adoptar un sistema de decisión legislativa basado exclusivamente en la regla de mayoría simple, dejando de lado los requisitos supermayoritarios, haría a los partidos políticos más responsivos hacia la opinión pública y reforzaría la posibilidad de llegar a acuerdos dentro del Poder Legislativo.
Nino explica que la deliberación permite llegar a acuerdos más racionales debido a que para convencer a los demás no es posible argumentar en términos de lo que es bueno para uno, sino que se tienen que reconciliar los intereses de los demás con los propios para así poder presentar razonamientos justificables frente a todos.
Elster señala que no tiene sentido pensar a la participación como un fin en sí mismo. Si se participa en la política es porque se espera obtener un resultado de ello, por lo que la participación debe de ser justificada en términos instrumentales.
Participación, equidad y representación
Fishkin propone tres valores que suelen regir las expectativas que se tienen hacia la democracia: equidad política, participación en la última instancia de decisión y deliberación.
La participación, presentado muchas veces como el valor democrático por antonomasia, se suele defender debido a que funciona como una garantía de que la soberanía popular se cumpla.
Por otro lado, asumir la validez de la equidad, como lo menciona Rancière, es el requerimiento lógico que permite deliberar, ya que el resultado de la negociación entre desiguales estaría decidido desde antes de que empezara con base en las características de los participantes o en el status que gozaran, restando relevancia a la naturaleza de los argumentos hechos.
Tómese, por ejemplo, las instituciones que derivan del principio participativo. Bajo la premisa de permitir al mayor número de personas posible decidir sobre las materias de interés público, el referéndum se muestra como una opción viable dentro de las democracias representativas actuales.
Es altamente participativo en tanto que cada individuo puede expresarse y también cumple con el principio equitativo al tratar cada voto de igual manera, pero no es especialmente deliberativo.
Por un lado, porque el resultado no es consecuencia de ninguna negociación, sino simplemente el reflejo del interés mayoritario.
Por otro, las posibles alternativas son presentadas a los votantes sin una discusión antecedente que justifique que sean ésas las alternativas dadas y no otras.
Si aceptamos que la deliberación requiere de discusión en grupos reducidos, entonces para tener un proceso masivamente participativo y deliberativo a la vez, el número de interacciones necesarias equivaldría a n(n-1)/~2, donde n es el número de personas.
Lo cual significa un obstáculo operativo insuperable en los requerimientos para satisfacer ambos valores al mismo tiempo.
Esto muestra la imposibilidad de maximizar la participación directa, la deliberación y la equidad política al mismo tiempo.
Tal hecho, fuerza a cualquier visión práctica de la democracia a tomar una decisión sobre qué valores privilegiar en las instituciones que se adopten.
Si se opta por proceder de esta última manera, pareciera que reducir la participación directa para incrementar la deliberación y satisfacer la equidad es la solución más plausible.
Cabe insistir que no se trata de despreciar la participación política, de hecho hay un grado mínimo de participación ciudadana que debe de ser cumplido para que la democracia tenga sentido.
El problema, como se ha argumentado, reside en que no se puede aumentar la participación directa, sin producir un decremento en la calidad de la deliberación a menos que se sacrifique la equidad política.
Por tal motivo, la propuesta que se maneja en este ensayo consiste en optar por la participación indirecta en vez de la inclusión de la ciudadanía en la última instancia de decisión, en aras de mantener los beneficios de la deliberación y la equidad.
El tiempo como condición de la representación democrática
Un factor decisivo para el cumplimiento de esta función es el tiempo, porque la calidad de las decisiones que tomamos en la sociedad moderna depende, en gran medida, del tiempo del que disponemos para tomarlas.
Por ende, los partidos solo pueden ejercer sus funciones democrático-legislativas cuando disponen de suficiente tiempo para formular cuestiones políticas como posiciones sociales diferenciables (función orientativa), elaborarlas discursivamente (función discursiva) y llegar a una decisión (función en la toma de decisiones).
No obstante, el tiempo es un bien escaso en la democracia.
Las conversaciones y los debates se convierten en decisiones (por lo menos provisionalmente), que a su vez realimentan los debates.
De la finitud temporal de los procesos democráticos se puede inferir el significado fundamental que tienen los compromisos en la democracia.
