Jorge Enrique Rivas Arancibia, ex cabo de Carabineros y ex agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), fue identificado como “Miguel”, un infiltrado que se presentó como militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y reclutó jóvenes para formar el grupo denominado La Resistencia. La investigación judicial estableció que el 18 de abril de 1989 entregó información a la CNI y participó en la operación que terminó con la muerte de Iván Palacios Guarda, de 18 años, y Eric Rodríguez Hinojosa, de 19, en un falso enfrentamiento en Quinta Normal.
Tras 27 años de impunidad, Rivas fue procesado por homicidio calificado y quedó detenido en el Centro Transitorio de Detención de Carabineros, en Ñuñoa. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema confirmaron su condena a 15 años y un día de presidio como autor de los homicidios calificados de ambos jóvenes.
La infiltración de “Miguel” en grupos de izquierda
La dictadura utilizó diversos mecanismos represivos, entre ellos infiltrarse en las organizaciones de izquierda para desarmarlas. Uno de esos casos es el de Jorge Rivas Arancibia, quien fuera cabo de Carabineros y acusado de ser el autor del homicidio de Iván Palacios Guarda de 18 años y Eric Rodríguez Hinojosa de 19.
Los jóvenes habían sido contactados por Rivas haciéndoles creer que pertenecía al MIR, aunque en realidad el agente infiltrado tenía como objetivo desarticular a estas organizaciones. Rivas Arancibia, alias “Miguel”, infiltró a una serie de organizaciones sociales de izquierda en el sector poniente de Santiago, alegando ser encargado zonal del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Según el auto de procesamiento, logró “reclutar jóvenes con el fin de integrarlos al denominado ‘Comando Resistencia’”, grupo al que proveía armas e impartía instrucción militar. Para ganarse la confianza de los integrantes del MIR, el agente infiltrado proveía armas e instrucción militar a sus militantes.
El grupo estaba integrado por una veintena de jóvenes, en su gran mayoría menores de edad. “Miguel” se presentaba como un militante experimentado del MIR y había reclutado a los jóvenes uno a uno durante los meses previos.
Territorialmente, la mayoría provenía de Quinta Normal y Pudahuel; más tarde se sumaron otros reclutas en Villa Francia. Muchos procedían, además, de dos colegios: el A 78 y el Andacollo. En poco tiempo se sumaron varios estudiantes secundarios a La R, entre ellos Iván Palacios y Eric Rodríguez.
“Miguel” los fotografió con armamento y los instruyó en el manejo de fusiles Aka y Fal, subametralladoras Uzi, pistolas, TNT y mechas. Muchas instrucciones militares las realizaron en capillas de la zona poniente de Santiago.
La Resistencia y la operación de infiltración
En 1988, antes del plebiscito, Iván Palacios y Eric Rodríguez se incorporaron a un grupo que se autodenominó La Resistencia y que obedecía, suponían, instrucciones del MIR. Era La R.
El jefe del grupo era “Miguel”, quien se hacía pasar por un comandante de las tres facciones en que se había dividido el MIR, la más militarista. “Miguel” se había acercado a grupos de familiares de presos políticos unos años antes, pero en la primera parte de 1988 comenzó a reclutar jóvenes ligados a esa cultura política: hijos, primos y sobrinos de militantes históricos del MIR.
La última noche de 1988, media hora antes del Año Nuevo, los discípulos de “Miguel” colocaron tres bombas. Los objetivos eran el Servicio de Vivienda y Urbanismo, la dirección general del Metro y la casa matriz de la automotora Derco, todo en el centro de Santiago.
En los tres ataques simultáneos participaron una decena de jóvenes y con ello coronaron un año febril de acciones armadas. Asaltaron guardias de azul en la Quinta Normal, colocaron bombas de ruido en los funerales del mirista Pablo Vergara Toledo, atacaron iglesias mormonas, robaron una tienda de andinismo y una botillería, unas veces con cuchillos, otras con revólveres, que eran más bien escasos.
