La ANFP activó una estrategia para pasar a la ofensiva en la arremetida contra Unión Española y Deportes Iquique. Los dos clubes buscan revertir administrativamente su descenso a Primera B, amparándose en una contradicción entre el Reglamento de la Asociación y las Bases del Campeonato Nacional 2025.
En Quilín asumen que el conflicto ya superó el plano deportivo, sobre todo, luego de que Jorge Segovia dijera que piensa llevar el caso a la justicia ordinaria.
Durante los últimos días, el directorio encabezado por Pablo Milad optó por reforzar su defensa con asesoría externa. Según información recabada por El Deportivo, la ANFP pidió un informe a tres abogados especialistas en derecho deportivo, incluyendo uno que trabaja en el extranjero. La decisión apunta a blindar la postura institucional ante un escenario que podría escalar.
El origen de la disputa entre la ANFP, Unión Española y Deportes Iquique
Unión Española e Iquique buscan evitar sus descensos a través de la vía administrativa.
Los dos clubes sostienen que existe una contradicción entre el Reglamento de la Asociación y las Bases del Campeonato Nacional 2025. Sobre esa base, pretenden que la definición deportiva ya consumada en la cancha sea revisada por los órganos institucionales del fútbol chileno.
En ese contexto, en la ANFP consideran que la ofensiva de Unión e Iquique se sostiene en un “resquicio legal” que no refleja el espíritu ni la estructura actual del fútbol chileno para intentar modificar una definición deportiva ya consumada en la cancha.
La defensa jurídica de la ANFP
La jerarquía entre los Estatutos, el Reglamento y las Bases
El eje central de la defensa de la ANFP es jerárquico. En Quilín insisten en que los Estatutos aprobados están por sobre el Reglamento y las Bases.
Ahí se establece una competencia con 16 clubes en Primera División, lo que, a su juicio, invalida cualquier interpretación que apunte a un torneo de 20 equipos o a descensos definidos por promedio trianual.
Desde la Asociación argumentan que el reglamento vigente, aprobado en junio de 2024, quedó parcialmente desactualizado tras la entrada en vigor de los nuevos Estatutos del ente rector y que varias de sus disposiciones estaban en proceso de adecuación.
Bajo esa lógica, las Bases del Campeonato 2025, aprobadas por unanimidad en el Consejo de Presidentes, serían plenamente válidas.
| Aspecto de la controversia | Postura de la ANFP |
|---|---|
| Norma de mayor jerarquía | Los Estatutos aprobados están por sobre el Reglamento y las Bases. |
| Número de clubes en Primera División | Los Estatutos establecen una competencia con 16 clubes. |
| Reglamento vigente | Fue aprobado en junio de 2024 y quedó parcialmente desactualizado. |
| Bases del Campeonato 2025 | Fueron aprobadas por unanimidad en el Consejo de Presidentes. |
| Interpretación cuestionada | La ANFP rechaza un torneo de 20 equipos o descensos definidos por promedio trianual. |
La validez de las Bases del Campeonato 2025
La ANFP sostiene que las Bases del Campeonato 2025 fueron aprobadas por unanimidad en el Consejo de Presidentes y que, por lo tanto, deben ser consideradas plenamente válidas dentro del marco institucional vigente.
La Asociación vincula esta posición con la entrada en vigor de los nuevos Estatutos y con la necesidad de adecuar las disposiciones reglamentarias que habían quedado parcialmente desactualizadas.
Desde esta perspectiva, la discusión no se limita a una lectura aislada del Reglamento, sino que debe considerar la relación jerárquica entre las normas y la estructura actualmente reconocida por el fútbol chileno.
El informe solicitado a abogados especialistas en derecho deportivo
El directorio encabezado por Pablo Milad optó por reforzar su defensa con asesoría externa.
La ANFP pidió un informe a tres abogados especialistas en derecho deportivo, incluyendo uno que trabaja en el extranjero.
La decisión apunta a blindar la postura institucional ante un escenario que podría escalar.
La consulta busca fortalecer la respuesta de la Asociación frente a las reclamaciones administrativas de Unión Española y Deportes Iquique, así como ante la posibilidad de que el conflicto abandone las instancias deportivas.
El análisis de los especialistas se incorpora a una estrategia que no solo contempla la interpretación de las normas internas, sino también las consecuencias de una eventual judicialización ante tribunales ordinarios.
La amenaza de recurrir a la justicia ordinaria
Uno de los puntos que más incomodó al interior de la ANFP fue la entrevista concedida por Jorge Segovia, propietario de Unión Española, a El Deportivo, en la que confirmó que, en caso de recibir una negativa, acudirán a los tribunales de justicia ordinaria.