Es cierto que el acuerdo como ideal regulativo es un incentivo esencial, pero solo en raros casos se puede poner en práctica.
También el tiempo de los ciudadanos es limitado. Pese a la importancia de llevar adelante una discusión sobre una política del tiempo más justa, el tiempo para hacerlo es limitado.
En el futuro también va a ocurrir que los ciudadanos tengan tiempos distintos y que los utilicen de distinta forma.
Por esta razón, es necesario representar también de forma justa a aquellos ciudadanos que no se encuentren inmersos a tiempo completo en el ámbito político como para poder representar allí sus ideas e intereses.
Desafíos actuales de los partidos políticos
Por diversos motivos y debido a la forma en que ha evolucionado la sociedad en las últimas décadas, los partidos se encuentran bajo mucha presión.
Para empezar, les resulta extremadamente difícil desarrollar un espectro de distintas orientaciones políticas y programáticas que lleve a la creación de un espacio democrático de toma de decisiones.
A menudo esto se relaciona con que ya no hay discursos combativos, ni dentro de cada partido ni entre ellos.
En consecuencia, su poder representativo, que se expresa en la inclusión de convicciones e intereses de las distintas clases y ambientes sociales y en su transformación en propuestas orientativas colectivas, finalmente se va debilitando.
Es cierto que la falta de diferenciación, de discursividad y de representatividad se debe a problemas inherentes a los partidos, pero mayor peso han tenido los profundos cambios sociales, como la pérdida de capacidades de las democracias nacionales a raíz de los procesos de europeización y globalización; la pérdida de ideas por parte de una constelación (supuestamente) postideológica; la concepción de la política como una profesión para toda la vida; el retraimiento hacia lo privado como reacción a las exigencias de un mundo laboral en transformación; la extrema aceleración de la sociedad mediática y, finalmente, la existencia de una división social que se refleja en un abismo democrático.
El rechazo hacia los partidos y la crisis de confianza
Cómodo desprecio en lugar de intervención crítica
Sin embargo, preocupa aún más que no se discuta públicamente sobre el futuro de la democracia de los partidos.
Más bien ocurre todo lo contrario. En lugar de llevarse adelante una crítica constructiva que promueva reformas, crece el resentimiento hacia los partidos por parte de los sectores medios de la sociedad.
Entre esos sectores, ni siquiera los intelectuales están a salvo.
En lugar de una intervención crítica, se observa un cómodo desprecio, un repliegue populista, un distanciamiento algo agresivo y el vitoreo que genera esto no solo en las barras de los cafés, sino también en las mesas de los restaurantes.
Para aquellos que piensen que la agresiva indiferencia hacia los partidos es un fenómeno nuevo, cabe señalar que el desprecio hacia esta institución y sus «negocios sucios» tiene una larga tradición antidemocrática, especialmente en la República Federal de Alemania.
En definitiva, este sentimiento es tan viejo como los partidos mismos.
Detrás de él está, por un lado, el anhelo autoritario de contar con una instancia neutral y objetiva que regule los asuntos políticos sin disputas democráticas ni participación de los ciudadanos.
Por otro lado, está en juego un populismo basado en la inmediatez política y contrapuesto a las instituciones de la representación democrática que, a fin de cuentas, son las que posibilitan la práctica no autoritaria de la democracia en un espacio y un tiempo.
El disgusto con los partidos y los políticos se ha convertido nuevamente en el lugar común de una mayoría disconforme, pero también de muchos críticos que se dicen progresistas.
Por lo general, se atribuye el desencanto con la política a un problema comunicacional, y de acuerdo con esta lógica solo habría que cambiar el discurso dirigido al electorado y los afiliados.
Pero, en realidad, esto se puede remediar únicamente si los partidos recobran la convicción de la importancia de su tarea democrática.
El malestar con los partidos no solo se debe a razones endógenas, sino que se origina en la profunda transformación que ha sufrido nuestra sociedad y en el rechazo a afrontar y participar en este cambio.
La renovación de los partidos políticos
Debates sobre la idea normativa del partido
Cada reforma de los partidos políticos debe tener en cuenta esta transformación, pero sin adaptarse ciegamente a ella.
En cambio, los partidos deben reaccionar frente a las nuevas condiciones que rigen su existencia respondiendo a los fundamentos que los legitiman.