En círculos de izquierda eran conocidos como “los ayatolas” o, en jerga revolucionaria, unos “cabezas de pistola”. Un ex militante reivindica la adhesión a la causa antipinochetista: “Vivimos y pensamos que estábamos haciendo algo por el país”, analizó hace unos años quien usaba el nombre falso de “Pedro”.
“Miguel” solía criticar al MIR Político. A comienzos de 1989, las dudas entre los militantes de La R crecieron. Mientras “Miguel” viajaba al sur, como era habitual, cruzaron datos: la abundancia de recursos de “Miguel” -armamento y vehículos- era inusual y su discurso político, radical, estaba lleno de incoherencias.
Pero otro dato causó extrañeza: nadie en el MIR lo conocía. Aterrados, varios militantes se contactaron con el Comité de Derechos del Pueblo, Codepu, un organismo de defensa de derechos humanos ligado al MIR, y pidieron auxilio.
En pocas semanas, los precoces subversivos hicieron declaraciones juradas que mantuvieron en secreto y muchos arrancaron. La mayoría cruzó la cordillera en bus, a comienzos de abril, hacia Argentina, donde estuvieron durante años.
Iván Palacios y Eric Rodríguez no viajaron. “No estuvieron de acuerdo con la idea (de) que ‘Miguel’ era un infiltrado (…). Se quedaron en Santiago y continuaron en contacto con él”, declaró Ronald Quinteros en febrero.
El atentado en la esquina de San Pablo con Radal
El 18 de abril de 1989, a las 21:00 horas aproximadamente, dos militantes del MIR, Eric Enrique Rodríguez Hinojosa e Iván Palacios Guarda, fueron convocados a reunirse en calle San Pablo a la altura del número 4000 por un sujeto identificado como Miguel.
Fue Rivas quien asignó la tarea de colocar una bomba en una torre de alta tensión en San Pablo, avisando al mismo tiempo a la CNI. Según el proceso judicial, los agentes de la CNI habían desplegado previamente un vasto operativo con el propósito de prepararles una celada.
En la esquina de Radal con San Pablo, en la comuna de Quinta Normal, Iván Palacios y Eric Rodríguez esperaban la oscuridad. Tenían la intención de acercarse a un transformador eléctrico instalado en lo alto de dos postes y detonar una bomba.
Cuando se acercaron a su objetivo, la CNI inició el operativo. Los testigos dicen que la luz se fue y comenzaron los disparos, que las ráfagas levantaron a ambos encapuchados en el aire y que luego, en el suelo, uno de ellos se convulsionaba mientras era pateado por civiles no identificados.
Varios vehículos llegaron al mismo tiempo y los disparos duraron varios minutos, como si fuese un descomunal enfrentamiento. Eran cerca de las 21 horas del 18 de abril de 1989, la última jornada de protesta oficial contra el régimen de Augusto Pinochet.
En la vereda falleció casi al instante Iván Palacios, de 18 años, egresado del Liceo A 78. A su lado, en la calzada, agonizaba Eric Rodríguez, un año mayor, otro ex alumno del mismo colegio de Quinta Normal. Rodríguez falleció en septiembre de ese año, tras varios meses hospitalizado.
La CNI informó esa noche que había sido un enfrentamiento, que ambos caídos eran milicianos rodriguistas y que un agente había resultado herido. En las investigaciones que luego hizo la Fiscalía Militar declararon tres agentes, todos con identidades falsas.
Dijeron que en un patrullaje se encontraron por casualidad con Palacios y Rodríguez y que hubo un intercambio de disparos. También afirmaron que por la CNI sólo estuvieron ellos tres.
Lo que declararon era mentira, admitieron años después, con sus nombres reales, al juez Mario Carroza, quien investigaba casos de violaciones a los derechos humanos de aquellos años y reabrió esta causa.