“Presentamos un reclamo por incumplimiento del Reglamento. El Reglamento está por encima de las Bases, y está para cumplirse. Si recibimos un portazo de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia. No iremos al TAS. Esperamos no tener que llegar a eso y que se entregue una solución razonable a este problema", dijo el empresario español.
En Quilín reconocen que esas declaraciones no cayeron bien y fueron interpretadas como una presión directa al directorio.
La posición de Unión Española plantea una diferencia explícita respecto del Tribunal Arbitral del Deporte, ya que Segovia afirmó que el club no recurriría al TAS y que optaría por los tribunales de justicia ordinaria si la ANFP rechazaba su reclamación.
El rol que puede jugar la FIFA
En la ANFP estiman que llevar el conflicto a la justicia civil vulnera los principios que rigen al fútbol internacional.
Por lo mismo, la postura institucional es clara: si Unión Española e Iquique deciden judicializar el caso fuera de los órganos deportivos, la Asociación responderá recurriendo a la FIFA.
En Quilín aseguran que ya se evaluó ese escenario y que una acción en tribunales ordinarios habilitaría a la ANFP a denunciar a los clubes ante la FIFA por infringir la obligación de resolver controversias en instancias deportivas.
De prosperar ese camino, advierten, podrían exponerse a sanciones.
La señal es directa. Para la ANFP, este conflicto debe resolverse dentro del fútbol y no en sedes judiciales externas.
La intervención de la FIFA aparece así como una eventual respuesta institucional frente a una demanda presentada fuera de los órganos deportivos. La Asociación considera que el recurso a tribunales ordinarios podría activar una denuncia contra los clubes involucrados.
Posibles sanciones y presión institucional
En Quilín reconocen que existe molestia por las amenazas que han recibido de los dos clubes que, incluso, han mencionado la opción de paralizar el torneo y volver a encender el conflicto con TNT Sports.
La ANFP interpreta esas declaraciones como una presión adicional en un conflicto que ya dejó de estar limitado a la discusión sobre los descensos.
La eventual paralización del torneo y la reaparición del conflicto con TNT Sports ampliarían los efectos de la disputa hacia el funcionamiento de la competencia y sus relaciones comerciales.
La propuesta de un escenario híbrido
Otro elemento que llamó la atención en Quilín es la propuesta de Unión Española e Iquique a abrirse a un escenario híbrido.
Es decir, competir en una Primera División con 18 clubes y, al mismo tiempo, recibir los ingresos correspondientes a la Primera B.
En la ANFP consideran que esa postura refleja la presión que enfrentan ambas instituciones tras el descenso.
La propuesta combina una modificación de la estructura competitiva con la conservación de los ingresos asociados a la categoría inferior. En la práctica, los clubes buscan disputar una Primera División ampliada y recibir, simultáneamente, los recursos correspondientes a la Primera B.
La diferencia de ingresos entre Primera División y Primera B
Cabe recordar, que un elenco de la máxima categoría recibe cerca de $ 300 millones, mientras que en la B solo $130 millones.
| Categoría | Ingresos señalados |
|---|---|
| Primera División | Cerca de $ 300 millones |
| Primera B | $130 millones |
La diferencia económica ayuda a explicar la relevancia que tiene para Unión Española y Deportes Iquique evitar el descenso o alcanzar una fórmula que les permita competir en Primera División sin perder los ingresos asociados a la máxima categoría.
Los factores personales y políticos señalados por la ANFP
En ese plano, en la ANFP deslizan que la ofensiva legal no responde únicamente a una interpretación normativa, sino también a factores personales y políticos.
Algunos directivos apuntan al rol protagónico que Jorge Segovia está jugando en el conflicto y creen que su postura tiene un componente de revancha, considerando su tirante relación con la dirigencia del fútbol chileno.
En la ANFP todavía recuerdan el antecedente de 2010, cuando Segovia ganó las elecciones, pero no pudo asumir la presidencia por una inhabilidad estatutaria.
Para algunos dirigentes, ese episodio sigue marcando la relación del empresario con la institucionalidad del fútbol nacional.
La referencia a ese antecedente forma parte de la lectura política que algunos dirigentes hacen de la disputa, aunque el eje formal del reclamo continúa situado en la supuesta contradicción entre el Reglamento y las Bases del Campeonato Nacional 2025.
Un conflicto que continúa abierto
El conflicto sigue abierto.
La ANFP prepara su defensa con el respaldo de tres abogados especialistas en derecho deportivo, mientras Unión Española y Deportes Iquique mantienen su intento de revertir administrativamente el descenso a Primera B.
Las próximas decisiones dependerán de la interpretación de los Estatutos, el Reglamento y las Bases, así como de la vía que finalmente adopten los clubes: continuar dentro de los órganos deportivos o recurrir a la justicia ordinaria.