Por este motivo son necesarios los debates y las propuestas acerca de cómo los partidos políticos podrían volver a estar a la altura de su papel clave en la democracia.
Este es un interrogante que nos concierne a todos, y no solo a los miembros de los partidos o a aquellos que trabajan para ellos, ya que se trata nada menos que del futuro de una institución crucial en la democracia.
Por eso debemos volver sobre la idea normativa del partido.
Pues solo así podremos determinar dónde se encuentran los problemas reales y qué problematizaciones se basan simplemente en resentimientos.
Además, la función clarificadora del partido en cuestiones normativas es indispensable para identificar perspectivas de desarrollo que contribuyan realmente al progreso democrático.
El anhelo antidemocrático del «gobernante ilustrado» tiene hoy su continuidad en la esperanza tecnocrática puesta en la función del Poder Ejecutivo, el Judicial, las comisiones y los fiduciarios.
Esto no significa que como demócratas debamos renunciar a nuestra pretensión de verdad, ni frente a los enemigos de la democracia ni en un discurso democrático asentado en consolidadas reivindicaciones de lo correcto o de verdades empíricas.
Pero debe quedar claro que un nuevo argumento puede transformar o incluso negar nuestra pretensión de verdad.
Competencia, pluralismo y representación
Este proceso continuo de indagación se puede nutrir en la competencia con otros partidos, cuyas propuestas se identifiquen con los intereses de otros ámbitos socioeconómicos.
Por este motivo, los partidos se diferencian categóricamente de los actores del lobbismo y de las organizaciones enfocadas en un único tema, cuyas reivindicaciones colectivas se limitan a una sola cuestión, sin esforzarse por incluir otras problemáticas sociales.
No hay dudas de que los lobbistas y los abogados abocados a una temática tienen un papel importante en nuestra democracia, pero ¿quién querría que ellos pudiesen decidir sobre nuestras leyes?
Los proyectos legislativos que aspiren a ser justos con todos los afectados solo pueden desarrollarse si los partidos son permeables a distintos intereses.
Al mismo tiempo, los partidos se encuentran permanentemente ante el desafío de poner en claro que su labor interpretativa del bien común está condicionada por su propio origen socioeconómico, y de ir corrigiendo esa interpretación.
Marco constitucional y legal de los partidos políticos
La Constitución los define como entidades de interés público que determinan sus normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos y las obligaciones y prerrogativas que les corresponden, según la ley.
Agrega que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.
Aclara que sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos.
Prohíbe la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
La Ley General de Partidos Políticos los define como: entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.
Partidos nacionales y de distrito en Argentina
Los partidos políticos, según nuestra Constitución Nacional, son instituciones fundamentales del sistema democrático, ya que, entre otras cosas, poseen el monopolio de la representación política.
Esto significa que son los únicos habilitados a presentar candidaturas para cargos públicos.
Se encuentran regulados por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley Nº 23.298) la cual distingue entre partidos de orden nacional, es decir aquellos partidos que son reconocidos en al menos 5 distritos, y partidos de distrito que son los que tienen reconocimiento legal en alguna provincia.
| Tipo de partido | Características |
|---|---|
| Partidos de distrito | Son aquellos partidos que obtienen personería jurídico política en un distrito (ya sea una provincia o CABA), de acuerdo con la Ley 23.298, pudiendo presentar candidatos candidatas a Senadores Nacionales, Diputados Nacionales y parlamentarios del Mercosur por distrito regional. |
| Partidos de orden nacional | Los partidos definidos como nacionales son aquellos integrados por 5 o más partidos de distrito reconocidos con el mismo nombre, declaración de principios, programa y carta orgánica. |
Sólo los partidos de orden nacional pueden presentar candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito nacional.
Cantidad de partidos reconocidos
La cantidad de partidos reconocidos en Argentina viene manteniéndose en números elevados.
En los últimos diez años los partidos de orden nacional suelen oscilar entre 30 y 45, mientras que los partidos de distrito entre 500 y 720 aproximadamente.
Luego de la reforma política del año 2009 (Ley 26.571), al elevarse los requisitos para mantener el reconocimiento y mantenimiento, se redujo el número de partidos pero sólo de forma temporaria.