En realidad, esa noche operaron varios equipos de tres personas cada uno. La CNI llegó al lugar con información privilegiada: sabía de antemano lo que harían Iván Palacios y Eric Rodríguez. Era una emboscada.
La CNI procedió a aparentar la ocurrencia de un enfrentamiento para justificar la muerte de Palacios y las heridas graves de Rodríguez, que posteriormente le causaron la muerte. Los hechos fueron avalados por la Fiscalía Militar de la época.
La muerte de Iván Palacios y Eric Rodríguez
El fallo de primera instancia estableció que los agentes de la CNI iniciaron una balacera antes de que las víctimas lograran reaccionar para protegerse, huir o repeler el ataque. Iván Palacios Guarda fue herido y murió en el lugar.
Eric Rodríguez Hinojosa quedó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a la Asistencia Pública, donde permaneció en estado de coma. Falleció el 4 de septiembre de 1989, producto de una herida de bala craneoencefálica, sin salida de proyectil.
Con posterioridad, testigos presenciales señalaron que los agentes de la CNI, una vez terminado el tiroteo, realizaron una serie de maniobras en el sitio del suceso con el objeto de simular un enfrentamiento con las víctimas.
La versión oficial sostuvo que los jóvenes se aprestaban a colocar artefactos explosivos en dos postes del alumbrado público que sostenían un transformador y que, al ser conminados a detenerse, dispararon contra los agentes, quienes no tuvieron otra alternativa que repeler el ataque.
La resolución judicial concluyó que las víctimas fueron objeto de un tratamiento inhumano, alejado de todo debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. También determinó que fueron instigadas a ejecutar acciones de resistencia para luego preparar el sitio y aparentar un enfrentamiento.
El atentado en el Metro y las informaciones entregadas por “Miguel”
Luis Arturo Sanhueza Ross, alias “El Huiro”, jefe de la Brigada Azul de la CNI, declaró en 2014 que en esos días recibieron información sobre un posible atentado explosivo contra una línea del Metro.
La CNI vigiló varias zonas, pero no patrulló la estación San Pablo, donde el 17 de abril de 1989, a las 15:03 horas, una bomba destruyó vagones de un tren sin gente. Según ex miembros de La R, ahí estuvieron Iván Palacios y Eric Rodríguez, un día antes de caer bajo una lluvia de disparos.
Veinticinco años después, Sanhueza Ross reconoció que el operativo de la CNI que terminó con dos jóvenes abatidos se hizo por información entregada por un agente de la CNI conocido como “Miguel”, quien estaba infiltrado en grupos de izquierda y que “tenía muchas cualidades de inteligencia, de dominio de operaciones”.
Ex compañeros de los dos muertos sostuvieron que “Miguel” les dio ese mismo día la orden de colocar la bomba en San Pablo con Radal. “Esto fue puro sapeo”, le dijo Eric Rodríguez a su madre semanas después de caer herido, en el Hospital San Juan de Dios, antes de que su salud empeorara sin remedio.
La identificación de Jorge Rivas Arancibia
A comienzos de 1989, los integrantes de La Resistencia descubrieron que eran víctimas de una infiltración. En el camino quedó una docena de menores de edad huyendo de Chile y dos adolescentes muertos en las calles de Santiago. De “Miguel” nunca más se supo durante décadas.
Ronald Quinteros aceptó declarar judicialmente en febrero. Contribuyó en esos días con un retrato hablado de “Miguel”. Un mes después volvió a un tribunal en el centro de Santiago, donde le mostraron la fotografía de un hombre y una reproducción de un carné de identidad de hacía 20 años.
Ronald Quinteros, cineasta de 43 años, reconoció en menos de un segundo y con una certeza del 100%, según el expediente, al hombre que alguna vez le cambió la vida.
La topógrafa Evelina Bahamondes tenía 20 años cuando se incorporó al grupo, a fines de 1988. Participaba en la célula de Villa Francia. Al juez le dijo que tuvo severas discrepancias con “Miguel” y que, tras una discusión a gritos, aprovechó un descuido de su jefe para revisar su bolso.
En el bolso encontró una cédula de identidad y memorizó un nombre: Jorge Rivas Arancibia. El juez pidió entonces información al Registro Civil. La copia del carné de identidad emitido en 1994 quedó registrada en la foja 107 del cuaderno separado y el juez comenzó a citar testigos.
Evelina Bahamondes lo reconoció de inmediato. “No tengo ninguna duda que corresponde al infiltrado de la CNI”, declaró Ronald Quinteros en marzo. Otras dos personas dijeron lo mismo. También lo identificaron tres agentes de la CNI, entre ellos Luis Sanhueza, condenado por la Operación Albania y el asesinato de Jécar Neghme.
En el careo, siete personas reconocieron a Rivas como el infiltrado de 1988. Evelina Bahamondes, Ronald Quinteros y Carlos Moreno lo identificaron, junto con otros cuatro agentes de la CNI.
Dos de los agentes con los que fue careado recordaron, al verlo, otro dato significativo que coincidía con su descripción física. En el Cuartel Grajales de la CNI, sus colegas lo conocían como “Ojitos Saltones”. A Jorge Rivas lo delataron sus ojos.
La trayectoria de Rivas dentro de Carabineros y la CNI
Jorge Enrique Rivas Arancibia subió caminando las escaleras del Hotel Araucano, en Concepción. Iba con otros dos agentes, un militar y un marino adscritos a la CNI, en busca de un radiotransmisor que había difundido desde allí una proclama de Radio Liberación.
En el piso 10, en la habitación 1017, estalló una bomba puesta por el MIR. El militar y el marino murieron ese 25 de marzo de 1985. Jorge Rivas, un carabinero en comisión de servicio en la CNI desde 1984, sufrió diversas fracturas, quedó con un trauma acústico severo y una cicatriz en el cuello.
Ex integrantes de La R decían que “Miguel” tenía una cicatriz en el cuello, que se parecía a Álvaro Corbalán, el jefe de la CNI, y que tenía ojos como de sapo.
Por las secuelas del atentado del Hotel Araucano, Jorge Rivas se acogió a retiro de Carabineros en junio de 1986, con el grado de cabo segundo y 13 años de servicio. Sin embargo, se mantuvo en la CNI hasta 1989.
En su primera declaración por causas de derechos humanos, Rivas negó haber sido agente infiltrado. Dijo que en la CNI tenía el apodo de “Manolo”, que trabajó como conductor de vehículos y que nunca realizó actividades operativas.
Afirmó que sólo trabajó en Concepción y que a Santiago iba una vez al mes para dejar correspondencia, como estafeta. “Nunca tuve contacto con jóvenes con ideologías políticas contrarias al gobierno militar”, afirmó a los detectives.
Rivas también declaró que en la CNI sólo cumplió tareas administrativas y guardias de cuartel. “Nunca se me ha llamado ‘Miguel’”, insistió.
En su historial figuraban dos detenciones por giro doloso de cheques, en 1991 y 1994. También tenía una pensión de retiro, según un informe de Capredena.
El procesamiento y la detención
En febrero de 2015, ya desvirtuada la tesis del enfrentamiento, el juez Carroza procesó a seis integrantes de la CNI por el homicidio calificado de Palacios y Rodríguez. Faltaba aún descubrir al agente infiltrado.
A fines de ese año, el juez Carroza abrió un cuaderno separado para identificar a “Miguel”. La investigación reunió los testimonios de ex militantes y ex agentes de la CNI, además de antecedentes sobre el origen, la trayectoria y las características físicas del infiltrado.
Jorge Rivas llegó el 1 de julio a la Brigada de Homicidios de la PDI en Iquique, ciudad donde vivía y trabajaba como encargado de seguridad del club Deportes Iquique. En octubre cumplía 67 años; en abril de 1989 tenía 39.