Para el año 2015 las cifras volvieron a los parámetros anteriores a la reforma.
Al 30 de abril de 2026, en nuestro país existen 44 partidos reconocidos de orden nacional y 710 de nivel distrital.
Distribución territorial de los partidos de distrito
Como se muestra en el gráfico, los partidos de distrito se distribuyen de forma desigual a lo largo de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires encabeza la lista con 64 partidos de distrito reconocidos, seguida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 49.
En el otro extremo, se encuentran La Pampa con 10 y Entre Ríos con 15 partidos de distrito.
En promedio, las provincias argentinas tienen 30 partidos de distrito reconocidos por la Justicia Nacional Electoral.
Accesibilidad de las elecciones y participación política
Las elecciones y las propuestas de los partidos deben ser comprensibles y accesibles para todas las personas.
Propuestas para las administraciones
- Conocer mejor qué es la accesibilidad cognitiva.
- Aprender la importancia de validar.
- Hacer una web de las elecciones fácil de entender.
- Enviar las informaciones adaptadas a lectura fácil, por ejemplo, las cartas.
- Incluir en la web de las elecciones materiales sobre cómo votar en lectura fácil.
- Hacer los colegios electorales fáciles de entender para que las personas puedan orientarse mejor.
- Facilitar el contacto para resolver dudas.
- Formar al personal sobre cómo tratar a las personas con discapacidad intelectual.
- Poner en cada colegio electoral a una persona con formación en accesibilidad que ayude a las personas a votar.
- Informar de todas las medidas de accesibilidad: cognitiva, física y sensorial.
- Colaborar con entidades de personas con discapacidad para aprender más sobre accesibilidad.
Propuestas para los partidos políticos
- Conocer mejor qué es la accesibilidad cognitiva.
- Aprender la importancia de validar.
- Adaptar la web de la campaña para que sea fácil de entender.
- Adaptar el programa electoral a lectura fácil.
- Crear vídeos electorales fáciles de entender.
- Enviar las informaciones adaptadas a lectura fácil, por ejemplo, las cartas.
- Incluir en la web de las elecciones materiales sobre cómo votar en lectura fácil.
- Formar al personal sobre cómo tratar a las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, las y los apoderados.
- Hacer mítines accesibles.
- Aprender cómo hablar de forma fácil de entender.
- Informar de todas las medidas de accesibilidad: cognitiva, física y sensorial.
- Colaborar con entidades de personas con discapacidad para aprender más sobre accesibilidad.
Piensa que las personas con discapacidad intelectual también pueden ser candidatas en las elecciones.
Los partidos deben hacer que sea más fácil de entender el trabajo de las personas candidatas.
Ideas para fortalecer los partidos políticos
- Recuperar la función representativa. Los partidos deben incluir convicciones e intereses de distintas clases y ambientes sociales y transformarlos en propuestas orientativas colectivas.
- Formular alternativas políticas diferenciadas. Los partidos necesitan desarrollar distintas orientaciones políticas y programáticas que permitan crear un espacio democrático de toma de decisiones.
- Fortalecer el debate público. Las posiciones políticas deben expresarse en discursos sociales e institucionales capaces de mostrar diferencias reales entre las propuestas.
- Representar propuestas generalizables. Los partidos deben conocer los distintos intereses de la sociedad y convertirlos en propuestas que puedan justificarse ante todos los afectados.
- Hacer compatibles participación y deliberación. La participación ciudadana debe conservar un grado suficiente para que la democracia tenga sentido, sin impedir la deliberación ni sacrificar la equidad política.
- Garantizar tiempo para decidir. Los partidos necesitan suficiente tiempo para formular posiciones, elaborarlas discursivamente y llegar a decisiones.
- Mejorar la accesibilidad. Los programas, campañas, actos electorales y materiales sobre cómo votar deben ser comprensibles y accesibles.
- Incorporar la diversidad social. Los partidos deben ser permeables a distintos intereses y corregir las interpretaciones del bien común condicionadas por su propio origen socioeconómico.
- Promover una crítica constructiva. El rechazo a los partidos debe transformarse en discusión pública sobre sus problemas y en propuestas de reforma.
- Reforzar la responsabilidad democrática. Los partidos deben recobrar la convicción de la importancia de su tarea democrática y responder a los fundamentos que los legitiman.