Carroza ordenó que Rivas fuera trasladado a Santiago y lo interrogó el jueves 25 de agosto. Rivas repitió su negativa, pero el lunes de esa misma semana fue careado con quienes habían visto alguna vez a “Miguel”, dentro y fuera de la CNI.
Todos lo reconocieron. Siete personas lo identificaron como el infiltrado de 1988. Ese día Carroza lo procesó como autor de los homicidios calificados de Iván Palacios y Eric Rodríguez.
Rivas quedó recluido en el Centro Transitorio de Detención de Carabineros, en Ñuñoa. El caso fue reabierto después de que sobrevivientes y ex agentes de la CNI entregaran testimonios que permitieron establecer que el ex uniformado vivía en Iquique.
La vida de Rivas en Iquique
Durante los años de impunidad, Rivas Arancibia fue dueño de una empresa de seguridad en Iquique. Sumada a la pensión de Carabineros, esa actividad le permitió mantener un buen pasar.
Fue jefe de seguridad de Deportes Iquique y también ocupó un cargo similar en el municipio. En 2009, la Municipalidad le adjudicó más de 45 millones de pesos a la empresa de seguridad que poseía.
Como aparece en un contrato público de la Municipalidad de 2009, tenía además un contrato para encargarse del servicio de seguridad de los guardias costeros por más de 9 millones de pesos.
La presencia de Rivas en dependencias municipales fue descrita por testigos que lo vieron junto a la entonces alcaldesa Myrta Dubost. Durante años, su pasado permaneció oculto mientras desarrollaba actividades vinculadas a la seguridad privada y a instituciones locales.
Las resoluciones judiciales
Por el delito de homicidio calificado fue sometido a proceso el ex agente de la Central Nacional de Informaciones Jorge Enrique Rivas Arancibia, por el juez Mario Carroza, en el marco del asesinato de dos jóvenes en un supuesto enfrentamiento con las fuerzas de seguridad de la dictadura cívico-militar en 1989.
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cinco agentes de la extinta CNI por su responsabilidad en el delito consumado de homicidio calificado y reiterado de Iván Gustavo Palacios Guarda y Eric Enrique Rodríguez Hinojosa, militantes del MIR, ejecutados en un falso enfrentamiento el 18 de abril de 1989 en la comuna de Quinta Normal.
La Corte confirmó la sentencia contra Hugo César Acevedo Godoy, Juan Farías Orellana, Víctor Caro Pizarro y Jorge Rivas Arancibia, elevando a 15 años y un día de presidio la pena que debían cumplir como autores de los delitos.
En el caso del ex agente Luis Sanhueza Ross, se elevó a 10 años y un día de reclusión efectiva la pena que debía cumplir también en calidad de autor.
La Corte de Apelaciones revocó la resolución de primera instancia y decretó la absolución del entonces jefe de la CNI Humberto Leiva Gutiérrez. También confirmó la absolución del agente Armando Rodolfo Ávila Fierro.
La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó posteriormente las condenas dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago contra Hugo César Acevedo Godoy, Raúl Farías Orellana, Víctor Rolando Caro Pizarro y Jorge Enrique Rivas Arancibia a 15 años y un día de presidio, y contra Luis Arturo Sanhueza Ross a 10 años y un día de reclusión.
Los tribunales establecieron que los hechos ocurrieron en la comuna de Quinta Normal, en el centro-norte de la Región Metropolitana, cuando los dos jóvenes militantes del MIR fueron víctimas de una emboscada mortal.
El falso enfrentamiento como crimen de lesa humanidad
El fallo sostuvo que los delitos fueron cometidos por agentes del Estado en el contexto de las postrimerías de un período de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos.
Las víctimas fueron consideradas un instrumento dentro de una política general de exclusión, hostigamiento y persecución de un grupo numeroso de personas integrado por políticos, trabajadores, estudiantes, profesionales y todos quienes, desde el 11 de septiembre de 1973, fueran considerados opositores o sospechosos de oponerse al proyecto del gobierno militar.
La resolución judicial determinó que los hechos configuraron una violación múltiple y continuada de numerosos derechos. También señaló que tales actos constituían una afrenta a la conciencia del hemisferio y un crimen de lesa humanidad.
La investigación estableció que la CNI creó o utilizó un grupo presentado como subversivo para después perseguirlo. El abogado querellante Cristián Cruz comparó el mecanismo con los falsos positivos de Colombia, donde jóvenes campesinos fueron asesinados por militares para hacerlos pasar por guerrilleros.
“Los organismos de seguridad crearon a un grupo. Esto me recuerda a la situación de los falsos positivos en Colombia, donde jóvenes campesinos son asesinados por los militares para hacerlos pasar por guerrilleros. Aquí ni eso, no es que se encontraron con unos jóvenes y los hicieron pasar por subversivos, sino que ellos crean este grupo para tener, entre comillas, un grupo subversivo al cual perseguir”.
La investigación sobre la responsabilidad de la CNI
La Central Nacional de Informaciones fue creada el 13 de agosto de 1977 mediante el Decreto Ley número 1878. Su estructura, atribuciones y facultades eran similares a las de su antecesora, la DINA, y dependía del Ministerio del Interior.
La organización era militarizada y contaba con personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y civiles. También estaba dotada de medios propios y recintos de detención, bajo la autoridad de un director general.
En la Región Metropolitana, la División Antisubversiva estaba instalada en el Cuartel República, ubicado en la calle Grajales. Dependía del Departamento de Inteligencia de la CNI y organizaba grupos operativos encargados de establecer directrices, objetivos y prioridades de trabajo.
Las actividades en terreno eran desarrolladas por agrupaciones o equipos integrados por miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y civiles.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, valoró la labor del juez Carroza y consideró el procesamiento una buena señal en un contexto marcado por los llamados pactos de silencio.
Lira recordó que sectores de las Fuerzas Armadas mantenían una negativa a entregar la nómina de funcionarios activos que habían formado parte de la CNI. También sostuvo que los procesos debían continuar porque era inaceptable que persistiera la impunidad.
La condena y la reparación civil
En el aspecto civil, el tribunal confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de 100 millones de pesos por concepto de daño moral a dos hermanos y una prima de la víctima Iván Palacios Guarda.
La decisión penal fue adoptada con el voto en contra del ministro Crisosto Greisse, quien estuvo por confirmar la condena de Humberto Leiva Gutiérrez a 15 años y un día de presidio como autor de los delitos.
En el aspecto civil, el abogado integrante Benítez Urrutia estuvo por revocar la sentencia y rechazar la demanda, por considerar prescrita la acción indemnizatoria.
El caso en la memoria histórica de Chile
La dictadura de Augusto Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los cuales 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 personas y aún faltaba encontrar a otras 1.162, según las cifras oficiales citadas en el proceso.
El principal obstáculo para avanzar en esa búsqueda ha sido la nula colaboración de los militares en las causas judiciales y la ausencia de una política estatal. En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet.
El caso de Iván Palacios y Eric Rodríguez mostró cómo una operación de infiltración, reclutamiento y entrega de información fue utilizada para preparar una emboscada y presentar el asesinato de dos jóvenes como un enfrentamiento legítimo.
La historia fue contada en el libro “La Trampa. Historia de una infiltración”, de Víctor Cofré, que da cuenta de la infiltración de un miembro de los servicios de seguridad del régimen militar en un supuesto apéndice miliciano del MIR llamado La Resistencia.
Sus integrantes, una veintena de jóvenes, en su gran mayoría menores de edad, cayeron en la trampa del autodenominado “comandante Miguel”, su jefe de célula. Iván Palacios y Eric Rodríguez fueron asesinados en una “ratonera” que la CNI les tenía preparada.
